SIETE DIAS CASMA

Nacional Presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén, revierte feroz tijeretazo presupuestal con obras por impuestos.

Al Pie del Canon

Guillén visita las obras de lo que será el impresionante Puente Chilina, realizado por Southern, Interbank y Backus.

Juan Manuel Guillén despacha en el local del gobierno regional de Arequipa, en la avenida Kennedy. Todavía tiene que atender varios problemas relacionados con el sismo de la semana anterior, pero lo demora un encuentro no programado en su agenda. Durante 90 minutos escucha pacientemente a la delegación que viene del colegio Dean Valdivia en Mollendo. Cinco alumnos -3 vehementes jovencitas, 2 muchachos más callados- vienen acompañados de maestros y padres de familia. Llaman la atención de los medios characatos con un plantón en la Plaza de Armas. El colegio tiene fisuras que vienen del terremoto del 2001. Durante el gobierno aprista fue declarado colegio emblemático y se comprometieron fondos para su reconstrucción pero esa categoría fue eliminada por la actual administración. Con el reciente sacudón de 6.9 grados, el Instituto de Defensa Civil acaba de declararlo inhabitable.
Por teléfono, Guillén les gestiona una cita con la ministra de Educación, Patricia Salas, y por lo pronto se compromete a que el gobierno regional asuma las obras, pero para eso deberán empezar de cero con la formulación del expediente técnico. Los chicos, que han tomado las aulas desde hace una semana y amenazan con huelga de hambre, exigen los arreglos para ayer y dicen que no pueden comprometerse a nada hasta consultar con los demás. Las chicas lloran de la frustración. Guillén les advierte sobre las responsabilidades que conlleva el liderazgo.
–Por lo que veíamos con los escolares de Mollendo, no puede dejar de ser profesor.
–Yo llegué a la vida política desde la universidad. Fui rector hasta el 31 de diciembre del 98 y al día siguiente ya estaba instalado en la municipalidad. Pasé de ser un pato de agua dulce a un pato de agua salada.
–Dice que todos los días tiene reuniones como esta. ¿No le da miedo el asambleísmo?
–Tiene riesgos. Pero hace años que planteamos la necesidad de un nuevo Pacto Social. Nuestro modelo democrático es de partidos. Pero está en crisis porque no tenemos partidos con envergadura nacional y los movimientos regionales no pueden ocupar ese espacio. En la práctica muchas organizaciones sociales y los llamados frentes han reemplazado a los partidos. Y hay que conversar, coordinar y negociar con estos frentes. Tengo muchas reuniones con dirigentes que representan a sus poblados, pidiendo proyectos de agua y desagüe. Ellos nos ayudan a gestionar los recursos, supervisar los proyectos, gestionarlos.
–El otro extremo es el involucramiento de la gran empresa. Puente Chilina pone a Arequipa a la vanguardia de la modalidad de obras por impuestos. ¿Cómo se concretó el proyecto?
–En términos de competencia es un proyecto local. Pero la Municipalidad nos delegó las competencias hace 3 años porque no tenían los recursos. Convocamos a un concurso para que se forme un consorcio de empresas interesadas. Quedaron Southern, Interbank y Backus. Las tres formaron Urbis, que las representa y asume las relaciones con nosotros. Ellos finalmente contrataron la empresa que formule el expediente técnico y se hiciera cargo de la construcción. Como la supervisión técnica está a cargo del gobierno regional, sobre el avance de la ejecución vamos otorgando certificados por los montos que van invirtiendo. Estos certificados los presenta el consorcio al MEF para que los reconozca como pagos a cuenta de sus impuestos. Vamos S/. 59 millones de un total de S/. 245 millones. Y esperamos pagar los certificados a partir del próximo año. Porque el MEF nos comienza a descontar de nuestro presupuesto.
–¿Entonces el gobierno regional es una especie de garante?
–Somos al final los que financiamos el proyecto, contra los ingresos futuros de nuestro presupuesto. Lo que tenemos como ventaja es un préstamo por adelantado sin intereses.
–Es un modelo interesante.
–Muy interesante, porque nos permite resolver un problema urgente. Pagaremos esto en unos 4 años. Un proyecto de 562 metros, dos puentes paralelos, cada uno con 3 vías, una de las cuales va a servir para el sistema integrado de transporte (n. de r.: del estilo del Metropolitano) que va a descongestionar los puentes tradicionales que tienen una sobrecarga vehicular brutal. Y como conecta 5 distritos va a obligar a construir vías periféricas. Una de ellas es el eje residencial, que puede significar una inversión superior a los S/. 200 millones para resolver gran parte de la congestión que tenemos en Arequipa.
–¿Hay otros proyectos importantes bajo este paraguas?
–En Calloma, la zona de Pedregal donde se ha instalado Majes-Sihuas, hay un proyecto municipal de agua y desagüe con el Banco de Crédito por más de S/. 50 millones. Si no me equivoco, por el monto es el segundo de su rubro en el país. Es una manera de descentralizar el país.
–Y uno intuye que, como es su dinero, la empresa privada se va a encargar de hacer las cosas bien.
–Finalmente son sus impuestos y no van a querer pagar más de lo que les corresponde. Como se asigna un monto fijo no se pueden hacer gastos ni obras adicionales. Desde el comienzo el proyecto tiene que estar bien definido y por eso ellos están presentes en ese proceso. Nos libera de todos los tiempos de los procesos públicos, de estar involucrados en todos los problemas de eficiencia y calidad de la obra. Para nosotros ha sido un aprendizaje muy importante.
–¿Ya habían previsto la disminución del canon?
