SIETE DIAS CASMA

Conflicto de intereses

Osiptel es la reguladora estatal de la telefonía en el Perú. Su Consejo Directivo tiene cuatro personas, cuya tarea principal en estos días, es evaluar a Telefónica con vistas a la renovación de su lucrativa licencia de telefonía móvil. Pero dos de esas cuatro personas están procesadas por favorecimiento ilegal a, precisamente, Telefónica.

Miembros del Consejo Directivo de Osiptel, Marco Antonio Torrey Motta (a la izquierda) y Carolina Linares (a la derecha).

Por Emilio Camacho.-
El martes 22 de mayo el ministro de Transportes, Carlos Paredes, informó al Congreso que ha pedido un informe más sobre Telefónica al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), antes de decidir si se renuevan o no las licencias de telefonía móvil – por 20 años, nada menos– a esa empresa.
Será un documento en el que Osiptel hará un cálculo basado en la cantidad de sanciones que Telefónica ha recibido en los últimos años.
Sucede, según indicó Osiptel en un comunicado el mismo martes 22, que el cálculo no es del todo fácil, pues Telefónica ha impugnado en el Poder Judicial las sanciones que aquella impuso. El proceso, como subraya el comunicado, “podría tomar varios años”.

Martes 22 de mayo de 2012. Ministro de Transportes, Carlos Paredes, informa en el Congreso que ha pedido un nuevo informe sobre Telefónica a Osiptel (Foto: Andina).

Pero, como hay que decidir sobre la renovación de licencia, la tarea de Osiptel es la evaluar los “descargos presentados por Telefónica Móviles respecto de las sanciones”. No es una tarea fácil. Para nada. Requiere conocimiento y, sobre todo, independencia. Ni sombra de un posible conflicto de interés. Pero ocurre que dos de los cuatro funcionarios que evaluarán y tomarán esas cruciales decisiones están procesados judicialmente por un supuesto favorecimiento a Telefónica: ellos son, la presidenta interina de este organismo, Carolina Linares; y Marco Antonio Torrey Motta.

Ninguno de los dos se ha inhibido. De hecho, el propio Torrey Motta confirmó a IDL-Reporteros que en la sesión del Consejo Directivo del lunes pasado se vio el tema de la renovación de licencias a Telefónica.
¿Recuerdan a Torrey? En diciembre de 2009, Torrey fue expulsado del Consejo Directivo de Osiptel, luego que se revelaran evidencias de que se había puesto de acuerdo con el entonces vicepresidente de estrategia y regulación de Telefónica, José Juan Haro, para votar a favor de la empresa en una sesión virtual del Consejo Directivo de Osiptel, en la que se discutió un ajuste de tarifas en el servicio de telefonía fija. La expulsión fue ordenada por una resolución suprema firmada por Alan García.

Fiscal Marlene Berrú presentó a inicios de 2010 una denuncia preliminar contra miembros del Consejo Directivo de Osiptel (Foto: IDL-Reporteros).

