¡Al ladrón, al ladrón!
Domingo, 08 de junio de 2014 | 4:30 am
¿Y ahora quién fiscaliza a los fiscalizadores?
En medio de esta ola reciente de imputaciones por corrupción a presidentes regionales, no se debe perder de vista que esa no es la única instancia corrupta del Estado, ni que esta andanada de acusaciones también podría ocultar la atención de la putrefacción en otros sitios como los propios motores de las denuncias.
Estas ya han puesto en la cárcel, mientras se los investiga, a dos presidentes regionales (Áncash y Pasco), mientras otro (Tumbes) está fugado.
Son acciones positivas, pues hay evidencia razonable de que los tres se han comportado como truhanes que usan la política para llenar sus alforjas con dinero sucio. La impunidad es la gasolina de la corrupción.
Pero Áncash, Pasco y Tumbes no son las únicas regiones infectadas, pues denuncias bastante justificadas hay en varias otras, como Cajamarca, Callao, Loreto o Ayacucho.
Se debe respaldar toda lucha contra la corrupción, especialmente en un país donde sin distingo de gobierno –aunque unos fueron más corruptos–, ideología, instancia –nacional, regional, provincial, distrital–, hay autoridades que usan la política para el beneficio particular indebido, lo cual se fomenta por la debilidad de las instituciones de fiscalización, como el Congreso, Policía, Contraloría, Poder Judicial o Fiscalía.
Pero este esfuerzo anticorrupción debe ser cuidadoso. Primero, con un respeto estricto del debido proceso, impidiendo que la justicia decida por razones políticas, ideológicas o externas al mismo, como la oposición a un proyecto minero.
Segundo, no caer en el error de la generalización, que es un obstáculo en la lucha anticorrupción. En todos los partidos e instancias gubernamentales hay gente decente y hay ladrones. No todos los presidentes regionales son ladrones, ni todos los congresistas unos aprovechados.
En este sentido, tercero, es ingenuo pensar que todos los políticos van a servirse del pueblo. También hay en la política gente honesta y valiosa. Creer lo contrario implicaría la cancelación de la política y de la organización del Estado, lo que haría inviable la vida de una nación.
Cuarto, lo que ocurre hoy en algunas regiones no debe destruir los doce años del proceso de regionalización, sino su ajuste para fortalecerlo y relanzarlo. ¿O se cree que solo roban en las regiones? ¿Y en Lima, el Congreso, ministerios, municipios, la justicia o la Fiscalía?
Al respecto, en quinto lugar, cuidado con las cortinas de humo. No deja de ser interesante el entusiasmo reciente del Ministerio Público contra los presidentes regionales, cuando
–no olvidar– esta institución también enfrenta serias acusaciones que han señalado, incluso, que tanto el ex fiscal de la Nación como el actual han estado en las planillas de las corrupciones que hoy denuncian.
POR AUGUSTO ALVAREZ RODRICH
En medio de esta ola reciente de imputaciones por corrupción a presidentes regionales, no se debe perder de vista que esa no es la única instancia corrupta del Estado, ni que esta andanada de acusaciones también podría ocultar la atención de la putrefacción en otros sitios como los propios motores de las denuncias.
Estas ya han puesto en la cárcel, mientras se los investiga, a dos presidentes regionales (Áncash y Pasco), mientras otro (Tumbes) está fugado.
Son acciones positivas, pues hay evidencia razonable de que los tres se han comportado como truhanes que usan la política para llenar sus alforjas con dinero sucio. La impunidad es la gasolina de la corrupción.
Pero Áncash, Pasco y Tumbes no son las únicas regiones infectadas, pues denuncias bastante justificadas hay en varias otras, como Cajamarca, Callao, Loreto o Ayacucho.
Se debe respaldar toda lucha contra la corrupción, especialmente en un país donde sin distingo de gobierno –aunque unos fueron más corruptos–, ideología, instancia –nacional, regional, provincial, distrital–, hay autoridades que usan la política para el beneficio particular indebido, lo cual se fomenta por la debilidad de las instituciones de fiscalización, como el Congreso, Policía, Contraloría, Poder Judicial o Fiscalía.
Pero este esfuerzo anticorrupción debe ser cuidadoso. Primero, con un respeto estricto del debido proceso, impidiendo que la justicia decida por razones políticas, ideológicas o externas al mismo, como la oposición a un proyecto minero.
Segundo, no caer en el error de la generalización, que es un obstáculo en la lucha anticorrupción. En todos los partidos e instancias gubernamentales hay gente decente y hay ladrones. No todos los presidentes regionales son ladrones, ni todos los congresistas unos aprovechados.
En este sentido, tercero, es ingenuo pensar que todos los políticos van a servirse del pueblo. También hay en la política gente honesta y valiosa. Creer lo contrario implicaría la cancelación de la política y de la organización del Estado, lo que haría inviable la vida de una nación.
Cuarto, lo que ocurre hoy en algunas regiones no debe destruir los doce años del proceso de regionalización, sino su ajuste para fortalecerlo y relanzarlo. ¿O se cree que solo roban en las regiones? ¿Y en Lima, el Congreso, ministerios, municipios, la justicia o la Fiscalía?
Al respecto, en quinto lugar, cuidado con las cortinas de humo. No deja de ser interesante el entusiasmo reciente del Ministerio Público contra los presidentes regionales, cuando
–no olvidar– esta institución también enfrenta serias acusaciones que han señalado, incluso, que tanto el ex fiscal de la Nación como el actual han estado en las planillas de las corrupciones que hoy denuncian.
POR AUGUSTO ALVAREZ RODRICH
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