Política infiltrada
El ordenamiento urgente del financiamiento electoral.
La denuncia del aporte económico de un grupo de mineros ilegales a la campaña del Partido Nacionalista no debe pasar por agua tibia pues constituye una evidencia más de que la política peruana la financian intereses subalternos que se las ingenian para comprar favores indebidos.
La respuesta de los denunciados de que los mineros no serían ilegales sino solo ‘artesanales’, significa una manera infructuosa de atenuar un hecho que es grave, incluso si es que estos donantes no hubieran llegado a obtener un favor del gobierno.
La única ‘excusa’ podría llegar a ser que casi no hay agrupación política peruana que pueda tirar la primera piedra en el espinoso terreno del financiamiento electoral.
En este sentido, son tantos los partidos involucrados en el delito de obtener plata sucia para pagar la campaña electoral, que se puede sostener que es un asunto bastante democrático y en el que se puede proclamar que aquel que nunca pecó, que tire la primera piedra.
Por ello, se puede asegurar que esta denuncia del aporte de mineros ilegales a la candidatura 2011 de Ollanta Humala no llegará a ningún lado, tal como ha ocurrido con casi todas las denuncias similares hechas en el pasado en el Perú.
El financiamiento oscuro de la política es un hecho sumamente peligroso para la democracia, la seguridad nacional y la lucha anticorrupción, especialmente si se tiene en cuenta la enorme y creciente cantidad de intereses mafiosos que se mueven hoy en día en el Perú.
Estos incluyen desde rubros económicos ilegales –minería, tala, transporte, narcotráfico, inmuebles, etc.– hasta mafias bien estructuradas para operar en fines diversos que requieren, para avanzar con fluidez, de acciones u omisiones en diversas instancias estatales, como el Poder Judicial, el Ejecutivo, la Fiscalía, el Congreso, la Policía, gobiernos regionales y municipios de todo tamaño, entre muchos otros, pero también privados como, por ejemplo, en el propio periodismo.
Los partidos políticos son, en este contexto, instancias claves para mover la rueda de esta corrupción, y los intereses mafiosos se aprovechan de su precariedad para ponerles un poco de plata en la campaña electoral para que luego, cuando ya están en un puesto público, devuelvan el favor con creces.
Si el financiamiento de las campañas electorales no se ordena pronto en el Perú, la corrupción seguirá infiltrándose en la política para ponerla a su servicio.
Si, como es obvio, la democracia cuesta y nos conviene a todos tenerla sólida, mejor la pagamos los contribuyentes, de manera ordenada, antes de que sean intereses privados los que paguen la cuenta pues eso nos sale a todos mucho más caro.
La denuncia del aporte económico de un grupo de mineros ilegales a la campaña del Partido Nacionalista no debe pasar por agua tibia pues constituye una evidencia más de que la política peruana la financian intereses subalternos que se las ingenian para comprar favores indebidos.
La respuesta de los denunciados de que los mineros no serían ilegales sino solo ‘artesanales’, significa una manera infructuosa de atenuar un hecho que es grave, incluso si es que estos donantes no hubieran llegado a obtener un favor del gobierno.
La única ‘excusa’ podría llegar a ser que casi no hay agrupación política peruana que pueda tirar la primera piedra en el espinoso terreno del financiamiento electoral.
En este sentido, son tantos los partidos involucrados en el delito de obtener plata sucia para pagar la campaña electoral, que se puede sostener que es un asunto bastante democrático y en el que se puede proclamar que aquel que nunca pecó, que tire la primera piedra.
Por ello, se puede asegurar que esta denuncia del aporte de mineros ilegales a la candidatura 2011 de Ollanta Humala no llegará a ningún lado, tal como ha ocurrido con casi todas las denuncias similares hechas en el pasado en el Perú.
El financiamiento oscuro de la política es un hecho sumamente peligroso para la democracia, la seguridad nacional y la lucha anticorrupción, especialmente si se tiene en cuenta la enorme y creciente cantidad de intereses mafiosos que se mueven hoy en día en el Perú.
Estos incluyen desde rubros económicos ilegales –minería, tala, transporte, narcotráfico, inmuebles, etc.– hasta mafias bien estructuradas para operar en fines diversos que requieren, para avanzar con fluidez, de acciones u omisiones en diversas instancias estatales, como el Poder Judicial, el Ejecutivo, la Fiscalía, el Congreso, la Policía, gobiernos regionales y municipios de todo tamaño, entre muchos otros, pero también privados como, por ejemplo, en el propio periodismo.
Los partidos políticos son, en este contexto, instancias claves para mover la rueda de esta corrupción, y los intereses mafiosos se aprovechan de su precariedad para ponerles un poco de plata en la campaña electoral para que luego, cuando ya están en un puesto público, devuelvan el favor con creces.
Si el financiamiento de las campañas electorales no se ordena pronto en el Perú, la corrupción seguirá infiltrándose en la política para ponerla a su servicio.
Si, como es obvio, la democracia cuesta y nos conviene a todos tenerla sólida, mejor la pagamos los contribuyentes, de manera ordenada, antes de que sean intereses privados los que paguen la cuenta pues eso nos sale a todos mucho más caro.
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