El informante
El caso del fiscal asesinado y el proveedor poderoso
Martes, 03 de junio de 2014 | 6:21 am
Ricardo Uceda.
Uno de los supuestos casos de remoción indebida de magistrados en Áncash que investigará el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) está relacionado con el asesinato del fiscal Luis Sánchez Colona. El entonces fiscal de la Nación, José Antonio Peláez, dejó sin efecto el nombramiento de Carmen Berrocal, quien llevaba el caso ante el Poder Judicial representando al Ministerio Público. El principal acusado, como autor intelectual, era el empresario Jack Castillo, un proveedor del Gobierno Regional dirigido por César Álvarez. Dio la casualidad de que el estudio jurídico que defendía a Jack Castillo era el de Mariano Peláez Bardales, hermano de la autoridad.
Berrocal era fiscal provisional, y la potestad para suspender su nombramiento la tiene solo el Fiscal de la Nación. No es necesario que este realice una expresión de causa para dejar sin efecto el nombramiento de un provisional. Sin embargo, claros indicios de que por lo menos ocho de estas decisiones se tomaron para favorecer al presidente regional de Áncash produjeron denuncias y, finalmente, una investigación ante el CNM. ¿Pero qué tendría que ver Jack Castillo con César Álvarez? Precisamente las recientes indagaciones a raíz del asesinato de Ezequiel Nolasco y de la resurrección del caso La Centralita —en el que fueron cambiados cuatro fiscales— han traído su nombre a colación. La Procuraduría Anticorrupción cree que forma parte de la red criminal de Álvarez. Lo considera su testaferro.
FISCAL ACRIBILLADO
Luis Sánchez Colona fue baleado cuando salía de la casa de su padre, en la calle Los Ficus de la urbanización Santa Rosa, en Nuevo Chimbote, a las seis y treinta de la mañana del 16 de abril del 2012. Tenía 30 años, estaba casado y su esposa esperaba un bebé. Ella, Karla Barrantes, declaró posteriormente en el proceso que Sánchez dormía ocasionalmente en la casa de sus padres. Es posible que los esposos estuvieran distanciados. De hecho una de las hipótesis del crimen es que hubo un móvil amoroso. Aunque el fiscal investigaba el asesinato del periodista Pedro Flores, cuya muerte fue encargada según la acusación del Ministerio Público por el alcalde de Comandante Noel, Marco Rivero, no existe una pista que conduzca a pensar que este caso tiene relación con lo que le ocurrió a Sánchez Colona. Salvo que el alcalde Rivero era amigo de Jack Castillo.
La policía estableció que el asesino del fiscal fue Danny Huamancóndor, un delincuente prontuariado. Siguió al fiscal cuando salió de la casa, sacó un arma de fuego de su cintura y le disparó seis balazos, cinco en la espalda y uno en la cabeza. Al escuchar los disparos, Luis Octavio Sánchez, su padre, salió de su vivienda y se cruzó con Huamancóndor, que huía. Hubo otro testigo presencial, Rusvel Jiménez. Ambos identificaron posteriormente al asesino, pero este jamás fue capturado.
Huamancóndor actuó con un cómplice, Ricardo Bracamonte. Habían estado presos juntos, en el penal de Cambio Puente. Una mujer llamó a la policía reportando que días antes del crimen dos hombres a los que mencionó por sus alias habían estado bebiendo y hablando de los preparativos. La policía estableció que eran Huamancóndor y Bracamonte. Bracamonte brindaba seguridad en las obras de construcción del empresario Jack Castillo. Pero esta no fue la principal razón por la que Castillo terminó relacionado con el crimen.
MENSAJE DIRECTO
El juez, inicialmente se negó a conceder la detención preliminar de Ricardo Bracamonte solicitada por Carmen Berrocal, de la Segunda Fiscalía Mixta de Nuevo Chimbote. Solo existía la versión de la mujer que dio parte de la conversación en el bar, reporte en el que además no mencionó nombres. Se refirió al Loco Danny y a Cachete. A Bracamonte nadie lo había visto en el lugar del crimen. Ante la policía negó conocer tanto a Huamancóndor como a Castillo, pero pronto salieron a la luz evidencias de que mentía.
También desde el primer momento la fiscal Berrocal solicitó la detención de Jack Castillo. Cuando fue acribillado, Sánchez Colona llevaba su celular 987589579. En el buzón de mensajes, el número dos contenía una voz con la advertencia siguiente: “O sea que no has tenido respeto a Jack Castillo, ¿no? Te he seguido dos meses. El segundo mes ya te pasaste de pendejo. Estás aprovechándote de una mujer que es noble y que es mi mujer, no te olvides. Te voy a buscar donde estés. Chau. Tu hijo está por nacer, ¿no? Sabes la gente con la que camino. Chau”.
