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jueves, 24 de noviembre de 2011

Justicia ::::

Caso Chehade: La Cuadrada de la OCMA


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Chiclayo, Jueves 17
Segundo Juzgado Civil Transitorio de Chiclayo

Fotos exclusivas de la visita sorpresa de Enrique Mendoza, jefe de la OCMA, al juzgado en Chiclayo desde donde salió la resolución ilegal que ordenaba el desalojo de Andahuasi.

En el primer ambiente de la oficina dirigida por la jueza Rosa María Mejía Chumán, el equipo de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) sorprendió a un secretario en plena siesta. La jueza despachaba con cuatro secretarios. Empalideció al ver al vocal supremo Enrique Mendoza irrumpir en su despacho chiclayano, la mañana del jueves 17.

–Buenos días –doctora, la despabiló Mendoza–. Esta es una inspección de la OCMA.

La información manejada es que, desde ese juzgado, salió la resolución sin fecha ni firma que le fue entregada al general PNP (r) Guillermo Arteta, el pasado 7 de octubre en el Potao, y que disponía el desalojo de la azucarera Andahuasi a favor del Grupo Wong.

Mendoza llegó de modo reservado a Chiclayo el día anterior, el miércoles 16, con un equipo de jueces auditores. A las 9 de la mañana siguiente, Mendoza ingresó solo a la Corte Superior de Chiclayo e informó del carácter secreto de su viaje al presidente de este colegiado, el vocal Ricardo Ponte.

Una hora después, Mendoza y su equipo se dirigieron a pie hacia el viejo local del Poder Judicial, a unas 3 cuadras de la Plaza de Armas. Irrumpieron como una ráfaga al segundo piso, donde se ubica el Segundo Juzgado Civil Transitorio encabezado por la jueza Mejía Chumán, chiclayana de 42 años.

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Facsímil de la resolución sin fecha ni firma que le fue entregada al general Arteta en el Potao, el 17 de octubre.

INTERVENCIÓN Y REQUISA

Mendoza le preguntó por su estilo de trabajo, la carga procesal y los “procesos emblemáticos” de su despacho. Ella respondió escuetamente. Estaba nerviosa. Mendoza, entonces, fue directo al grano. Le solicitó su opinión sobre el caso del vicepresidente Omar Chehade y el proceso de la azucarera Andahuasi. Mejía se tomó unos segundos antes de responder y, finalmente, sostuvo que el expediente estaba “en orden” y que podía ser revisado.

“Eso haremos”, zanjó Mendoza y luego se dirigió hacia los 4 secretarios del despacho. Les hizo múltiples preguntas sobre el mismo caso y ante ciertas contradicciones entre ellos, la jueza les hizo una seña con las manos para que guarden silencio.

Los magistrados auditores luego se llevaron todos los folios del ‘expediente Andahuasi’, No 6609-2009-1706-JR-CI-10JCTCH para su análisis en Lima. Eran casi las 2 de la tarde cuando abandonaron la sede judicial de Chiclayo.

DOS TESTIMONIOS CLAVES

Según fuentes judiciales de alto nivel, se recibió la versión del juez del Segundo Juzgado Civil de Chiclayo, Daniel Esquén, quien acusó a Mejía de ser la autora de la resolución sin fecha ni firma que Miguel Chehade, el hermano del vicepresidente, llevó a Arteta para su ejecución, el 7 de octubre.

El documento fue mostrado por el programa ‘Sin Medias Tintas’ el 31 de octubre (ver fascímil). Inicialmente, el contencioso Andahuasi estaba en manos del juez Esquén, pero éste alegó que, con el ánimo de aligerar la carga procesal en el distrito judicial de Lambayeque, el expediente llegó al despacho del Segundo Juzgado Civil Transitorio. “Es la doctora Mejía la que ha tramitado todo”, es la versión brindada por Esquén.

Otro testimonio clave recibido por los investigadores es la versión de una de las secretarias de la propia jueza Mejía, que indica haber recibido 3 llamadas telefónicas de Miguel Chehade entre el 28 de setiembre y el 6 de octubre.

La mañana del viernes 18, Mendoza y los auditores de la OCMA revisaron durante 2 horas el expediente del Caso Andahuasi. Casi a esa misma hora, en su despacho congresal del edificio Roberto Ramírez del Villar, el aún segundo vicepresidente respondía las 100 preguntas del Ministerio Público.

Chehade se tomó 3 horas con 30 minutos para absolver todas las preguntas. Se declaró inocente, pero todo se le complica, como ocurre con otro de los invitados a la cena en ‘Brujas de Cachiche’, el director de la Policía, general Raúl Salazar, quien admitió que recibió a Liliana Humala, prima del Presidente, para tratar otro desalojo, el del Camal de Yerbateros, a favor de Giovanni Paredes. Liliana es una de las abogadas de Paredes.

Ha trascendido que el pleno del Congreso sesionará la próxima semana para debatir el informe de la Comisión de Ética que aprobó la suspensión de Chehade por 120 días sin goce de haber. Si esto ocurre, Chehade quedaría fuera del Congreso hasta junio próximo. Pero, a juzgar por las indagaciones de la OCMA, sus aprietos no habrían terminado. (Américo Zambrano)

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