15:13 - 21 Agosto 2013
Sabino Ponce opina hoy sobre la querella presentada por el presidente regional de Áncash contra periodistas de Chimbote.
El derecho a las libertades de prensa y
opinión es un derecho fundamental protegido por el artículo 2º inciso 4
de nuestra Carta Magna. Todos los ciudadanos tenemos la libertad de
opinar, criticar o cuestionar la conducta de las autoridades, quienes
-les guste o no- están sujetas al control social y al cuestionamiento
público por sus acciones o conducta. Con mayor razón ese control social y
de fiscalización lo ejerce el periodismo.
Pero los periodistas en los últimos
tiempos se han visto limitados por el derecho de empresa debido a que
los propietarios de los medios de comunicación, en su mayoría,
prefiriendo sus intereses económicos personales, han vendido la cabeza
de muchos periodistas críticos de las gestiones de los gobernantes de
turno. Eso lo vivimos en todo el Perú y creo que a nivel mundial; sin
embargo, es lamentable que muchos medios de comunicación social de
nuestra ciudad estén secuestrados por los gobernantes.
En democracia debemos privilegiar la
libertad de opinión, mas no la libertad de empresa, porque muchos
propietarios negocian a expensas de periodistas independientes y
transparentes. Hago este comentario porque nos hemos enterado de que los
periodistas César Quino y Santos Paredes, junto a Noé García, han sido
querellados por el presidente regional. ¿Cuál es el objetivo contra los
periodistas? Posiblemente hacer que los condenen para callarles la voz y
así no puedan criticarlo más. Y respecto a Noé García, buscaría
intimidarlo para que el Canal 55 sea sumiso o suave con el presidente.
En verdad es indignante lo que viene
sucediendo en nuestra región Áncash. No se puede tolerar más abusos ni
amenazas del poder de turno. El pueblo debe analizar y comprender que
estamos entrando a vivir en una ciudad con reglas de la “Ley de la
Selva”, donde el más fuerte vence a los demás, donde no se respeta las
leyes y solo se favorecen ellos. La pruebas más contundente son las
querellas, las cuales tienen un matiz muy peculiar al ser tramitadas por
algunos jueces del Poder Judicial con una celeridad increíble y
direccionadas a condenarnos. Pero cuando se trata de investigar las
muertes de inocentes o los actos de corrupción, ¡cómo se dilata los
plazos para luego lograr su archivamiento o prescripción! ¿Por qué no se
da igual trato a todos?
Hemos sido testigos del bochornoso video
de un periodista sobón, adicto al gobierno regional, quien con el mayor
desparpajo agrede a la autoridad policial y, lo más grave, llama al
presidente de la Junta de Fiscales para que le envíe un fiscal que lo
defienda de la policía, y, para colmo, llega la fiscal y ordena que el
señor se vaya a su casita sin responder por las agresiones y daños
ocasionados a la comisaria. ¡El colmo! ¿Acaso eso no es corrupción?
¿Acaso eso no acredita que el señor Farro está sometido al poder
amarillo?
La población chimbotana debe ponerse de
pie y decir basta a tantos abusos, debemos exigir la presencia de
autoridades nacionales para que nos escuchen y se tomen acciones
inmediatas. Hay que gritarle al presidente de la República que en Áncash
la democracia está en peligro, que la sangre seguirá corriendo si no se
detiene a las mentes maquiavélicas sedientas de perpetuarse en el
poder.
La querella contra mi persona no es
casualidad. Ni es casualidad la querella contra los valientes
periodistas. Queremos justicia de parte del Poder Judicial y están a
tiempo de mostrarle a Chimbote que tienen independencia y criterio de
conciencia, porque en otros distritos judiciales jueces probos han
resuelto que las querellas son infundadas cuando se denuncia por la
opinión crítica a una autoridad o funcionario público. Por eso, mi
solidaridad con los periodistas y, como decía mi madre: decir la verdad
no es delito, sí lo es la tiranía.
Sabino Ponce Roso
Decano del Colegio de Abogados del Santa
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