El principal cuestionamiento que pesa sobre Benítez es su participación
durante el allanamiento de ‘La Centralita’ de Chimbote, el 13 de julio
del 2011.
Aquel día, el parlamentario, informado de que iban a intervenir el
inmueble, se presentó en el despacho del presidente de la Junta de
Fiscales del Santa (Áncash), Hugo Farro Murillo, a fin de manifestarle
su preocupación por el hecho.
En declaraciones a El Comercio, el ex fiscal
anticorrupción César Jiménez, quien lideró el equipo que allanó ‘La
Centralita’, supuesto edificio donde César Álvarez realizaba actos de
corrupción y de espionaje contra sus opositores, afirmó que Benítez en
esa reunión se quejó de la operación de los fiscales. “Básicamente se quejaba por los motivos que tenía la fiscalía anticorrupción para realizar el allanamiento”, manifestó.
Jiménez contó que decidió hacer la intervención luego de recibir
diferentes denuncias que relacionaban ‘La Centralita’, un edificio de
tres pisos, con hechos de corrupción. Sin embargo, manifestó: “Benítez
se empecinó en obstaculizar el cumplimiento de nuestra labor”.
‘La Centralita’. Luego de allanar este inmueble, cuatro fi scales fueron destituidos de sus cargos.
¿Cuál es el interés del congresista en el referido inmueble? Según
dijo Benítez, él alquilaba un departamento en el tercer piso en esa
dirección. Sin embargo, su relación con ‘La Centralita’ pareciera ir más
allá.
Según su documento nacional de identidad, la casa del congresista de
Solidaridad Nacional es Los Pinos 600, La Caleta, Chimbote. El mismo lugar del cuestionado edificio.
IRREGULAR INVESTIGACIÓN
Dos días después de allanada ‘La Centralita, el congresista se acercó al despacho del fiscal supremo Carlos Ramos Heredia para denunciar un supuesto abuso de autoridad de los magistrados que intervinieron su domicilio.
Ello derivó en un pedido de investigación de Ramos Heredia contra el
equipo liderado por Jiménez, el cual está ahora en el despacho del
fiscal de la Nación, José Peláez Bardales.
Los cuatro fiscales que allanaron ‘La Centralita’ fueron despedidos
del Ministerio Público cinco días después de ingresar en el inmueble.
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