El mensaje provenía del celular 944437455, perteneciente a Jack Castillo. En este caso el juez encontró procedente el pedido de detención preliminar del empresario, de hasta por 24 horas. Pero ninguno de los tres implicados resultó detenido. Bracamonte, por decisión judicial. Castillo y Huamancóndor porque se escondieron. La policía no hizo mayor esfuerzo para ubicarlos. En noviembre del 2012, siete meses después del asesinato, Danny Huamancóndor apareció muerto de un balazo en la cabeza en el interior de un automóvil. Nunca podría revelar quién lo contrató.
JACK, EL CONSTRUCTOR
¿Quién era Jack Castillo? Es dueño de la empresa Ingeniería y Construcción, una contratante de la Sub Región Pacífico, la más importante unidad administrativa de la Región Áncash. Por ejemplo, en 2009 ganó una licitación para supervisar las obras de agua y desagüe de los pueblos jóvenes Florida Alta y Florida Baja, por medio millón de soles. En 2010 cobró nueve millones para obras de saneamiento en dos asentamientos humanos de Chimbote. En 2011 hizo obras por 700 mil soles a Sedachimbote, y por más de diez millones a la Sub Región Pacífico por trabajos de alcantarillado y por el expediente técnico para una posta de Salud. Esta actividad empresarial fue acreditada por Castillo ante la fiscalía en junio del 2012, cuando había vencido el plazo de su detención preliminar. En esa ocasión solicitó, a través de su abogado, ser investigado con comparecencia restringida.
No hay información en el expediente respecto de que Castillo hubiera obtenido los contratos a partir de relaciones de corrupción con las autoridades de la región. Pero era tan beneficiado con las licitaciones que se investiga si hacía de testaferro del presidente Álvarez. En una ocasión Berrocal intentó capturarlo en una casa de playa de la Región Áncash, y vaya uno a saber si la policía, que recibió la orden, lo alertó. Por otra parte, se atribuye a Castillo relación con los bajos fondos y el sicariato. Bracamonte, un prontuariado, era su guardaespaldas, y de acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, quien contrató a Huamancóndor. No hay que olvidar el contenido final de su mensaje amenazante dejado en el celular del fiscal: “Sabes la gente con la que camino”.
JACK, EL INCRIMINADO
Las investigaciones demostraron que la llamada amenazante de Castillo al fiscal se produjo el 30 de marzo, quince días antes del crimen. No le fue posible a la fiscalía interrogar a su esposa, Merly Cruz, quien supuestamente estaba siendo enamorada por el muerto o mantuvo una relación con él. Pese a que no había orden de detención contra ella, desapareció del mapa y no acudió a las citaciones. Por su parte, la esposa del fiscal, Karla Barrantes, negó que tuviera alguna desavenencia conyugal con su extinto marido. La ausencia del principal investigado impidió una investigación idónea del supuesto móvil y del crimen mismo.
Cuando se practicó el allanamiento a la casa de Jack Castillo, se encontró una sobaquera de pistola Glock, calibre 380. Pero la pistola no estaba. El empresario tiene, efectivamente, registrada en DICSCAMEC, un arma de fuego de estas características, que es compatible con la que Sánchez Colona fue asesinado, de acuerdo con las pericias balísticas. Cuando el abogado de Castillo entregó la Glock a la fiscalía, la policía dijo que no era el arma del crimen.
En cuanto a Bracamonte, estando en libertad con amparo judicial se presentó a declarar negando cualquier relación con los hechos. Después de la muerte de Huamancóndor, su situación se hizo más aliviada. Sin embargo en 2013 sobrevivió a un intento de asesinato. Los sicarios perforaron a balazos el taxi en el que viajaba.
Antes de cumplirse tres meses del crimen, la fiscal Berrocal se presentó ante un juez pidiendo declarar complejo el caso, con ocho meses de prisión preventiva para Castillo, Bracamonte y Huamancóndor. La audiencia se realizó el 6 de julio. Un día antes, el fiscal de la Nación, José Antonio Peláez, activó contra la fiscal una denuncia que estaba dormida en el Ministerio Público.
FISCAL ACUSADA
Carmen Berrocal había sido fiscal adjunta en la jurisdicción de Arequipa. En 2008 fue destacada a Mollendo, donde reemplazó continuamente a la titular, Nancy Canaza, con quien compartía la mitad de la carga procesal del despacho. Por ausencia de la fiscal provincial, durante los fines de semana se quedaba a cargo de las diligencias. Canaza la acusó después de firmar resoluciones sobre violencia familiar que le corresponderían a ella como titular. De acuerdo con Berrocal, su actuación se ajustaba a las prerrogativas de un fiscal adjunto. La denuncia pasó a Control Interno, cuya oficina regional hizo en 2011 un informe con los hechos al Fiscal de la Nación. En la víspera de la audiencia en la que se decidiría la detención provisional de Jack Castillo y el resto de implicados, José Antonio Peláez ordenó abrir acción penal contra Berrocal. Presunto delito: usurpación de funciones.
