Nada más que minería
Conclusión sobre la reciente convención minera celebrada en Arequipa
Publicado: 2013-09-27
El Perú, lo han repetido como un mantra en la presente Convención Minera y en cualquier evento relacionado, es un país minero. De acuerdo, lo es.
El país requiere –otra plegaria- de inversión privada para desarrollarse y crecer. En otras palabras: sin plata, contante y sonante, nada podemos emprender. De acuerdo.
La inversión, para que se haga efectiva, requiere de ciertas condiciones que hagan, al lugar donde se va a materializar, atractivo para los inversionistas. Los conflictos sociales los espantan como agua bendita al demonio. En desacuerdo.
Es verdad que los recursos minerales que abundan en suelo peruano son una riqueza natural que debe explotarse y convertirse en fuente de recursos. Los antiguos peruanos lo sabían y así lo hicieron. Y es verdad que, injusta pero innegablemente, eso requiere de grandes inversiones en las que la gran mayoría de peruanos no pintamos nada, pues desde la época colonial, somos mayoritariamente pobres. Y también es verdad que, para la economía mundial globalizada, este asuntito de la justicia social tampoco pinta nada: si no tenemos algo que vender o dinero para comprar, estamos fuera del juego. Punto.
Pero no es verdad que las sociedades hayan perdido sus valores, incluido el de la solidaridad, al punto de moverse sólo en función del dinero. Ni está bien que se promueva ese tipo de pensamiento, el de la “practicidad” y la “conveniencia”, como ideales supremos. Y no es verdad que la mayoría de peruanos, a pesar de nuestra pobreza, nos hayamos resignado a ser ciudadanos de segunda clase, cuya opinión pueda desecharse por el hecho de tener el bolsillo plano. Como tampoco es verdad que, para echar andar la cadena recursos-inversión-desarrollo sea necesaria la sumisión.
El gran potencial de negocio que supone la explotación minera, no requiere incentivos adicionales al de su propia y altísima rentabilidad. Por eso asusta ver el mapa del Perú y, especialmente el de Arequipa, completamente lotizado, como una tupida malla, con las concesiones mineras ya autorizadas por el Estado, con el desconocimiento total del ciudadano.
A pesar de que la minería, efectivamente, es la que proporciona actualmente recursos al Estado, no podemos construir desarrollo siendo eternamente exportadores primarios, ni podemos llamarnos una sociedad equitativa, mientras pese mucho más la opinión de Roque Benavides que la de Máxima Acuña de Chaupe y su familia, a quienes quieren despojar abusivamente de sus tierras.
La ecuación que quieren hacer entre minería y progreso es una falacia. Eso ocurre sólo si se dan determinadas condiciones. Allí está la ciudad de Cerro de Pasco para demostrarlo: destrozada, contaminada y envilecida, tras un siglo de explotación minera. Cambiar eso, es potestad del Estado, pero eso no ocurrirá mientras tengamos un ministro lambiscón de los adinerados como Jorge Merino Tafur, fan de Conga y de cualquier cosa sonante, quien firmó, en secreto, un nuevo convenio de estabilidad tributaria con la minera Cerro Verde, negándose a dar cualquier explicación sobre las implicancias de este hecho en la futura tributación de la minera.
Lo ha dicho la propia jefa de la Sunat, Tania Quispe, depender tanto de la minería nos hace vulnerables. Y agachar siempre la cabeza nos hace indignos, por no combatir la injusticia. La actitud complaciente de Alfredo Zegarra, inaugurando una pista minutos antes del evento minero y de Juan Manuel Guillén, ofreciendo una “donación“ de terrenos a los multimillonarios mineros; deberían contrapesarse con la exigencia mínima a Cerro Verde de: 1) que no se acoja a privilegios al momento de pagar sus impuestos, 2) que pague por el agua que utilizará para su ampliación de operaciones; 3) que se revise el costo de la planta de “La Enlozada”, pues a mayor costo, menos utilidades y menos impuestos; y 4) que respete la ciudad evitando poner sus banderolas en la Plaza de Armas, algo que a nadie –excepto a ellos- se les permite.
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