Política Frente a un Congreso que se portó ciego y sordo, la protesta que saltó del Facebook y el Twitter a la calle.
Los Indignados
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Miércoles
17, apenas dos hora después de aprobada la ‘repartija’ en el
Parlamento, jóvenes se pronunciaron en la Plaza San Martín.
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Pero los parlamentarios no parecían digerir el alcance del desastre. Martha Chávez lo atribuyó a una conjura y “sembradas” en los medios.
Víctor Isla, el presidente del Legislativo, explicó que “en todos los congresos del mundo se discuten las cuotas respecto a la representación que se tenga”.
Pero la lección de ciencia política pasó por alto lo esencial: en el fondo no se criticaba el cuoteo parlamentario sino la partidización grosera de instituciones garantes de la independencia de poderes.
Más cuando se quería mandar al Tribunal Constitucional a un abogado fujimorista que asume regularmente causas impresentables.
Y cuando pretendían enviar a la Defensoría del Pueblo, una institución de prestigio ganado a pulso, a la expersonera del partido de un expresidente envuelto en un serísimo caso del que difícilmente se recuperará y que hoy es aliado del gobierno.
¿Qué lectura podían hacer en el Parlamento para no ver el toro que se les venía por Abancay?
DETRÁS DE LA PROTESTA
El mismo miércoles 17 de la aprobación, la marcha convocada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos concluyó con enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía, luego que los primeros intentaron irrumpir en la Plaza de Armas.El lunes 22 por la noche la convocatoria fue más nutrida y en la Plaza San Martín se llegaron a congregar hasta 8 mil personas. Partidos de izquierda como Patria Roja, Ciudadanos por el Cambio, Movimiento de Afirmación Social (MAS), Tierra y Libertad, y agrupaciones universitarias como Integración Estudiantil y la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) también llegaron.Estuvieron presentes exaliados del gobierno como Manuel Dammert, Verónika Mendoza y Rosa Mávila. También Marco Arana.
El fuerte resguardo policial del Centro de Lima llevó a los “indignados” al Campo de Marte.
Pero en el trayecto el reclamo que más sonó fue “¡Al Congreso!”.
Así se hizo y pegaron la vuelta.
En la avenida Abancay, el contingente policial ya los aguardaba. Cerca de 400 hombres de la Dinoes y la Divproc, sumado a la caballería de asalto, habían formado tres líneas. Dos “rochabús” también estaban apostados.
Entonando “Y dónde está ese gobierno inclusivo y popular”, “Fuera los Corruptos” y “No a la repartija”, se produjo el choque cerca de la vieja Biblioteca Nacional.
Los recibieron con ocho bombas lacrimógenas.
El grupo policial Terna, especializado en tácticas urbanas, capturó a 11 protestantes, que fueron llevados a la Comisaría de San Andrés.
Al promediar las 9:30 p.m. se reabrió el tránsito de vehículos.
Los “indignados” amenazan nuevas marchas para el 27 y 28 de julio.
Y se fusionarán con el piteo ya agendado. Rocío Silva Santisteban, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, anunció que acompañarán a la CGTP y la CITE en su marcha contra la ley del Servicio Civil, programada para el sábado 27.
EL DEFENSOR EN FUNCIONES
El miércoles 24 los congresistas dejaron finalmente sin efecto los cuestionados nombramientos hechos una semana antes, controversiales sobre todo por Rolando Sousa (TC) y Pilar Freitas (Defensoría).Pero al cierre de edición la Confiep se sumaba a la dura advertencia hecha por Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, que instó al Congreso a mantener el nombramiento de los economistas Francisco Gonzales, Drago Kisic y Gustavo Yamada.“Es una carencia institucional que creo que nos debilita en cuanto a calificación crediticia”, declaró a Canal N.
“Conozco a todas las ternas que eligió el Congreso desde la Constitución de 1979 y probablemente ésta sea una de las mejores que se han formado hasta ahora”, dijo.
Mientras tanto, los nombrados para el Tribunal Constitucional declinaron uno a uno su derecho a asumir el cargo. El último fue Sousa, que envió la comunicación vía correo electrónico desde Jerusalén, donde se encontraba de vacaciones con su familia.
La indignada carta de renuncia de Pilar Freitas reclamaba que “las declaraciones agresivas, pero sin pruebas, las imputaciones que no tienen ninguna evidencia deben terminar. Soy una abogada y madre trabajadora, y las infundadas imputaciones han alcanzado a mis propios hijos”.
El Defensor del Pueblo encargado, Eduardo Vega, reúne las condiciones para cubrir el impasse (CARETAS 2292) y debería quedarse al frente, incluso ser ratificado por el Congreso.
Pero, como él mismo lo reconoció, el gobierno no le tiene mucha estima a su gestión.
“Creo que hay varios temas que nos enemistaron con el gobierno, pero la Defensoría nunca puede ser cómoda con el gobierno. Defensor que no es incómodo no es defensor”, declaró.
Dadas las circunstancias, la incomodidad le significaría varios puntos al Ejecutivo.
OPINAN LOS TC
Consultados por CARETAS, el expresidente del TC, Ernesto Álvarez Miranda, y el magistrado Fernando Calle, ensayan sugerencias para mejorar un método de elección que parece haber colapsado.Álvarez indica que nuestra “arquitectura constitucional” está diseñada de modo que solo los legisladores pueden elegir a los magistrados del TC”.“Lo que cabe enmendar es que los propuestos no necesariamente provengan de las bancadas parlamentarias sino que sean propuestos, por ejemplo, entre los jueces jubilados de la Corte Suprema, por las facultades de derecho de las universidades –privadas y públicas–, Colegio de Abogados de Lima y Colegio de Abogados de Arequipa. Más la realización necesaria de un concurso público de méritos que podría realizarlo el Consejo Nacional de la Magistratura”, añade.
Para Álvarez, lo ideal sería que el Congreso “se tenga que sujetar a un universo más pequeño de candidatos propuestos de manera más institucional. Y entre ellos elegir a los más afines a la corriente de opinión pública que representa cada bancada. El peligro de la forma actual es que se traslade la lucha y correlación de fuerzas del Congreso a la sede del Tribunal”.
Calle, que prepara un libro sobre reformas del Estado con un capítulo para el TC, coincide también en una evaluación objetiva y pública.
“La invitación no debe asegurar que sea elegido, no se debería eximir de la audiencia pública que antes era hasta televisada”, dice sobre el tan repetido manoseo. “Lo ideal es que la prensa y los congresistas pregunten y pongan todas las tachas de forma pública para después recién votar. En el proceso actual da la impresión de que han esperado que se junten tantos cargos para poder hacer esa denominada ‘repartija’”.
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