Vivimos tiempos difíciles en los que la corrupción se ha convertido en el Sida social del Perú por ser contagiosa y está avasallando diversas instituciones del Estado que han caído en descrédito ante la ciudadanía.
Con lo denunciado esta semana que termina por dos empresarios casmeños contra dos alcaldes distritales que ni siquiera se han dignado responder, podríamos concluir que la política se ha convertido en una empresa de sociedad anónima en la que quienes aportan dinero para la campaña electoral deben recibir después favores como obtener la buena pro de obras o acceder a cargos públicos.
“Tradicionalmente se ha dicho que la corrupción es un cáncer, pero en mi modo de ver esto ha derivado en Sida porque el cáncer no es contagioso pero el Sida sí”, dijo un especialista en el tema de corrupción y agregó que antes los políticos eran soñadores y terminaban pobres porque buscaban el bienestar común, pero ahora se convirtió en una empresa de sociedad anónima. Es un tema estrictamente comercial, dice Italo Pizzino en una de las entrevistas concedidas a un programa de noticias.
Por otro lado, Vila Espinoza lamentó que los regidores en los municipios no ejerzan su función fiscalizadora, ya sea porque no les interesa o desconocen el funcionamiento orgánico de una institución, y no piensan ni ven que este problema atenta contra la gobernabilidad porque la corrupción hace perder la confianza en las autoridades.
En ese marco, se hace necesario que las autoridades políticas, en especial los congresistas, presenten proyectos para castigar severamente a quienes se apropien de dinero de la Nación incrementando las penas por delitos de función por peculado, concusión, etc.
No podemos continuar con sistema en los que alguna de las penas para quienes cometan actos ilícitos dentro de las instituciones del Estado sean de apenas dos años, por lo que después puede volver tranquilamente a seguir laborando en el aparato estatal.
Por eso es que ha sido como un terremoto político escuchar las declaraciones al noticiero de Rafael Chacón, de Aldo Meza Torres y Siete Dias casma, del empresario casmeño Italo Pizzino. Hasta hoy, no había forma de comprobar como funcionan estas mafias. En estas entrevistas se resumen la metodología de la corrupción municipal en la persona de un presunto corruptor dispuesto a denunciar a las también presuntas autoridades corruptas.
Se acusa a dos alcaldes distritales de “ incumplimieto de compromiso”. Don Jaime Estrada de Buenavista Alta y Don Marcos Rivero de Comandante Noel, habrían recibido apoyo económico y profesional para finalmente llegar a sus respectivas gestiones municipales, a cambio de darle una posición preponderante para su empresa en las futuras obras a licitarse. Pero, acusa el empresario Pizzino, los alcaldes ya en ejercicio no cumplieron con hacerle ganar en las obras convenidas de antemano.
El viernes pasado culminó el plazo que había dado el empresario constructor Italo Pizzino para que los alcaldes distritales les devuelvan su plata. ”Ya no quiero obras, Quiero mi plata nada más! , dijo en la entrevista. No se sabe nada al respecto , pero se comprometió a hacer una conferencia de prensa para enseñar las pruebas de toda sus denuncias.
Queremos pensar que esto será asi. Que habrá conferencia de prensa y pruebas de los arreglos ilícitos. Salvo que todo haya sido un chantaje para recuperar en “dinero invertido”
Lo más importante ha sido conocer el formato de la corrupción en los municipios y la manera como se financias campañas electorales a cambio de obras. Como se hacen alcaldes pero con gestiones comprometidas con empresarios que dan dinero para la campaña para luego cobran sus intereses con obras ganadas en licitaciones arregladas.
Lamentamos que el Minsiterio Público y los fiscales anticorrupción no hayan intervenido de oficio hasta la fecha. Parece ser que la lucha contra la corrupcion no está en la agenda de sus prioridades .
Finalmente, solo nos queda afirmar que los efectos perniciosos de la corrupción afectan cada vez más a la gestión del Estado ya que generan dudas sobre la legitimidad y transparencia de las instituciones públicas. La percepción generalizada de que “todos somos corruptos” se traduce en la falta de respeto a los empleados y servidores públicos.
La corrupción no nos permite un adecuado desarrollo económico y social, acompañado de un crecimiento moral; además, destruye la confianza de los ciudadanos, acentúa las diferencias sociales al fomentar la informalidad, incrementa la pobreza, mina la institucionalidad y afecta al sistema democrático.
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