Brecha de impunidad
Muy escasas condenas por corrupción
El contralor de la República ha informado que en los cinco años que lleva en el cargo se ha denunciado penalmente a 2,750 funcionarios públicos, de ellos a 1,500 por la vía civil, de los cuales solo 11 fueron condenados a penas privativas de libertad. Antes, el 23/4/2014 había revelado que las sentencias suman 300, siendo evidente que las 11 que incluyen prisión efectiva forman parte de ese universo de sanciones.
De este modo, considerando injusta la afirmación sobre que la institución que dirige no hace nada por combatir la corrupción, el contralor ha soltado un cargo que debe ser explicado por el Ministerio Público y el Poder Judicial.
El titular de la Contraloría no ha revelado mayores detalles. Aun así, la aseveración es gruesa; una relación tan desproporcionada de denuncias vs condenas sugiere la existencia de una falla geológica en la lucha contra la corrupción con hartas preguntas que deberán ser respondidas con información de varias instituciones vinculadas a la lucha contra la corrupción.
En el caso del que ahora es más agudo, el de Áncash, la Contraloría revela que ha llevado a cabo 431 acciones de control, que ha emitido 771 informes de control y realizado 728 veedurías en 42 entidades públicas de esa región. Entre los hallazgos que comprometen un mayor uso ilegal de los recursos públicos se encuentran la adquisición de 79 ambulancias, trabajos no ejecutados en el canal de regadío de Wecrococha, el pago de una fumigación innecesaria contra una supuesta epidemia del dengue y la inoperatividad del Sistema de Riego de Llapo con perjuicio económico.
Esta información sugiere que el sistema de control ha funcionado y que las trabas que condujeron a la impunidad en Áncash están en otros lados. Los datos, sin embargo, deben ser evaluados a la luz de otros factores, especialmente el de oportunidad debido a que cuando estalló el “caso Áncash” con el asesinato del ex consejero regional Ezequiel Nolasco, la Contraloría dijo haberle declarado la guerra a la corrupción en esa región, enviando un equipo especializado de 40 auditores para iniciar un proceso de fiscalización. Queda entonces por precisar cómo se distribuyen en el tiempo los más de 700 informes de control.
La revelación de estos datos coloca sobre la mesa la coordinación interinstitucional en la compleja brega contra la corrupción, donde se adivinan varios procesos truncos o que operan con constantes bloqueos, especialmente a través de las siguientes opciones: 1) la Contraloría no cumple con su función de control; 2) la Contraloría realiza la denuncia pero el Ministerio Público no investiga, o el caso no culmina en acusación; 3) el Ministerio Público denuncia pero el Poder Judicial no instruye el proceso, o habiendo iniciado el proceso declara inocente al acusado; 4) el caso fue mal construido debido a pericias mal practicadas o pruebas insolventes, o porque los implicados fueron en realidad inocentes.
Sin una exhaustiva indagación, nadie estaría en condiciones de afirmar cuál de las opciones es la más recurrente, aunque lo más probable es que todas ellas ocurran. En cualquiera de las circunstancias es preciso dilucidar las razones de las fallas en las etapas de control, investigación y juzgamiento. Sería un gran tema para la agenda de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, cuya altura quizás no le permite detectar las brechas en el sistema.
El contralor de la República ha informado que en los cinco años que lleva en el cargo se ha denunciado penalmente a 2,750 funcionarios públicos, de ellos a 1,500 por la vía civil, de los cuales solo 11 fueron condenados a penas privativas de libertad. Antes, el 23/4/2014 había revelado que las sentencias suman 300, siendo evidente que las 11 que incluyen prisión efectiva forman parte de ese universo de sanciones.
De este modo, considerando injusta la afirmación sobre que la institución que dirige no hace nada por combatir la corrupción, el contralor ha soltado un cargo que debe ser explicado por el Ministerio Público y el Poder Judicial.
El titular de la Contraloría no ha revelado mayores detalles. Aun así, la aseveración es gruesa; una relación tan desproporcionada de denuncias vs condenas sugiere la existencia de una falla geológica en la lucha contra la corrupción con hartas preguntas que deberán ser respondidas con información de varias instituciones vinculadas a la lucha contra la corrupción.
En el caso del que ahora es más agudo, el de Áncash, la Contraloría revela que ha llevado a cabo 431 acciones de control, que ha emitido 771 informes de control y realizado 728 veedurías en 42 entidades públicas de esa región. Entre los hallazgos que comprometen un mayor uso ilegal de los recursos públicos se encuentran la adquisición de 79 ambulancias, trabajos no ejecutados en el canal de regadío de Wecrococha, el pago de una fumigación innecesaria contra una supuesta epidemia del dengue y la inoperatividad del Sistema de Riego de Llapo con perjuicio económico.
Esta información sugiere que el sistema de control ha funcionado y que las trabas que condujeron a la impunidad en Áncash están en otros lados. Los datos, sin embargo, deben ser evaluados a la luz de otros factores, especialmente el de oportunidad debido a que cuando estalló el “caso Áncash” con el asesinato del ex consejero regional Ezequiel Nolasco, la Contraloría dijo haberle declarado la guerra a la corrupción en esa región, enviando un equipo especializado de 40 auditores para iniciar un proceso de fiscalización. Queda entonces por precisar cómo se distribuyen en el tiempo los más de 700 informes de control.
La revelación de estos datos coloca sobre la mesa la coordinación interinstitucional en la compleja brega contra la corrupción, donde se adivinan varios procesos truncos o que operan con constantes bloqueos, especialmente a través de las siguientes opciones: 1) la Contraloría no cumple con su función de control; 2) la Contraloría realiza la denuncia pero el Ministerio Público no investiga, o el caso no culmina en acusación; 3) el Ministerio Público denuncia pero el Poder Judicial no instruye el proceso, o habiendo iniciado el proceso declara inocente al acusado; 4) el caso fue mal construido debido a pericias mal practicadas o pruebas insolventes, o porque los implicados fueron en realidad inocentes.
Sin una exhaustiva indagación, nadie estaría en condiciones de afirmar cuál de las opciones es la más recurrente, aunque lo más probable es que todas ellas ocurran. En cualquiera de las circunstancias es preciso dilucidar las razones de las fallas en las etapas de control, investigación y juzgamiento. Sería un gran tema para la agenda de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, cuya altura quizás no le permite detectar las brechas en el sistema.
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