Alberto Otárola asumió, no recibió, la presidencia de Devida, la autoridad antidrogas, en la tarde del miércoles 28 de mayo. Normalmente la autoridad saliente entrega el cargo a la entrante, que la recibe en una rápida transición protocolar.
Pero en este caso, la renunciada ex presidenta Carmen Masías, decidió dejar el cargo sin entregarlo a su sucesor.
Enojada por la forma en que el gobierno, a través del premier René Cornejo, le pidió la renuncia, Masías, después de una corta conversación se levantó en la sala en que tuvo lugar la reunión con Cornejo y se marchó sin despedirse del premier, según fuentes vinculadas con la PCM. Esto sucedió el martes 27 por la noche y explica porqué Otárola no tuvo cambio de mando.
Devida es una institución interesante, cuya función ha dependido en gran medida de quién la ha dirigido y de sus principales fuentes de financiamiento.
Se supone que lucha contra las sustancias que provocan adicciones destructivas, pero su local está casi literalmente montado sobre un vistoso casino cuyas chillonas luces de neón parecen un señuelo para la ludopatía.
Nadie es responsable por sus vecinos incómodos. Pero esa vecindad trajo sin duda recuerdos profesionales al nuevo jefe de Devida. Sobre los que habló con IDL-Reporteros en una entrevista el pasado lunes 9.
Antes de convertirse en funcionario público, en 2011, Alberto Otárola fue un abogado que, entre otras causas, defendió a varias compañías dedicadas al negocio de tragamonedas. Su cliente en ese ramo fue Félix Rosenberg, un empresario cuya trayectoria ha estado vinculada con varias controversias.
Otárola participó en la defensa de cuatro compañías de Rosenberg, en un largo proceso judicial para mantener la vigencia de una acción de amparo iniciada en un juzgado de Andahuaylas en 2001. Por increíble que parezca, ese amparo continúa vigente hasta hoy –gracias, entre otras cosas, al grupo de magistrados que acaba de salir del Tribunal Constitucional–.
“Con Rosenberg tenemos [sic] una relación de amistad”, dijo Otárola en la entrevista con IDL-R. Lo conoció, dijo, cuando aquel lo vio “interviniendo en un programa de televisión y fue al estudio a contratarme. Me hizo una consulta sobre una ley que era absolutamente monopólica”. En otra entrevista previa con IDL-R, el propio Rosenberg dio la misma versión.
Félix Rosenberg, presidente de Consorcio Carolina. (Foto: IDL-Reporteros)
La ley “absolutamente monopólica” a la que se refiere Otárola es la 27153 promulgada en 1999 por gobierno de Fujimori en su insospechado último año de existencia.
Rosenberg, que se especializa en el negocio de tragamonedas en sectores populares, buscó oponer todos los medios legales posibles contra esa ley.
Tras la caída del fujimorato, Rosenberg presentó una acción de amparo en un juzgado mixto de Andahuaylas a través de cuatro compañías constituidas en junio de 2001, cuya matriz era una offshore panameña llamada South Marine Overseas, con un manejador y dueño real: Rosenberg.
"Antes de convertirse
en funcionario público, en 2011, Alberto Otárola fue un abogado que,
entre otras causas, defendió a varias compañías dedicadas al negocio de
tragamonedas".
Las cuatro compañías – Recreativos Fargo SAC, Zlata Actividades
Recreaciones SAC, Balshem Gaming SAC y Cathay Entretenimientos SAC–
obtuvieron el amparo andahuaylino y quedaron expeditas desde entonces
para operar en todo el territorio nacional, al margen de los controles
del Estado y sin pagar impuestos.Hubo una proliferación viral de amparos y hacia fines de 2006, más del 95 por ciento de empresas de casinos y tragamonedas operaban en la informalidad. De las 950 salas de casinos y tragamonedas que existían en el Perú entonces, según registros del Mincetur, solo 36 eran formales.
