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viernes, 11 de abril de 2014

Explosión de bandas criminales



El asesinato de un precandidato a las elecciones regionales de Áncash necesariamente tiene un significado político. No será la primera vez que un crimen parecido, con sicarios y personajes de mala reputación que rondan el poder, defina una elección en tiempos recientes. La banda criminal como aparato multiusos está llegando a todas partes.
El comentario de monseñor Luis Bambarén en el sentido de que nueve personas que denunciaron corrupción en el gobierno regional de Áncash terminaron asesinadas es elocuente. La clásica pregunta acerca de a quién beneficia un crimen cometido en estos casos tiene una evidente pertinencia. Bambarén menciona una investigación que debería difundirse.
El inicio de la desarticulación de la llamada Gran Familia en Trujillo hace más de un año permitió una primera mirada pública al interior de estos conglomerados criminales. Desde entonces se ha aprendido más acerca de sus organigramas, su personal, sus modi operandi. Pero la ley y el orden se han distraído, y la lucha promete ser larga.

La banda criminal de estos tiempos incluye empresarios, políticos, jueces, policías y hampones de la calle. Está articulada en torno de un conjunto de negocios permanentes en expansión, en el cual se combinan actividades legales e ilegales. Como suele suceder en estos casos, es un sistema de lealtades impuestas por la conveniencia o la fuerza.

Como lo muestran el cine y la TV, no hay nada novedoso en esto. La parte nueva es la velocidad a la que el fenómeno viene avanzando en el país, y la intensidad con que se está vinculando a la política y a las instituciones locales de tantos lugares. Evidentemente el modelo funciona, produciendo poder, ganancias e impunidad para sus protagonistas.

A estas alturas la lista de políticos que se han declarado inocentes de crímenes que a todas luces los benefician es tan larga que daría risa, si no produjera indignación. La confianza de las bandas en el trabajo de policías y jueces corruptos de su circunscripción es total, y en la mayoría de los casos merecida. El efecto de demostración es fatal para el imperio de la ley.

Es sintomático que para desarticular a la banda trujillana haya sido necesario importar por sorpresa un contingente policial completo desde Lima. Pues este es uno de esos casos en que la descentralización decididamente ha empeorado las cosas, inclinando la balanza a favor de algunos de los peores enemigos de la región afectada.

Por momentos la banda criminal de estos tiempos parece una coalición de todos los decididos a aprovechar la crisis de partidos políticos que afecta al país. Empresarios con sus propios políticos, políticos con su propia policía y justicia, jueces y policías con sus propias reglas. Todo al margen de la Constitución y las leyes del Perú.

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