–El año pasado se recibió información de la caída de los precios.
–¿De ustedes o del gobierno?
–Con el gobierno. Pero cuando se dieron a conocer las cifras del presupuesto 2013 se nos asignaron montos fijos, por lo que suponíamos que el MEF ya había hecho los cálculos. Y al final no eran fijos, pues eran variables. Se nos comunica esta disminución a fines de julio, cuando nos giraron los montos que nos correspondían. Esperábamos S/. 165 millones y hemos recibido S/. 89 millones. Ha significado un impacto sumamente delicado por nuestro compromiso con el Banco de la Nación para el proyecto Majes Sihuas II, que son S/. 57 millones anuales.
–¿Y ahora?
–El gobierno asignó un monto de S/. 750 millones contra recursos futuros para estos proyectos afectados, de los cuales al gobierno regional le correspondía S/. 170 millones. Nos quedan unos S/. 18 millones.
–Con sumas y restas, ¿perdieron con la sustitución del aporte voluntario por el nuevo régimen tributario minero?
–Perdimos todo el aporte voluntario. Del gravamen minero no recibimos nada, aunque sí tengo que reconocer que en convenios con los ministerios de Vivienda, Educación y Transportes hemos tenido transferencias importantes por unos S/. 185 millones.
–¿Es una fórmula redistributiva dado que el gobierno central termina recaudando más?
–Claro, lo ideal hubiera sido que los recursos lleguen directamente y no a través de los ministerios. Pero más problemas tienen los gobiernos locales. Estas transferencias son menores. Si no se fortalecen a los gobiernos locales, la descentralización se va a quedar.
–La reconcentración del último presupuesto es importante. El presidente del Congreso nos decía que no se quiere que gobernantes regionales y locales se hagan propaganda con un nuevo proceso electoral en ciernes. ¿Qué garantiza que ellos no hagan lo mismo?
–Creo que tiene algo de brujería. Todos estamos en el enredo.
–¿No es su caso?
–No voy a la reelección. Estoy contando cada día como un día casi de liberación.
–Un político toma vacaciones pero no se jubila.
–Extraño intensamente mi vida universitaria. Los años en San Agustín han sido los mejores. Pretendo combinar la docencia con la relación con organizaciones juveniles que están empezando a proliferar. Ahí hay un potencial y una fuerza que ha sido muy maltratada.
–¿No le interesa tanto asociarse a alguien a las próximas presidenciales?
–No. Necesitamos un nuevo Estado. Es sumamente atrasado, ineficiente. Tenemos el problema de una burocracia que impone literalmente sus decisiones sobre las decisiones políticas de quienes gobiernan el Estado.
–¿Tiene el gobierno un norte político?
–Lo que falta es el partido de gobierno. El gobierno es de personas más que de instituciones. Y eso implica concertar alianzas para cada región del país, que no son alianzas que vienen del partido político sino que son más bien coyunturales. Y fragmenta mucho el diseño de una política de Estado.
–¿Pero acaso no es un gobierno fragmentado?
–Tenemos una muy buena relación con el presidente Ollanta Humala y nos consideramos sus aliados pero es cierto lo que usted dice. Hacen falta políticas de Estado y por el momento el Acuerdo Nacional es un papel firmado.
–Con o sin intención, ¿el Presidente no ha socavado el diálogo político?
–El Presidente está en contacto cotidiano con los problemas que requieren soluciones inmediatas y no tiene en cuenta siempre los objetivos de mediano y largo plazo.
–Cuya falta es captada por la ciudadanía. ¿No nos puede ayudar eso a interpretar más finamente las encuestas?
–Hay una especie de intuición popular que identifica esos problemas. Me parece fundamental el tema del crecimiento con inclusión. La gente lo asocia con puestos de trabajo más que con programas asistencialistas.
–¿Y esa insatisfacción puede incubar nuevas salidas antisistema?
–Se están gestando bolsones explosivos. La minería artesanal e informal es una situación delicada y la respuesta hasta la fecha no es lo suficientemente definida. Desde el gobierno regional estamos haciendo el máximo esfuerzo para dialogar con ellos. ¿Cuál es la gran limitación? Que la formalización implica la participación de quienes tienen las grandes concesiones donde esos mineros trabajan, y como no aceptan firmar estos contratos, se establece una relación perversa. Los explotan, les compran los minerales a precios irrisorios, contrabandean. Hay que comenzar por revisar el estado de esas concesiones.
–¿Podemos hablar de una economía negra que involucra a los concesionarios?
–Exactamente. Hablamos de un derecho más o menos indefinido.
–¿Cuántos mineros informales tienen en Arequipa?
–Son 50 mil, que involucran a un cuarto de la población que tenemos en Arequipa. El otro tema es la combinación de narcotráfico, contrabando y senderismo. Un porcentaje enorme de nuestras familias vive de esta economía negra. Y hay que tener en cuenta cuántas expectativas sociales están quedando insatisfechas en el sector público, en el magisterio, en salud. Si sumas esos escenarios tenemos un panorama potencialmente explosivo.
–¿Cómo caminan los grandes proyectos mineros en la región?
–Con las empresas que trabajan en Arequipa la relación es buena. Con Cerro Verde hemos logrado algunos acuerdos importantes. Se ha financiado una planta de agua potable con aportes de la empresa y en proceso hay otra de aguas servidas. En camino hay proyectos de cobre en Castilla y de hierro en Caravelí. Está pendiente Tía María en Islay. En todos estos casos nos parece fundamental la relación con la población y la obtención de una licencia social. No intentar imponer a sangre y fuego ningún proyecto. (Entrevista: Enrique Chávez)