JNE y ONPE: Crimen organizado podría penetrar en la política
Organismos electorales creen que violencia podría incrementarse debido a los comicios municipales y regionales de octubre
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitieron un comunicado conjunto para expresar su preocupación por las recientes denuncias de violencia y criminalidad con móviles políticos,
escenario que –temen estos organismos– podrían incrementarse a
propósito de las elecciones regionales y municipales de octubre próximo.
“Esta no es una situación nueva. En diversas localidades del país se han producido durante los últimos años hechos de violencia, amenaza y acoso político que afectan la vida, la salud, la integridad física y las libertades y derechos de autoridades, dirigentes políticos y líderes de opinión”, sostiene el comunicado, en el cual se destaca que los medios de comunicación revelen a la opinión pública los actos de violencia con móviles políticos.
Las últimas semanas los medios de comunicación han venido revelando los actos de violencia y corrupción presuntamente promovidos por el presidente del gobierno regional de Áncash, César Álvarez. Las denuncias se incrementaron cuando el ex consejero regional Ezequiel Nolasco fue asesinado.
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“Somos conscientes que en el contexto del actual proceso electoral regional y municipal estos repudiables hechos podrían incrementarse”, advierten el JNE y la ONPE. “En esta misma dirección, nos preocupan los riesgos de penetración del crimen organizado –narcotráfico, sicariato, extorsión– dentro del mencionado escenario político electoral”, añaden.
En el comunicado se considera necesario tomar acciones efectivas y coordinadas entre los organismos electorales, Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, medios de comunicación, así como organizaciones políticas y de la sociedad civil.
“La democracia prohíbe el uso de la violencia en todas su formas como un medio para imponer ideas, contrarrestrar opositores, zanjar debates, impedir la vigilancia ciudadana, favorecer la corrupción, ganar elecciones o evitar el ejercicio de los derechos políticos de control y participación en condiciones de igualdad”, sentencian el JNE y la ONPE.
“Esta no es una situación nueva. En diversas localidades del país se han producido durante los últimos años hechos de violencia, amenaza y acoso político que afectan la vida, la salud, la integridad física y las libertades y derechos de autoridades, dirigentes políticos y líderes de opinión”, sostiene el comunicado, en el cual se destaca que los medios de comunicación revelen a la opinión pública los actos de violencia con móviles políticos.
Las últimas semanas los medios de comunicación han venido revelando los actos de violencia y corrupción presuntamente promovidos por el presidente del gobierno regional de Áncash, César Álvarez. Las denuncias se incrementaron cuando el ex consejero regional Ezequiel Nolasco fue asesinado.
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“Somos conscientes que en el contexto del actual proceso electoral regional y municipal estos repudiables hechos podrían incrementarse”, advierten el JNE y la ONPE. “En esta misma dirección, nos preocupan los riesgos de penetración del crimen organizado –narcotráfico, sicariato, extorsión– dentro del mencionado escenario político electoral”, añaden.
En el comunicado se considera necesario tomar acciones efectivas y coordinadas entre los organismos electorales, Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, medios de comunicación, así como organizaciones políticas y de la sociedad civil.
“La democracia prohíbe el uso de la violencia en todas su formas como un medio para imponer ideas, contrarrestrar opositores, zanjar debates, impedir la vigilancia ciudadana, favorecer la corrupción, ganar elecciones o evitar el ejercicio de los derechos políticos de control y participación en condiciones de igualdad”, sentencian el JNE y la ONPE.
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