Matando al mensajero
La justicia no puede ser chaira contra el periodismo.
Es oportuna la exhortación a los jueces del presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, para que, antes de aceptarlas sin mucho análisis previo, evalúen exhaustivamente si las denuncias de querellas por difamación contra periodistas tienen o no fundamento, porque en este momento hay un embate mafioso que utiliza a la justicia, con frecuencia creciente, como instrumento para liquidar la libertad de expresión en casos de corrupción.
Los periodistas no estamos, por supuesto, libres de cometer errores. Además, en el gremio hay –como en toda actividad– tipejos lamentables que ejercen el oficio como chaira lista para mancillar honras para satisfacer sus bolsillos o por no haber resuelto bien sus traumas personales. Y a algunos los acogen hasta medios de prestigio supuesto al menos.
Los periodistas no deben ser, por ello, seres intocables. Cualquiera que sienta que su honor fue mancillado, especialmente cuando no hay ánimo de rectificación ante la evidencia, debe poder recurrir a la justicia para obtener una sanción y una reparación a través de una querella.
Hoy hay, sin embargo, un grupo asociado a intereses oscuros que está usando, de un modo creciente, a la justicia para amedrentar a periodistas con el fin de anular su capacidad de denuncia a la corrupción.
En este contexto destaca el amplio número de querellas por difamación contra periodistas –incluido este columnista junto con más de veinte colegas– que ha planteado Rodolfo Orellana y su socio Benedicto Jiménez, lo cual ya se ha convertido en un acoso prepotente y preocupante a la libertad de expresión.
Orellana responde cualquier denuncia o comentario sobre su desempeño con una querella por difamación incluyendo demandas millonarias, que algunos jueces aceptan con un entusiasmo tan intenso que ya parece cómplice.
Por ello, el Centro Liber –creado entre el Ipys y la PUCP– ha desarrollado un estudio liderado por su director Julio Arbizu que ha reunido las querellas de Orellana contra periodistas, el cual fue presentado ayer a Mendoza, llegando a una conclusión que coincide con la exhortación a los jueces hecha por el presidente del Poder Judicial.
En vez de también dejarse amedrentar, o de actuar por el bolsillo antes que por la ley y la razón, los jueces penales deben tomarse el trabajo de evaluar si una querella por difamación de gente como Orellana –entre muchos otros– tiene una motivación correcta, o si se trata, únicamente, de un esfuerzo de atarantamiento para eludir un hecho de corrupción.
Los periodistas no somos intocables, por supuesto, pero cuidado con que la justicia se convierta en chaira para liquidar al periodismo que denuncia a la corrupción.
La justicia no puede ser chaira contra el periodismo.
Es oportuna la exhortación a los jueces del presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, para que, antes de aceptarlas sin mucho análisis previo, evalúen exhaustivamente si las denuncias de querellas por difamación contra periodistas tienen o no fundamento, porque en este momento hay un embate mafioso que utiliza a la justicia, con frecuencia creciente, como instrumento para liquidar la libertad de expresión en casos de corrupción.
Los periodistas no estamos, por supuesto, libres de cometer errores. Además, en el gremio hay –como en toda actividad– tipejos lamentables que ejercen el oficio como chaira lista para mancillar honras para satisfacer sus bolsillos o por no haber resuelto bien sus traumas personales. Y a algunos los acogen hasta medios de prestigio supuesto al menos.
Los periodistas no deben ser, por ello, seres intocables. Cualquiera que sienta que su honor fue mancillado, especialmente cuando no hay ánimo de rectificación ante la evidencia, debe poder recurrir a la justicia para obtener una sanción y una reparación a través de una querella.
Hoy hay, sin embargo, un grupo asociado a intereses oscuros que está usando, de un modo creciente, a la justicia para amedrentar a periodistas con el fin de anular su capacidad de denuncia a la corrupción.
En este contexto destaca el amplio número de querellas por difamación contra periodistas –incluido este columnista junto con más de veinte colegas– que ha planteado Rodolfo Orellana y su socio Benedicto Jiménez, lo cual ya se ha convertido en un acoso prepotente y preocupante a la libertad de expresión.
Orellana responde cualquier denuncia o comentario sobre su desempeño con una querella por difamación incluyendo demandas millonarias, que algunos jueces aceptan con un entusiasmo tan intenso que ya parece cómplice.
Por ello, el Centro Liber –creado entre el Ipys y la PUCP– ha desarrollado un estudio liderado por su director Julio Arbizu que ha reunido las querellas de Orellana contra periodistas, el cual fue presentado ayer a Mendoza, llegando a una conclusión que coincide con la exhortación a los jueces hecha por el presidente del Poder Judicial.
En vez de también dejarse amedrentar, o de actuar por el bolsillo antes que por la ley y la razón, los jueces penales deben tomarse el trabajo de evaluar si una querella por difamación de gente como Orellana –entre muchos otros– tiene una motivación correcta, o si se trata, únicamente, de un esfuerzo de atarantamiento para eludir un hecho de corrupción.
Los periodistas no somos intocables, por supuesto, pero cuidado con que la justicia se convierta en chaira para liquidar al periodismo que denuncia a la corrupción.
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