LA REQUISA DE CHIMBOTE
Otro hecho que merece atención ocurrió el pasado 13 de julio a la 1 pm. Aquel día, los fiscales anticorrupción Fernando Jiménez Rodríguez, Francisco Javier Estrada, Miguel Ángel Vilca y Cristian Enrique Aceijas, apoyados por un grupo de policías, allanaron la casa del congresista por Solidaridad Nacional (SN) Heriberto Benítez, ubicada en la calle Los Pinos 600, urbanización La Caleta, en Chimbote, buscando equipos de interceptación telefónica.
Benítez acusó a los fiscales de ingresar a su inmueble sin mandato judicial, pero no es cierto. Las autoridades registraron la primera planta, donde operaba una oficina de imagen del presidente regional de Ancash César Álvarez. No encontraron los aparatos y se marcharon.
Si el río suena es porque piedras trae. Benítez fundó una ONG con Rodolfo Orellana y luego se convirtió en un asiduo colaborador de la revista Juez Justo.
El incidente revela que, al menos, un sector del Ministerio Público tenía la pista que sindica a Orellana, Jiménez y Benítez en presuntas actividades de interceptación telefónica.
El documento de inteligencia que se alega apócrifo está cargado de información verosímil. El problema es que las investigaciones que la Fiscalía lleva adelante contra Orellana y su organización avanzan a paso de tortuga, en parte por las presiones que ejerce el abogado a través de la revista Juez Justo y del programa televisivo del mismo nombre en Canal 11.
“Es una organización nacional muy poderosa”, aseguró la procuradora antidrogas Sonia Medina. “Es por eso que las investigaciones no avanzan”.
Durante largo tiempo varios personajes, entre ellos Jiménez y Benítez, han sido sindicados como alfiles en el tablero de Orellana. No es un señalamiento baladí. El primero es el ex jefe del legendario Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) que capturó a Abimael Guzmán, en 1992, y el segundo es un congresista que se ha presentado como el abanderado de la lucha contra el narcotráfico.
A los tentáculos en la Policía y el Congreso se sumaría el corazón del Poder Judicial. Recientemente trascendió que Orellana ha reclutado como abogado al ex juez supremo Robinson Gonzales. Ahora que la multitud de juicios se encamina hacia la Corte Suprema, la contratación de Robinson resulta estratégica.
El registro de personas y empresas perjudicadas por Orellana y compañía es vasto. Entidades bancarias como el Banco Interamericano de Finanzas (BIF), el Banco de Crédito y el Scotiabank han sufrido millonarias estafas de Orellana. El último fue embaucado hasta en 5 ocasiones por un total de US$ 3.5 millones.
En la larguísima lista figuran también la Municipalidad de La Victoria y hasta la Fundación por los Niños del Perú. Una de las víctimas, Jorge Pazos Holder, el dueño de la Corporación Educativa CESCA, denunció el año pasado que Orellana hizo explotar su automóvil Mercedes Benz, en San Isidro.
Otro objetivo de la red es la procuradora Julia Príncipe, quien investiga desde octubre de 2010 al abogado y su organización por lavado de activos. A ella, la revista Juez Justo le ha dedicado siete portadas, acusándola de enriquecimiento ilícito, malos manejos y hasta inconducta funcional.
“Aquí en La Victoria hemos sufrido la presión de Orellana, pero lo nuestro es un juego de niños comparado a otros casos”, admite el alcalde Sánchez-Aizcorbe. “Lo raro es que después de ventilarse todas estas denuncias no pase nada y todos ellos sigan libres de polvo y paja como si nada. Es el poder que tienen”.
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