El
procurador público anticorrupción del Santa, Richard Asmat Urcia,
confirmó ayer que tanto la ex alcaldesa Victoria Espinoza García como su
esposo, hija y yerno, quienes son procesados por el presunto delito de
enriquecimiento ilícito; se presentaron a declarar oportunamente a las
citaciones que fueron convocadas y de acuerdo a los documentos que han
ingresado como parte de su defensa, continuará el proceso de
investigación
Asmat Urcia se abstuvo
de precisar y comentar que tipo de documentos han presentado los
investigados, por ser parte de la reserva del proceso, sin embargo,
estimó que todos los documentos de defensa serán revisados y evaluados
por el representante de la Fiscalía Anticorrupción quien es el que
encabeza y tiene a su cargo todas las diligencias del caso.
“Bueno,
nosotros hemos participado en las respectivas diligencias y puedo
confirmar que efectivamente tanto la ex -alcaldesa Victoria Espinoza
como el padre de su menor hija, Wilmer Agapito Vásquez, su hija Olga
Lisett Hoyos Espinoza y su yerno Fernando Ronaldo Gonzales Vásquez se
presentaron a rendir su declaración y llevaron consigo una serie de
documentos como parte de su defensa” anotó.
“En
nuestro caso, nos hemos ratificado en la denuncia, hemos pedido que se
reitere el pedido a los diversos organismos para que envien información
en torno a los bienes y propiedades de los investigados y se continúe
con el proceso de investigación de manera prolija y siguiendo el debido
proceso” añadió el procurador público anticorrupción.
Richard
Asmat Urcia sostuvo que inicialmente hay un plazo de 120 días para
desarrollar todas las diligencias en este proceso, sin embargo, si se
advirtiera cierta complejidad en la obtenciónde pruebas y la
programación de una serie de diligencias, como por ejemplo, la presencia
en nuestra ciudad de los peritos que elaboraron el informe financiero
de los ingresos e ingresos de los investigados; este plazo podría
ampliarse hasta ocho meses.
Finalmente,
Richard Asmat dijo que en las últimas semanas se han incrementado las
denuncias por lavado de activos y enriquecimiento ilícito en contra de
una serie de funcionarios públicos, los mismos que actualmente están en
la fase de evaluación preliminar.
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