miércoles, 19 de junio de 2013
PARAÍSOS FISCALES/
Alfredo Stecher
Me he adherido a una campaña de la plataforma mundial de
acción ciudadana Avaaz contra la evasión de impuestos de parte de grandes empresas
multinacionales a través de paraísos fiscales, evasión que estiman en un billón
de dólares anuales - más que el gasto mundial anual en armamento, mayor que el
presupuesto anual de 176 países. Señalan que este dinero, repartido
igualitariamente (lo que no es la idea), equivale a mil dólares por familia en
el mundo. Como ejemplo ponen a Google, que sobre 78 mil millones de ganancias
al año prácticamente no paga impuestos.
A esta evasión se suman por supuesto los miles de millones
de dólares eludidos en cada país por empresas de todo tamaño, también en los
nuestros, a través de trucos contables o vacíos en la legislación, todos
perfectamente legales o en el margen de la legalidad, y los muchos millones
evadidos por fraude o por la informalidad de empresas en capacidad económica de
tributar, así como por el blanqueo de capitales fruto de actividades delictivas.
Tampoco en este tema todo es blanco o negro, delincuencial o
impoluto; hay como siempre una amplia gama de grises: No es lo mismo transferir
dinero por canales moralmente ilícitos aunque legales, que sacarlo a
hurtadillas en maletas o bolsos para no dejar huella; no es lo mismo hacerlo en
un país con estabilidad económica y garantías democráticas y judiciales que en
uno con políticas caóticas o cautivas de fuerzas muy corruptas o gansteriles.
No es lo mismo expatriar ilegalmente superganancias que poner a salvo
ilegalmente de la inestabilidad una pequeña herencia o ahorros personales. La
campaña va dirigida contra las malas artes tributarias de muchos gigantes.
En Chile la creciente eficiencia y al parecer probidad de
las autoridades tributarias, apoyadas por un sistema judicial bastante autónomo
y recto, ha llevado a casi eliminar el fraude tributario de gran escala, a destapar
algunos fraudes y a aumentar la presión política y mediática para mejorar la
legislación tributaria. Además crecen las demandas políticas desde la
oposición, de una reforma tributaria al parecer realmente necesaria para una
mayor equidad y para aumentar aún más los ingresos estatales para financiar
reformas, en especial de la educación.
Anoto que el ministro estrella del gobierno de Piñera, el
independiente Laurence Golborne – el del rescate de los mineros -, tuvo que
renunciar a su fugaz precandidatura presidencial por la UDI (de la alianza
gubernamental), no solo por un fallo adverso del Tribunal Constitucional sobre
prácticas de renovación unilateral de contratos de tarjetas de Cencosud (la
propietaria de tiendas Wong), cuando él era gerente general, en su momento avaladas
por la Superintendencia de Bancos, pero consideradas ex post abusivas y anticonstitucionales,
sino también por tener dinero en un paraíso fiscal, Islas Vírgenes. Al insistir
Golborne en que ambas cosas eran legales, lo que es cierto (el Tribunal no
impuso sanción sino solo ordenó devolución de los millones de dólares
recibidos), y no reconocer que eran inaceptables, y al afirmar candorosamente
que en Cencosud solo seguía las instrucciones de la empresa, se cerró por un
tiempo tanto las puertas de la política como las del mundo de la gran empresa.
Atinadamente descartó el premio consuelo de la UDI de ser candidato a senador y
del Gobierno de ser nombrado embajador. La fecha de la decisión del Tribunal,
días antes del límite para la inscripción de candidatos a primarias,
probablemente ha sido inducida por la UDI, enterada informalmente de cuál sería
el resultado y ya antes desencantada del discreto desempeño del Golborne
candidato.
La crisis económica ha contribuido a movilizar iniciativas
gubernamentales en gran parte del mundo, en particular la Unión Europea, el G20
y la OCDE, con al parecer los gobiernos de EEUU y Canadá los más reticentes a
actuar. La presión hacia esas iniciativas proviene no solo de las mayores
necesidades presupuestales de los gobiernos y de los políticos y medios de
comunicación más serios, sino seguramente también de las grandes empresas y
fortunas que sí tributan todo o gran parte de lo que corresponde y sufren una competencia
desleal.
El Foro de Administraciones Tributarias (45 países) de la
OCDE (que agrupa a 27 países más desarrollados), enumera 38 paraísos fiscales, algunos
de ellos pequeños países europeos como Andorra, Liechtenstein, Malta, Mónaco,
San Marino, Chipre (ahora suena a broma), el Vaticano (todavía no suena a
broma), además de tres pequeñas islas de Gran Bretaña, o islas del Caribe o del
Océano Pacífico, independientes o dependientes principalmente de Gran Bretaña,
más unos pocos de Asia y África, y, según el gobierno francés, también países
como Suiza, Austria, Luxemburgo, Costa Rica, Panamá y Guatemala. Menudo
problema.
Lo de Suiza en realidad no es tan extraño, no solo por su
larga tradición de bancos conocidos, también en películas, por su política de
no preguntar y su celoso secreto, sino más recientemente por la revelación, por
uno de los empleados del HSBC en Suiza, de una lista de 130000 clientes, lo que
ha posibilitado a España detectar a grandes evasores de impuestos, a tal punto
que, estando él refugiado en España, ha denegado la extradición pedida por la
justicia suiza con el argumento de violación del secreto bancario.
Supongo que la capacidad de hackeo de parte de individuos –
hasta desde una pequeña furgoneta, para evitar detección – y de parte de gobiernos,
como lo acaba de evidenciar el ex agente prófugo de la CIA, aumentan el riesgo
de los evasores (y de los bancos) de ser detectados en sus paraísos así como de
desprestigio de las autoridades financieras por no actuar más enérgicamente
contra ellos.
Me pregunto qué pasaría en la economía mundial si
efectivamente se lograra evitar, al menos en una parte significativa, la
inmensa evasión tributaria a través de estos paraísos fiscales. Supongo que eso
lo están calculando en los países proponentes y en los que rechazan afectarlos.
Imagino que los paraísos fiscales perderían parte de sus ingresos por menor
pago de licencias y por el impacto en el empleo y el turismo de negocios
turbios o semiturbios, y que aumentarían los ingresos gubernamentales de los
países originarios de los impuestos evadidos – y con ello su economía, y muchas
grandes empresas tendrían que achicar un poco sus presupuestos de inversión.
Disminuiría probablemente el monto distribuido por acciones, aunque seguramente
no las casi siempre generosísimas retribuciones a los CEOs por su abnegada
labor, y quizá, por ejemplo, demoraría un poco más la aparición de nuevos
modelos y tipos de dispositivos electrónicos en el mercado. Y, lo que sí es muy
significativo, disminuirían las inversiones en derivados financieros
misteriosos y tóxicos tan importantes en el desencadenamiento de la gran crisis
económica actual.
¡Oportunidades que genera o refuerza la crisis!
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