Sin embargo, la falta de dolo era evidente. Así lo estableció un año después la Corte Superior de Arequipa. Berrocal actuó en correcto ejercicio de sus funciones como fiscal adjunta provincial, dijo el juez superior Federico Huanca. La verdad es que las funciones del fiscal provincial y el adjunto no están claramente diferenciadas cuando comparten el trabajo. Pero el Ministerio Público apeló contra la resolución. ¿Saben qué pena ha pedido un fiscal superior contra Berrocal? ¡Siete años de prisión! Compárese con el tratamiento benefactor que recibieron en Áncash los poderosos integrantes del crimen organizado. Retornando al 2012 y al caso Sánchez Colona, Peláez no se quedó conforme con acusar a Berrocal. Acto seguido, la sacó del Ministerio Público.
MANO AMIGA
Antes de proseguir, una pregunta: ¿quién era el abogado de Jack Castillo? Daniel Maurate, del Estudio Peláez Bardales, Cárdenas Martínez & Maurate Romero Abogados. De este estudio, que ya no funciona en la actualidad, era socio Mariano Peláez, ya fallecido, hermano del Fiscal de la Nación. En algún momento Mariano Peláez también representó a César Álvarez. En la audiencia, el bufete no tuvo fortuna. El juzgado le dio la razón a Berrocal, concediendo las prisiones preventivas de Castillo y Huamancóndor. Bracamonte quedó libre.
Huamancóndor, a todo esto, siguió paseándose en Chimbote como Pedro por su casa. En mayo había sido visto en una pollería de la ciudad. Y después de confirmarse su orden de detención preventiva los medios de comunicación de Chimbote informaron que había sido visto con su pareja saliendo de un hotel del pueblo Joven Primero de Mayo. Berrocal hizo declaraciones públicas. “La corrupción impide la captura del Loco Danny”, tituló, citándola, el diario Correo.
La fiscal pidió a continuación al Gobierno Regional de Áncash informes sobre todas las licitaciones ganadas por Jack Castillo. La Sub Región Pacífico nunca las entregó. El 26 de julio del 2012 el Fiscal de la Nación dejó sin efecto el nombramiento de Berrocal como fiscal provisional. Al día siguiente Berrocal declaró sin ambages: “Es por chocar con el gobierno regional y las licitaciones de Jack Castillo”.
Esta es la situación que deberá investigar el CNM a propósito de Peláez. Desde cierto punto de vista la situación es más comprometedora que en el caso de los fiscales de La Centralita, porque había un hermano suyo de por medio. Por otra parte, Berrocal estaba encima de la subregión pidiendo todos los contratos de Castillo, quien, según todos los indicios, adquirió súbita prosperidad cuando Álvarez accedió al gobierno de Áncash.
CASO ESTANCADO
Cuando Berrocal fue apartada, el Ministerio Público cambió de posición: Jack Castillo ya no era considerado presunto autor intelectual sino presunto instigador. Desde entonces tres fiscales más han pasado por el caso. Mientras tanto, Jack Castillo hizo lo suyo: luego de que una Sala Penal Superior confirmara su prisión preventiva, esperó un año y logró que un juez, ante el tiempo transcurrido en esa situación, la revocara. El nuevo Código Procesal Penal permite esta figura denominada “cesación de prisión”. Pero él nunca estuvo preso, y los familiares del fiscal asesinado continúan solicitando que se anule la medida. Castillo pudo seguir libre en Chimbote según fuentes de la fiscalía por la protección de la policía local, en ese momento dirigida por el coronel Walter Olivos, un oficial de confianza del ex ministro del Interior Wilfredo Pedraza. El actual ministro Walter Albán lo retiró, originando —ha trascendido— una protesta apenada ante el gobierno del parlamentario aliado de Álvarez, Heriberto Benítez.
Aunque no habría tenido un móvil político, el asesinato del fiscal Sánchez Colona forma parte del grupo de crímenes cuya impunidad estaba asegurada por la alianza del gobernante regional con la policía, el Poder Judicial y el Ministerio Público. En este caso no se tocaba a Álvarez sino a un proveedor poderoso. Es posible que las actuales investigaciones descubran los hilos secretos que permitieron el escandaloso encubrimiento.
Fuente Diario La Republica
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