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Actualidad :::: Ampliación de la carpeta de extradición abre las puertas a nuevo juicio contra Fujimori y revive la cloaca de los diarios chicha.

Del Indulto al Insulto

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El fallecido ex alcalde Alberto Andrade fue uno de los objetivos principales de la demolición. S/.122 millones fueron desviados.

La ampliación de la carpeta de extradición de Alberto Fujimori, por parte de la Corte Suprema chilena, es una noticia que no le podían dar en un peor momento.

Ocurre cuando la batalla que libra por conseguir un indulto presidencial llegó al punto que solicitó mediante carta pública ser entrevistado por Raúl Vargas de RPP Noticias (y columnista en estas páginas). De inmediato, el Instituto Nacional Penitenciario denegó el pedido. El presidente del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, fue sometido al fuego graneado de los críticos, que cuestionan cómo una interpretación del reglamento de la organización penitenciaria puede sobreponerse a un derecho consagrado en la Constitución.
Comenzaba a montarse un entretenido debate sobre la libertad de expresión. Pero justo entonces, apenas minutos después de que Keiko Fujimori abandonara el martes 13 la radioemisora, revivió con fuerza el incómodo recuerdo de las viles artes de las que se valió el gobierno de Fujimori para hacerse de una prensa adicta y demoler a cualquier figura de la oposición que comenzara a levantar cabeza.
Esos sí eran tiempos como para ponerse a pensar en la libertad de expresión.
La cloaca se abrió de nuevo para recordar que a inicios de 1998 apareció el diario El Tío, propiedad de Azi Wolfenson y dirigido por José Olaya, que marcó un antes y después en la historia del sicariato amarillo peruano.
A mediados del año siguiente, seis diarios chicha ya demolían diariamente al exitoso alcalde de Lima, Alberto Andrade. Además del mencionado pasquín, se unían a la ofensiva La Chuchi, El Mañanero, El Chato, El Chino y Más.
Luis Castañeda también pasaría por la moledera, al igual que periodistas de oposición como Gustavo Mohme Seminario. Detrás maquinaban oscuros personajes como Héctor Faisal, Augusto Bresani, Saúl Mankevish, Ricardo Winitsky y Daniel Borobio.
El negocio no era vender periódicos. El surtidor de difamaciones también “trabajó” para revistas como Sí y Gente, pero el objetivo principal era influir en el voto de los ciudadanos de menor educación con una pared de titulares colgados en los kioscos. Debió ser de las estrategias fujimoristas más ruines para explotar la condición de buena parte de su base electoral.
La sentencia de la jueza María Eugenia Sandoval Gouet emitida el pasado 14 de setiembre, y apelada por la defensa de Fujimori, fue ratificada por la Corte Suprema chilena con voto dividido.
Sandoval no aceptó la solicitud de extradición por el caso de la sobrevaloración en la compra de tractores chinos, pues el mismo suscribió. Pero, según el fallo, en la historia de los diarios chicha “existe una desviación o sustracción de fondos del Estado ordenada por la máxima autoridad política encargada de la gestión, administración e inversión de sus fondos, para fines no públicos, sino de su propio y particular interés político”.
Como lo confirmó el procurador anticorrupción Julio Arbizu a CARETAS, el cálculo de fondos procedentes de los institutos armados y desviados por el SIN de Vladimiro Montesinos con estos fines entre 1998 y 2000 es de S/.122 millones. “Se pagaban entre US$ 500 y US$ 2,000 por titular”.
En la página 25 de la sentencia de la jueza Sandoval se incluye la respuesta que Fujimori le dio al interrogatorio de la justicia chilena en la prisión de la Diroes en noviembre pasado.
Fujimori respondió que lo que autorizó fue la construcción de infraestructura por parte de las Fuerzas Armadas, en el marco de la estrategia de recuperar a la población que simpatizaba con el terrorismo.
“Añadió que no se dispuso dinero del Estado en particular a las Fuerzas Armadas, ni se utilizaron para fines de la campaña de reelección o el manejo de los “Diarios Chicha”, ya que considera que no lo requería y más bien fue un crítico con los titulares burdos que pretendían apoyar su campaña”.
Pero la evidencia de la que se sirvió la jueza para aprobar este nuevo juicio suma una verdadera avalancha. Arbizu recuerda que “por ese mismo caso han sido condenados Montesinos, los comandantes generales y los dueños de los diarios chicha. Se registran las declaraciones de todos ellos”. La sentencia por peculado es hasta de 8 años y los juicios terminaron en el 2006.
Y según esto, Fujimori no solo se encargó de ordenar la implementación de las llamadas “Reservas” 1, 2 y 3.
El capitán EP ® Mario Ruiz Agüero, asistente de Montesinos, declaró que “el señor Fujimori llamaba personalmente para preguntar sobre los titulares que iban a salir en los diarios”. Wilber Ramos Vieira, el otro asistente del “Doc”, confirmó que este informaba al entonces presidente del contenido infamante de los titulares y que incluso acudía a Palacio, fólder bajo el brazo, para recibir el visto bueno.
Según Arbizu, el proceso se encuentra en etapa intermedia, a la espera de la acusación de la Fiscalía. Fujimori se encontraba por esto con mandato de detención por lo que, dice el procurador, ni siquiera un indulto lo sacaría de la Diroes.
Será un juicio sumamente impertinente para el fujimorismo. Obviamente, los crímenes contra los derechos humanos por los que ya fue sentenciado el ex presidente son de extrema gravedad. Pero Fujimori tampoco apretó el gatillo en Barrios Altos. Al final, ante los ojos de parte de la opinión pública, siempre podía jugar a su favor que detrás se libraba la lucha contra el terrorismo de una secta demencial.
En cambio, en la tradición más antidemocrática que cultivó el “Chino”, aquí quedó acreditado el montaje de un sistema corrupto de demolición de la oposición. Fue una de las más perversas herencias del fujimorismo. Si tanto quería hablar el ex presidente, ahora podrá volver a hacerlo en los tribunales.