EL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH Y SU GENEROSIDAD PARA CON EL MINISTERIO PUBLICO Y EL PODER JUDICIAL

Si el archivamiento de varias denuncias sobre la actual administración del gobierno regional de Áncash ha generado dudas sobre el trabajo fiscalizador del Ministerio Público y el Poder Judicial, ahora un convenio firmado entre estas instituciones y dicha jurisdicción genera más suspicacias.
Para supuestamente mejorar la prestación de los servicios públicos y contribuir a la seguridad jurídica del país, el presidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, firmó en 2009 un convenio con el Poder Judicial (PJ) para optimizar el servicio de administración de justicia del distrito judicial del Santa. En ese entonces, el presidente del PJ era el polémico magistrado Javier Villa Stein, el mismo que presidió la sala que rebajó condenas del grupo Colina.

El gobierno regional de Áncash se comprometió a construir e implementar locales para el Poder Judicial, y además donar tres vehículos para los juzgados de Huarmey, Casma y Nuevo Chimbote.
Para hacer efectivo este convenio, Álvarez Aguilar expidió una resolución ejecutiva regional en julio de 2011. El Gobierno Regional de Áncash desembolsó más de 15 millones de soles para este fin.

Sin embargo, dicha autoridad no solo pensó en la infraestructura y vehículos para las instituciones de justicia, sino que también se ofreció a apoyar la capacitación de los magistrados en el extranjero. Por ejemplo, 12 magistrados de la Corte Superior del Santa, incluido el titular, participaron en el curso “Técnicas Avanzadas del Contra Interrogatorio” que se realizó en San Diego, California, Estados Unidos, del 19 al 21 de octubre de 2012. Estos jueces son: - Nicolás Ticona Carbajal, Linda Vanini Chang, Carlos Maya Espinoza, Eloy Sotelo Mateo, Roma Cruz Avilés, Pedro Rodríguez Huayaney, Mardelí Carrasco Rosas, Richard Concepción Carhuancho, Walter Sánchez, Daniel Vásquez Cárdenas, Frey Tolentino y Ángela Cárdenas

Lo extraño de este “curso de capacitación” es que, en el marco de la supuesta implementación del nuevo Código Penal en Chimbote, los magistrados viajaron a un país cuya legislación es muy diferente a la nuestra. Es más, en el convenio se sostiene que uno de los objetivos del viaje es que los hombres que administran justicia puedan reforzar sus “técnicas de interrogatorio”. Estos magistrados también fueron capacitados en Áncash y recibieron exposiciones de expertos internacionales. Para todas estas actividades se contó con un presupuesto de más de 47 mil soles.
En 2008, el presidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, firmó un convenio con la entonces fiscal del Nación, Adelaida Bolívar Arteaga. En este acuerdo la autoridad regional, que asumió el cargo en 2007, se comprometió a utilizar los recursos de todos los ancashinos y transferir dos millones de soles para construirle un local al Ministerio Público en Chimbote.

¿MAL USO DE CANON? El abogado ancashino Gilmer Asís Ortiz sostuvo que el Gobierno Regional de Áncash no puede beneficiar a entidades ajenas y tendrá que ser investigado. Consultado sobre la ‘generosidad’ de Álvarez Aguilar hacia el Ministerio Público y el Poder Judicial, el letrado respondió que es extraño que estos convenios se den justo cuando varios funcionarios regionales tienen procesos judiciales.

“Es evidente que su objetivo es recibir un trato privilegiado y benevolente en el Poder Judicial. Acá estamos hablando de los presuntos delitos de usurpación de funciones, peculado doloso, peculado de uso, malversación de fondos, cohecho activo y negociación incompatible. Todos estos actos son graves, ya que varios funcionarios del gobierno regional afrontan procesos en las instancias del Poder Judicial”, sostuvo Asís Ortiz.

Asimismo, el abogado refiere que en la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, se establece que los jueces “están prohibidos de aceptar de los
litigantes, de sus abogados o por cuenta de ellos, donaciones, obsequios, atenciones, agasajos o sucesión testamentaria a su favor o a favor de su cónyuge, concubino, ascendientes o hermanos”.

En ese sentido, explicó que esta norma prohíbe a los magistrados recibir cualquier capacitación o viaje de un gobierno regional y recalcó que los magistrados que hayan aceptado estas “donaciones” habrían cometido el delito de cohecho pasivo propio.
HUGO GONZALES .Corresponsal en Áncash del Diario 16