La bancada de Rodolfo Orellana
¿Hay alguien que le ponga el cascabel a este gato?
Entre todas las noticias de putrefacción que aparecen en estos días por la corrupción instalada en muchas partes del Estado peruano, también hay expresiones positivas que se debe rescatar como el hecho de que cada vez haya más personas dispuestas a levantar en público su voz de alarma por la actuación sospechosa del abogado Rodolfo Orellana.
Lourdes Flores apareció el domingo como abogada de la Fundación por los Niños del Perú para denunciar las maniobras de Orellana para apropiarse indebidamente de valiosas propiedades de esa entidad, que incluirían la penetración subrepticia del Colegio de Abogados de Lima para ganar arbitrajes que terminen convalidando sus fines.
Es una denuncia antigua que se suma a muchas otras que dan cuenta de un intrincado mecanismo para adueñarse de inmuebles, que avanzaría con fluidez por la asociación con varias instancias requeridas para ‘legalizar’ cuchipandas.
Esto incluiría, de acuerdo con las denuncias realizadas, una amplia red de contactos en el Ministerio Público –con conexiones al más alto nivel, es decir, con fiscales supremos–, Poder Judicial, Policía, Registros Públicos, notarios, testaferros y, entre otros, gobiernos regionales como Áncash.
Las conexiones no terminarían ahí, pues, como señala el congresista Víctor Andrés García Belaunde en la entrevista que se publica hoy en La República, “hay gente de Orellana infiltrada en el Congreso”.
Esto contaría, además, con el respaldo de una plataforma que incluye desde una fundación para construirse una buena imagen hasta un grupo de medios para destruir la imagen y honra de quien se oponga al avance de sus intereses.
La valiente procuradora Julia Príncipe ha sido víctima, entre muchos otros, de la amenaza prepotente que linda con la extorsión, a pesar de lo cual ella sigue en la brega.
Asimismo, las denuncias periodísticas que se han presentado sobre la actuación de Orellana han sido respondidas con querellas a más de veinte periodistas –incluido este columnista– que, como ha señalado el ex procurador anticorrupción y director del Centro Liber, Julio Arbizu, constituyen expresiones de acoso judicial que pretenden liquidar la libertad de expresión.
Hay indicios suficientes para que el abogado Rodolfo Orellana Rengifo sea investigado con rigor y sin interferencias indebidas por la justicia. Ojalá se pueda y pronto.
La debilidad institucional del Estado peruano, junto con la proclividad hacia la corrupción de muchos funcionarios, así como la fragilidad de los sistemas de control, constituye un cuadro dramático que sigue instaurado y reforzado en el Perú.
Entre todas las noticias de putrefacción que aparecen en estos días por la corrupción instalada en muchas partes del Estado peruano, también hay expresiones positivas que se debe rescatar como el hecho de que cada vez haya más personas dispuestas a levantar en público su voz de alarma por la actuación sospechosa del abogado Rodolfo Orellana.
Lourdes Flores apareció el domingo como abogada de la Fundación por los Niños del Perú para denunciar las maniobras de Orellana para apropiarse indebidamente de valiosas propiedades de esa entidad, que incluirían la penetración subrepticia del Colegio de Abogados de Lima para ganar arbitrajes que terminen convalidando sus fines.
Es una denuncia antigua que se suma a muchas otras que dan cuenta de un intrincado mecanismo para adueñarse de inmuebles, que avanzaría con fluidez por la asociación con varias instancias requeridas para ‘legalizar’ cuchipandas.
Esto incluiría, de acuerdo con las denuncias realizadas, una amplia red de contactos en el Ministerio Público –con conexiones al más alto nivel, es decir, con fiscales supremos–, Poder Judicial, Policía, Registros Públicos, notarios, testaferros y, entre otros, gobiernos regionales como Áncash.
Las conexiones no terminarían ahí, pues, como señala el congresista Víctor Andrés García Belaunde en la entrevista que se publica hoy en La República, “hay gente de Orellana infiltrada en el Congreso”.
Esto contaría, además, con el respaldo de una plataforma que incluye desde una fundación para construirse una buena imagen hasta un grupo de medios para destruir la imagen y honra de quien se oponga al avance de sus intereses.
La valiente procuradora Julia Príncipe ha sido víctima, entre muchos otros, de la amenaza prepotente que linda con la extorsión, a pesar de lo cual ella sigue en la brega.
Asimismo, las denuncias periodísticas que se han presentado sobre la actuación de Orellana han sido respondidas con querellas a más de veinte periodistas –incluido este columnista– que, como ha señalado el ex procurador anticorrupción y director del Centro Liber, Julio Arbizu, constituyen expresiones de acoso judicial que pretenden liquidar la libertad de expresión.
Hay indicios suficientes para que el abogado Rodolfo Orellana Rengifo sea investigado con rigor y sin interferencias indebidas por la justicia. Ojalá se pueda y pronto.
La debilidad institucional del Estado peruano, junto con la proclividad hacia la corrupción de muchos funcionarios, así como la fragilidad de los sistemas de control, constituye un cuadro dramático que sigue instaurado y reforzado en el Perú.
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