Contra el crimen en la política
Crucial toma de posición del JNE y de la ONPE
Es absolutamente acertado el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en el que expresan su preocupación por la presencia del crimen organizado con móviles políticos, alertando que este escenario podría acrecentarse en el actual proceso electoral.
Los dos organismos del sistema electoral han hablado con claridad y convendría escucharlos. Señalan “… nos preocupan los riesgos de penetración del crimen organizado –narcotráfico, sicariato, extorsión– dentro del mencionado escenario político electoral y, con ello, el impacto en la vida de las personas, así como en las instituciones democráticas, en la libre elección de autoridades, así como en las condiciones para que las organizaciones políticas compitan por el voto ciudadano”.
El JNE y la ONPE colocan de ese modo un tema para el debate y para la decisión. Es lamentable que los primeros en plantear esta alerta no hayan sido los más obligados a hacerlo, es decir, los encargados de perseguir el delito y juzgarlos. Como señalan el JNE y la ONPE, esta no es una situación nueva; al contrario, en varias regiones del país desde hace tiempo se suceden expresiones de acoso político contra autoridades o de estas contra sus opositores, amenazas y extorsiones, así como operaciones de difamación montadas con dinero de los contribuyentes.
En una progresión de esta tendencia se ha llegado al asesinato de autoridades, candidatos y críticos de alcaldes y de presidentes regionales. Estos actos extremos no esconden otras manifestaciones inherentes al crimen organizado, especialmente el financiamiento ilegal de campañas electorales.
Las regiones de Amazonas, Tumbes, Cajamarca, Loreto, Áncash, La Libertad, Huánuco y Ayacucho exhiben de modo más abierto estos fenómenos. Son, coincidentemente, las regiones donde buena parte de sus autoridades tienen un déficit de legitimidad más acentuado, donde se enfrentan una mayor cantidad de procesos judiciales contra los funcionarios públicos, y donde se registra más actividad del narcotráfico y el delito común. Lo que se temía se ha producido, una estrecha relación entre el crimen y la política.
Este escenario se ha visto favorecido por reglas electorales que el Congreso se niega a cambiar. El dinero ilegal ingresa a la política por la puerta del financiamiento privado de las campañas con escasos control y que, a pesar del reclamo de la ONPE, no ha motivado la aprobación de medidas de fiscalización vinculante de los gastos de los partidos y movimientos. El voto preferencial, la excesiva flexibilidad de los procesos de selección interna de candidatos y la irrupción de postulantes invitados que postergan a los militantes de los partidos han encarecido las campañas y generado una oferta de dinero no siempre legal.
Estos problemas tienen un corto y mediano plazo pero deben ser encarados desde ahora, considerando las elecciones regionales y municipales de octubre de este año. Para abordar el tema, el JNE y la ONPE reclaman una acción colectiva, efectiva y coordinada, una alianza de las instituciones responsables de la protección de los derechos y la seguridad de las personas y de la administración de justicia, así como de las organizaciones políticas y de la sociedad civil, y medios de comunicación. Esperemos que esta alerta y las propuestas no caigan como otras en saco roto y esta vez motive una toma de posición y de eficaz acción.
EDITORIAL DEL DIARIO LA REPUBLICA 24-04-2014
Es absolutamente acertado el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en el que expresan su preocupación por la presencia del crimen organizado con móviles políticos, alertando que este escenario podría acrecentarse en el actual proceso electoral.
Los dos organismos del sistema electoral han hablado con claridad y convendría escucharlos. Señalan “… nos preocupan los riesgos de penetración del crimen organizado –narcotráfico, sicariato, extorsión– dentro del mencionado escenario político electoral y, con ello, el impacto en la vida de las personas, así como en las instituciones democráticas, en la libre elección de autoridades, así como en las condiciones para que las organizaciones políticas compitan por el voto ciudadano”.
El JNE y la ONPE colocan de ese modo un tema para el debate y para la decisión. Es lamentable que los primeros en plantear esta alerta no hayan sido los más obligados a hacerlo, es decir, los encargados de perseguir el delito y juzgarlos. Como señalan el JNE y la ONPE, esta no es una situación nueva; al contrario, en varias regiones del país desde hace tiempo se suceden expresiones de acoso político contra autoridades o de estas contra sus opositores, amenazas y extorsiones, así como operaciones de difamación montadas con dinero de los contribuyentes.
En una progresión de esta tendencia se ha llegado al asesinato de autoridades, candidatos y críticos de alcaldes y de presidentes regionales. Estos actos extremos no esconden otras manifestaciones inherentes al crimen organizado, especialmente el financiamiento ilegal de campañas electorales.
Las regiones de Amazonas, Tumbes, Cajamarca, Loreto, Áncash, La Libertad, Huánuco y Ayacucho exhiben de modo más abierto estos fenómenos. Son, coincidentemente, las regiones donde buena parte de sus autoridades tienen un déficit de legitimidad más acentuado, donde se enfrentan una mayor cantidad de procesos judiciales contra los funcionarios públicos, y donde se registra más actividad del narcotráfico y el delito común. Lo que se temía se ha producido, una estrecha relación entre el crimen y la política.
Este escenario se ha visto favorecido por reglas electorales que el Congreso se niega a cambiar. El dinero ilegal ingresa a la política por la puerta del financiamiento privado de las campañas con escasos control y que, a pesar del reclamo de la ONPE, no ha motivado la aprobación de medidas de fiscalización vinculante de los gastos de los partidos y movimientos. El voto preferencial, la excesiva flexibilidad de los procesos de selección interna de candidatos y la irrupción de postulantes invitados que postergan a los militantes de los partidos han encarecido las campañas y generado una oferta de dinero no siempre legal.
Estos problemas tienen un corto y mediano plazo pero deben ser encarados desde ahora, considerando las elecciones regionales y municipales de octubre de este año. Para abordar el tema, el JNE y la ONPE reclaman una acción colectiva, efectiva y coordinada, una alianza de las instituciones responsables de la protección de los derechos y la seguridad de las personas y de la administración de justicia, así como de las organizaciones políticas y de la sociedad civil, y medios de comunicación. Esperemos que esta alerta y las propuestas no caigan como otras en saco roto y esta vez motive una toma de posición y de eficaz acción.
EDITORIAL DEL DIARIO LA REPUBLICA 24-04-2014
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