El mes siguiente, enero de 2010, la fiscal Marlene Berrú presentó una denuncia preliminar en la que acusó a Torrey Motta y Haro de haberse, “concertado a fin de favorecer a la empresa Telefónica S.A.A”.
La parte central de la denuncia de la fiscal Berrú fue que “su votación (la de Torrey Motta) habría estado sustentada por un informe presuntamente realizado por el funcionario de la propia empresa concesionaria (José Juan Haro), favoreciendo con su aprobación la propuesta de reducción de tarifas de la canasta C, D y E, tal como lo propuso la empresa Telefónica S.A.A, a pesar de haber sido observada por los técnicos especialistas de Osiptel”.
Por este caso, Torrey y Haro fueron denunciados por el delito de colusión.
Posteriormente, el 26 de abril de 2010, Carolina Linares pasó de testigo a procesada. Linares había sido antes funcionaria de Telefónica, por once años.
Pero, pese a que el proceso está en pleno curso, Torrey ha vuelto a Osiptel, y nada menos que al Consejo Directivo, a tiempo de pronunciarse en el crucial caso de la renovación de licencias.
Eso fue posible gracias a  una orden del Cuarto Juzgado Constitucional que determinó que había una presunta falta al debido proceso en su separación.
Pero el proceso por colusión sigue abierto y está a punto de entrar a juicio oral. El 18 de enero de este año, la fiscal Flor de María Vega presentó el dictamen de acusación contra Torrey, Linares y Haro. Este último en calidad de ‘cómplice primario’.
La fiscal ha pedido cuatro años de prisión para cada uno de los acusados, además de inhabilitación por tres años. También reclama una reparación civil de un millón de soles tanto de los procesados como de la empresa Telefónica del Perú S.A.A, a la que se ha declarado tercero civilmente responsable.
Lo increíble es que los procesados por esas graves acusaciones van a decidir sobre la misma compañía, pero sobre un tema mucho más importante que aquel por el que son procesados.
¿No hay aquí un tremendo conflicto de intereses?
IDL-R le hizo la pregunta  a Torrey Motta.
Este respondió, en conversación telefónica, que lo presentado en su contra son “acusaciones antojadizas” y que su cargo es técnico y no político. “… Aquí lo que ha pasado es que me han querido hacer daño, me han querido borrar del mapa”, dijo.
Negó además haber recibido documentación de José Juan Haro que él incorporó en su decisión de voto sobre un ajuste tarifario en noviembre de 2009.
“A mí no me ha dado ningún documento el señor Haro”, dijo Torrey a IDL-R el lunes 28 de mayo.
Pero Torrey se contradice.
El diez de marzo de 2010, en un interrogatorio judicial, Torrey admitió que antes de enviar por correo electrónico su voto sobre el ajuste tarifario que discutía Osiptel, Telefónica le envió a su casa una serie de documentos que defendían la posición de la compañía.
No solo eso. Torrey reconoció que mandó su voto “chancado sobre el diskette que me había mandado Telefónica”. Lo cual quiere decir que utilizó el texto de Telefónica con algunas modificaciones para redactar y enviar su voto. (Ver documento)
De hecho, para la fiscalía ha quedado demostrado que el archivo ‘Voto.doc’, que Torrey Motta envió a la secretaría de Osiptel, durante la sesión del Consejo Directivo del 29 de noviembre de 2009, “fue editado [es decir, redactado originalmente, nota de IDL-R] en un equipo cuya licencia de uso pertenece al Grupo Telefónica del Perú”. Esta opinión está respaldada por un informe pericial de la gerencia legal de Osiptel. (Ver documento)
Por último, la fiscalía determinó que horas antes de emitir su voto, el propio Torrey Motta llamó a José Juan Haro para pedirle una ayuda memoria sobre la que hizo su voto. (Ver documento)
En un caso con tan fuerte evidencia y tan graves responsabilidades, resulta increíble que Torrey vote de nuevo; y esta vez sobre un tema de mucho mayor importancia.
¿Cuál es la responsabilidad de Carolina Linares?
IDL-R también inquirió a la coprocesada Linares sobre este tema.
Igual que Torrey, la presidenta de Osiptel sostuvo que en su caso no existe un conflicto de intereses y que no ha cometido ninguna falta. “Nadie en Osiptel me acusa de ello, a mí se me involucra en el caso por el sentido de mi voto al discrepar con el equipo técnico de Osiptel. En la actualidad lo que ha hecho la fiscal es recomendar se inicie un proceso penal. Discrepar no es un delito, por lo que espero que cuando culmine el proceso judicial se me dé la razón”, escribió en respuesta al cuestionario de IDL-R.

Juan José Haro, ex vicepresidente de estrategia y regulación de Telefónica (Foto: Reniec).

Pero, en su acusación de enero de este año, la fiscal Flor de María Vega indica que “la procesada Linares Barrantes … recibió la documentación remitida por la empresa un día antes a emitir [sic] su voto electrónico y la valoró a sabiendas de que estaba impedida de hacerlo”.
Carolina Linares trabajó para Telefónica desde 1994 hasta el 2005. Trabajó en la gerencia de regulación y ocupó jefaturas en las gerencias de planeamiento estratégico, comercial y rural (*). Sin embargo, esta información no figura en la hoja de vida que exhibe en el portal de internet de Osiptel.
El tercer personaje involucrado en este caso, José Juan Haro, no se encuentra en el país. El 14 de marzo de 2011 Telefónica del Perú informó a la Fiscalía que Haro había sido nombrado director regional de regulación de Telefónica Internacional S.A (TISA). Desde que empezó el juicio en su contra, Haro ha viajado 12 veces a España.
IDL-R pidió el pronunciamiento de Telefónica, pero la compañía se abstuvo.