Gobierno convocará a estudiantes para debatir proyecto de Ley Universitaria
Pero universitarios exigen antes de iniciar el diálogo que se archive el proyecto que aún se debate en la Comisión de Educación del Congreso.
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Publicado: Hace 1 hora
El Gobierno ha anunciado que convocará a los
estudiantes para debatir el proyecto de Ley de Reforma Universitaria, lo
cual constituye la primera reacción 'oficial' del Ejecutivo ante esta
iniciativa legislativa que aún se debate en la Comisión de Educación del
Congreso. Juan Jiménez, presidente del Consejo de Ministros, ha dicho que el Ejecutivo aún no tiene una postura "clara" sobre el proyecto, lo cual resulta llamativo pues éste se discute hace meses en el Parlamento y ha ocasionado la protesta en las calles de miles de universitarios.
Aunque el gobierno nacionalista ha expresado que abordará el problema con una actitud "dialogante y concertada", los estudiantes desconfían del Ejecutivo y, por ello, reclaman que el proyecto sea archivado antes, para luego abrir paso a un debate nacional sobre la mejor manera de mejorar la educación universitaria.
“Nuestra posición es firme. Nosotros estamos dispuestos a dialogar en este caso con el Gobierno, en la medida que se archive este proyecto de ley“, dijo Luis Durán, vicepresidente de la Federación de Estudiantes del Perú.
Según la legisladora fujimorista Cecilia Chacón, el proyecto en cuestión ha sido presentado por un legislador de Gana Perú, y ha dejado entrever que incluso podría provenir directamente del Ejecutivo.
En cambio, la peruposibilista Carmen Omonte, quien también integra la Comisión de Educación, ha dicho que es "innecesario pedir el archivamiento del proyecto", porque no se puede ignorar lo avanzado.
En la actualidad, la Comisión de Educación ha aprobado ocho de los dieciséis capítulos de la iniciativa legislativa. En vano, el legislador de Perú Posible, Daniel Mora se empeñó, como presidente de la Comisión de Educación, en que el proyecto fuese aprobado en la legislatura pasada.
Uno de los capítulos más polémicos es el que crea una Superintendencia de Universidades, encargada de fiscalizar a las universidades privadas y públicas, que en la práctica desactiva a la Asamblea Nacional de Rectores. El mecanismo de elección de la autoridades universitarias, así como también que las universidades se rijan bajo el Poder Ejecutivo pues, critican los detractores, se estaría perdiendo la autonomía universitaria.
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