El Ejecutivo detuvo, con una serie de observaciones, la llamada ‘Ley Mordaza’, norma aprobada por el Congreso que penaliza con cárcel a los periodistas que difundan audios o videos obtenidos de interceptaciones ilegales. Dichas modificaciones consideradas por los congresistas como "de forma y no de fondo" han abierto un debate sobre el "interés público".
La firma del presidente Ollanta Humala decidió a última hora del jueves cinco puntos de cambio a la autógrafa aprobada en el Parlamento por unanimidad. El mandatario cumplió así con el plazo dado por el Legislativo para encontrar una solución a la polémica desatada por la difusión de comunicaciones privadas obtenidas ilegalmente, práctica mejor conocida como chuponeo.
La observación más importante sustituye la frase "o que contravengan al ordenamiento legal" por "o que sean de interés público". Es decir, exenta de responsabilidad penal a los periodistas para difundir comunicaciones que tuvieran un contenido delictivo.
Para el Ejecutivo, además se deberá agregar los verbos "interceptar y grabar", y cambiar la palabra "indebidamente” por "ilícitamente". Ello en cuanto a la manera de conseguir los audios o videos sobre la base de la norma aprobada en el Congreso que penaliza con cárcel a los periodistas que difundan material obtenido de interceptaciones ilegales y que plantea modificar el artículo 162 del Código Penal y castigar hasta con cuatro años de prisión la difusión de comunicaciones privadas que no impliquen "delito perseguible".
El último punto de las observaciones precisa que los periodistas solo estarán exentos de responsabilidad penal, al publicar una comunicación ilícita de interés público, siempre y cuando "no hayan tenido intervención directa ni indirecta en la obtención ilícita de dichas comunicaciones".
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