PRONUNCIAMIENTO
Ante los consecutivos hechos de violencia, amenaza y
acoso político
Durante las últimas semanas los medios de comunicación
han informado sobre acontecimientos de violencia e incluso asesinato con
móviles políticos. La dimensión de los hechos recientes ha impactado en la
opinión pública pero – lamentablemente – esta no es una situación nueva. En
diversas localidades del país se han producido durante los últimos años hechos
de violencia, amenaza y acoso político que afectan la vida, la salud, la
integridad física y las libertades y derechos de autoridades, dirigentes
políticos y líderes de opinión, los cuales contravienen las condiciones más
elementales para la paz social en democracia. Nuestras instituciones, que
siempre preservan la vida en democracia, no se pueden mantener ajenas a esta
situación y rechazan tajantemente estos hechos.
Destacamos la encomiable labor de los medios de
comunicación en revelar a la opinión pública los acontecimientos antes
mencionados y somos conscientes que en el contexto del actual proceso electoral
regional y municipal estos repudiables hechos podrían incrementarse, alterando
la tranquilidad y seguridad pública que todos los ciudadanos y ciudadanas
requieren para ejercer sus derechos políticos y participar libre y activamente
en la deliberación pública, expresión y difusión de ideas y posiciones
políticas, adhesión o respaldo a una organización política, entre otras formas
de manifestación política espontánea que fluye del proceso electoral.
En esta misma dirección, nos preocupan los riesgos de
penetración del crimen organizado – narcotráfico, sicariato, extorsión- dentro
del mencionado escenario político electoral y, con ello, el impacto en la vida
de las personas, así como en las instituciones democráticas, en la libre
elección de autoridades, así como en las condiciones para que las
organizaciones políticas compitan por el voto ciudadano.
Esta situación requiere de acciones efectivas y
coordinadas por parte de las instituciones del Estado como el Jurado Nacional
de Elecciones (JNE) y la
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para, en
alianza con las instituciones responsables de la protección de los derechos y
la seguridad de las personas y de la administración de justicia, así como de
las organizaciones políticas y de la sociedad civil, y medios de comunicación,
podamos hacer frente a esta nueva forma de violencia política que hoy amenaza
nuestra democracia.
La democracia prohíbe el uso de la violencia en todas
su formas como un medio para imponer ideas, contrarrestrar opositores, zanjar
debates, impedir la vigilancia ciudadana, favorecer la corrupción, ganar
elecciones o evitar el ejercicio de los derechos políticos de control y
participación en condiciones de igualdad por parte de las ciudadanas y
ciudadanos.
Las peruanas y peruanos hemos
dado muestras de nuestra capacidad para vencer a la violencia y anteponer los
objetivos comunes por encima de cualquier interés particular. Y esta
circunstancia que vivimos hoy requiere que estemos unidos para rechazar y hacer
frente esta situación que amenaza con erosionar nuestra vida en democracia.
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