La corrupción se desborda a lo largo y ancho del país.
Los destapes, denuncias y acusaciones de estos días sobre varios líderes regionales constituyen, más allá de la pretensión de procesar a una banda de ladrones, una crisis severa de la regionalización pero, en general, de la política peruana.
No es poca cosa, para empezar, este operativo contra el crimen organizado, con camuflaje político, que se ha plasmado en la orden de detención de 29 personas por presuntos actos ilícitos en Áncash, incluyendo al presidente regional César Álvarez, alcaldes provinciales, dirigentes de construcción civil, periodistas y sicarios, entre otros.
Álvarez, sin embargo, parece ser una pieza central de esta agrupación pero quizá no sea la cabeza de una red con extensiones profundas en la que se ha enredado la crema de la crema de lo peor de la sociedad ancashina, llegando al crimen, y remedando el desmadre putrefacto que el fujimontesinismo construyó a nivel nacional en los noventa.
Que la corrupción no tiene bandera ni ideología, y que se produce en toda tienda política, se refleja en la decisión de la fiscalía supranacional de formalizar una investigación preparatoria preliminar al presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, y a 37 personas, por encabezar una red de corrupción alrededor de obras públicas licitadas de manera amañada que fueron detectadas por la Contraloría General.
Áncash y Cajamarca no son, como es obvio, las únicas regiones donde se están levantando el Perú –profundo y mafioso– en peso, pues la corrupción se encuentra bastante extendida.
En Ayacucho, Wilfredo Oscorina está acusado por malversación de fondos y lavado de dinero proveniente de tragamonedas y corrupción; Félix Moreno en el Callao, por defraudación en obras de inversión pública; Jorge Acurio fue suspendido en Cusco por delitos de colusión desleal y aprovechamiento indebido del cargo; Luis Picón en Huánuco por malversación de fondos; Iván Vásquez en Loreto por peculado doloso, aprovechamiento indebido del cargo y colusión agravada; y Gerardo Viñas de Tumbes, ha sido denunciado por la Contraloría por corrupción, intento de violación, realizar actos proselitistas con fondos del Estado, y atacar a periodistas.
Si eso ocurre en las regiones, en los distritos –del interior y de Lima– sucede lo mismo, desde los populares como San Juan de Lurigancho hasta los pitucones como San Isidro.
La corrupción no distingue ideología, partido, ni ámbito administrativo, y lo poco de la misma que hoy se está viendo por todas partes lo comprueba, y explica mucho de lo que pasa (para mal) y no pasa (para bien) en el Perú.
Los destapes, denuncias y acusaciones de estos días sobre varios líderes regionales constituyen, más allá de la pretensión de procesar a una banda de ladrones, una crisis severa de la regionalización pero, en general, de la política peruana.
No es poca cosa, para empezar, este operativo contra el crimen organizado, con camuflaje político, que se ha plasmado en la orden de detención de 29 personas por presuntos actos ilícitos en Áncash, incluyendo al presidente regional César Álvarez, alcaldes provinciales, dirigentes de construcción civil, periodistas y sicarios, entre otros.
Álvarez, sin embargo, parece ser una pieza central de esta agrupación pero quizá no sea la cabeza de una red con extensiones profundas en la que se ha enredado la crema de la crema de lo peor de la sociedad ancashina, llegando al crimen, y remedando el desmadre putrefacto que el fujimontesinismo construyó a nivel nacional en los noventa.
Que la corrupción no tiene bandera ni ideología, y que se produce en toda tienda política, se refleja en la decisión de la fiscalía supranacional de formalizar una investigación preparatoria preliminar al presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, y a 37 personas, por encabezar una red de corrupción alrededor de obras públicas licitadas de manera amañada que fueron detectadas por la Contraloría General.
Áncash y Cajamarca no son, como es obvio, las únicas regiones donde se están levantando el Perú –profundo y mafioso– en peso, pues la corrupción se encuentra bastante extendida.
En Ayacucho, Wilfredo Oscorina está acusado por malversación de fondos y lavado de dinero proveniente de tragamonedas y corrupción; Félix Moreno en el Callao, por defraudación en obras de inversión pública; Jorge Acurio fue suspendido en Cusco por delitos de colusión desleal y aprovechamiento indebido del cargo; Luis Picón en Huánuco por malversación de fondos; Iván Vásquez en Loreto por peculado doloso, aprovechamiento indebido del cargo y colusión agravada; y Gerardo Viñas de Tumbes, ha sido denunciado por la Contraloría por corrupción, intento de violación, realizar actos proselitistas con fondos del Estado, y atacar a periodistas.
Si eso ocurre en las regiones, en los distritos –del interior y de Lima– sucede lo mismo, desde los populares como San Juan de Lurigancho hasta los pitucones como San Isidro.
La corrupción no distingue ideología, partido, ni ámbito administrativo, y lo poco de la misma que hoy se está viendo por todas partes lo comprueba, y explica mucho de lo que pasa (para mal) y no pasa (para bien) en el Perú.
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