SIETE DIAS CASMA

   AMPLIACIÓN. Pedido de detención para Álvarez alcanza también a periodistas ‘comando’

Todos están denunciados por el caso "La Centralita".

Este mediodía, el procurador nacional anticorrupción Cristian Salas Beteta solicitó la detención preliminar inmediata del presidente del Gobierno Regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, por el caso “La Centralita”.

Este requerimiento también va contra del ex trabajador de “La Centralita” Juan Carlos Barrios Ávalos; del asesor de imagen de Álvarez, Jorge Burgos Guanilo; y de los periodistas ‘comando’ Nelson Vásquez Baca, Sandor Renilla Horna, Jhony Espinoza Linares y Rosy Olivares de la Cruz, también implicados en este caso.

Salas, en conferencia de prensa, informó que el pedido lo ingresó unos minutos antes de conversar con la prensa, ante la Fiscalía Anticorrupción del Distrito Fiscal del Santa, a la que solicitó tramite de inmediato esta solicitud ante el juez de investigación preparatoria de la Corte del Santa, a efectos de que mañana mismo se vea el pedido de detención.

El procurador explicó que existen argumentos suficientes para  pedir que estas personas sean inmediatamente detenidas, puesto que se cumple los tres requisitos para ordenar su detención. “Primero, ¿existen elementos de convicción suficientes, pruebas suficientes a cerca de la comisión de un delito?, sí. Segundo, ¿la pena a imponérseles en una futura sentencia supera los 4 años?, sí. ¿Existe peligro de que estas personas obstaculicen o fuguen?, sí”, alegó Salas.

“Nos hemos dado con la sorpresa alarmante de que hay información que no ha sido valorada”, dijo el procurador al comentar el caso “La Centralita”, uno de los tres casos emblemáticos analizados por un equipo de expertos de la Procuraduría Nacional Anticorrupción, instalados desde el lunes en Chimbote.

También comentó que hoy, como primicia, se habla de una segunda “Centralita”, cuando toda esa información desde hace tiempo está en el Ministerio Público y no se hizo nada para investigarlo.

Salas Beteta consideró que aquellos fiscales que están implicados dolosamente en actos de corrupción serán denunciados.

Recordó que los denunciados tendrán derecho a la defensa y pidió a la Unidad de Atención y protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía que asigne códigos a los denunciantes, porque “existe el grave y fundado riesgo de que puedan atentar contra ellas”, lo que no es una sorpresa en Áncash. (CF/M – RSD Noticias).