El color del dinero
Viernes, 02 de mayo de 2014 | 4:30 am AUGUSTO ALVAREZ RODRICH
La elección de octubre es crucial para las mafias.
Según ambas entidades, el crimen organizado –narcotráfico, sicariato, extorsión– perjudica la vida nacional al impedir que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos políticos y participar libre y activamente en la deliberación política, entre otras formas de manifestación política espontánea que fluye del proceso electoral.
Hay mafias por todo el país que están, de diversos modos, coludidas con varias instancias del sector público con el fin de tomar decisiones y recursos en su beneficio, llegándose al extremo de matar a la autoridad que se oponga a sus objetivos.
Para ello, se produce una confluencia de intenciones entre las autoridades y sectores crecientemente comprometidos con la corrupción, como la tala y la minería ilegal, delincuentes que usan la construcción civil como fachada, y hasta representantes del poder Judicial, del ministerio Público y de la Policía.
Un eje central alrededor del cual se articulan estos sectores está en los gobiernos regionales. En este sentido, un reporte reciente de Otra Mirada establece, precisamente, una alerta roja en las regiones debido a que varios presidentes estarían participando activamente en ese proceso.
Dicho reporte resume las acusaciones ya bastante conocidas contra César Álvarez en Áncash, así como las de Wilfredo Oscorina en Ayacucho por malversación de fondos y lavado de dinero proveniente de tragamonedas y corrupción; Félix Moreno en el Callao por defraudación en obras de inversión pública; y la suspensión del cargo de Jorge Acurio en Cusco por delitos de colusión desleal y aprovechamiento indebido del cargo.
Asimismo, Luis Picón en Huánuco por malversación de fondos; Iván Vásquez en Loreto por peculado doloso, aprovechamiento indebido del cargo y colusión agravada; y Gerardo Viñas de Tumbes, quien ha sido denunciado por la Contraloría por corrupción, intento de violación, realizar actos proselitistas con fondos del Estado, y atacar a periodistas.
En un contexto de relajación de los sistemas de control del Estado para verificar la transparencia y honestidad del uso de los recursos públicos crecientes asignados a las regiones, lo que se ha terminado produciendo es un desmadre colosal y lamentable, con una pugna por el dinero entre mafias que no dudan en matar para asegurar sus intereses.
Colocar a alguien en un cargo público para controlar el uso del dinero del Estado y las decisiones vinculadas a todo el dinero regional, es hoy un gran negocio para algunos. Por ello, la elección regional y municipal que viene es crucial para las mafias.
Cada día que pasa se confirma que no han exagerado el JNE y la ONPE al advertir que el crimen organizado es una grave amenaza para las próximas elecciones.
Según ambas entidades, el crimen organizado –narcotráfico, sicariato, extorsión– perjudica la vida nacional al impedir que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos políticos y participar libre y activamente en la deliberación política, entre otras formas de manifestación política espontánea que fluye del proceso electoral.
Hay mafias por todo el país que están, de diversos modos, coludidas con varias instancias del sector público con el fin de tomar decisiones y recursos en su beneficio, llegándose al extremo de matar a la autoridad que se oponga a sus objetivos.
Para ello, se produce una confluencia de intenciones entre las autoridades y sectores crecientemente comprometidos con la corrupción, como la tala y la minería ilegal, delincuentes que usan la construcción civil como fachada, y hasta representantes del poder Judicial, del ministerio Público y de la Policía.
Un eje central alrededor del cual se articulan estos sectores está en los gobiernos regionales. En este sentido, un reporte reciente de Otra Mirada establece, precisamente, una alerta roja en las regiones debido a que varios presidentes estarían participando activamente en ese proceso.
Dicho reporte resume las acusaciones ya bastante conocidas contra César Álvarez en Áncash, así como las de Wilfredo Oscorina en Ayacucho por malversación de fondos y lavado de dinero proveniente de tragamonedas y corrupción; Félix Moreno en el Callao por defraudación en obras de inversión pública; y la suspensión del cargo de Jorge Acurio en Cusco por delitos de colusión desleal y aprovechamiento indebido del cargo.
Asimismo, Luis Picón en Huánuco por malversación de fondos; Iván Vásquez en Loreto por peculado doloso, aprovechamiento indebido del cargo y colusión agravada; y Gerardo Viñas de Tumbes, quien ha sido denunciado por la Contraloría por corrupción, intento de violación, realizar actos proselitistas con fondos del Estado, y atacar a periodistas.
En un contexto de relajación de los sistemas de control del Estado para verificar la transparencia y honestidad del uso de los recursos públicos crecientes asignados a las regiones, lo que se ha terminado produciendo es un desmadre colosal y lamentable, con una pugna por el dinero entre mafias que no dudan en matar para asegurar sus intereses.
Colocar a alguien en un cargo público para controlar el uso del dinero del Estado y las decisiones vinculadas a todo el dinero regional, es hoy un gran negocio para algunos. Por ello, la elección regional y municipal que viene es crucial para las mafias.
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