De esa timba desatada, la Sunat solo pudo recaudar ese año, 2006, 19 millones de dólares.
El 2007, el TC ordenó al Poder Judicial declarar nulas las acciones de amparo concedidas a las compañías de juegos de azar. Ese mismo año, el ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) inició las acciones de formalización.
Ahora, según Manuel San Román, jefe de la Dirección de Casinos y Tragamonedas del Mincetur, el cien por ciento de los casinos o tragamonedas está formalizado.
Manuel San Román, jefe de la Dirección de Casinos y Tragamonedas del Mincetur. (Foto: Mincetur)
Bueno, casi. Porque las cuatro compañías que obtuvieron el amparo el 2001, siguen protegidos por este, gracias a decisiones por lo menos contradictorias del TC. Sin embargo, tanto San Román como Rosenberg aseguran que las cuatro compañías están ahora inactivas, por lo menos en cuanto a tragamonedas se refiere.
¿Cuál fue el papel de Alberto Otárola en esta historia?
“No he sido el abogado del proceso, pero sí hice un informe oral el 23 de octubre de 2009 ante una sala de Andahuaylas. Esa fue mi intervención y quizá con un informe escrito”, dijo Otárola.
Alberto Otárola también fue apoderado especial de la off shore panameña South and North of Denver INC, que controla Rosenberg.
Según registros públicos, los poderes de Otárola siguen vigentes. Este, sin embargo, afirmó a IDL-R que los poderes fueron revocados antes de ser funcionario público de este gobierno y que probablemente la compañía se olvidó de actualizar su información en registros públicos.
Según Otárola, San Román, del Mincetur, y Rosenberg, el hecho que las cuatro empresas todavía protegidas por el amparo de Andahuaylas estén inactivas en cuanto a la explotación de juegos de azar, hace que la permanencia del amparo de marras sea inocua.
Pero el procurador de la Sunat, José Escalante, piensa diferente.
En entrevista con IDL-Reporteros, indicó que con el amparo, las cuatro compañías “están fuera del alcance de la norma. (…) Cuando tengo un amparo vigente, ese amparo me cubre de cualquier acción de la administración. Están fuera del alcance de los impuestos. Tienen 14 años exentos de tributación con la sentencia de Andahuaylas”.
José Escalante, procurador de la Sunat. (Foto: Sunat)
Escalante sostiene que “lo que podría pasar es que otras empresas de máquinas y de juegos de casinos y tragamonedas cuando conozcan ese resultado adverso que ha habido para el Mincetur en el TC eventualmente podrían asociarse para absorber a estas empresas que están exentas del impuesto”.
¿Cuánto ha dejado de recaudar la Sunat por estas compañías?, preguntó IDL-R. “No tenemos la cifras porque con la acción de amparo están fuera del campo de la recaudación del impuesto. Obviamente para la Sunat son como una isla que no está sujeta a recaudación”, indicó el funcionario de la Sunat.
Pero Manuel San Román, del Mincetur, considera que la situación no es tan grave. “No podrían alquilar las acciones de amparo. A raíz de la formalización las salas han cogido un valor en el mercado que no tenían antes. (…) Lo que podría estar pasando es que si ellos tienen una acción de amparo, es para que si mañana alguien le cambia la estabilidad jurídica que se tiene, ellos podrían esgrimir su acción de amparo. Algo querrán. ¿qué planteamiento tendrán? No lo sé”.
“Con un potencial riesgo, el Estado se está defendiendo y lo logrará, como he ganado todas”, agregó San Román. Menos esta.
Según Otárola, las compañías “no podrían ejercer la actividad. Porque las normas hoy día son bastante claras. Así el TC haya fallado a favor de ellos, no pueden ejercer la actividad”.
Sea como fuere, la Sunat interpuso hace poco una demanda de amparo
contra el juzgado civil de Andahuaylas para que este anule la resolución
judicial que concedió el amparo a las empresas. El caso no ha sido
todavía resuelto.
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