SIETE DIAS CASMA

‘Se Han Dejado Infiltrar’

Ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, revela que profesores ligados a la “ideología del terror” han penetrado el SUTEP.

El abogado especialista en DD.HH. Wilfredo Pedraza es el cuarto titular del Interior en el año de gobierno de Humala.

Wilfredo Pedraza, 50, andahuaylino, es el cuarto ministro del Interior en solo el primer año del gobierno de Ollanta Humala. Su nombramiento supone un cambio significativo en la acción represiva en el manejo de los conflictos sociales, motivo de la caída del gabinete Valdés a inicios de julio. Pedraza es abogado especializado en derecho penal, penitenciario y derechos humanos. Ha sido dos veces presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE); fue coordinador en la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y director del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo. Dice que fue el premier Juan Jiménez, con el que coincidió en el gobierno de transición, quien lo convocó para el puesto y que en su primer encuentro con el presidente Ollanta Humala éste le dijo: “No quiero un muerto más en conflictos”.–Se han reportado incidentes violentos en Juliaca relacionados a las protestas de profesores ligados al Conare y se temen nuevos incidentes. ¿Cuál es su evaluación de los hechos?
–Ese es un foco de preocupación. La violencia que generan los profesores vinculados al Conare, que no hacen deslinde con el terrorismo, y que en Juliaca pretendieron tomar el aeropuerto, nos preocupa. Los hemos denunciado penalmente y también hemos mandado un grupo de Dinoes a Juliaca.
–¿Qué información tiene respecto a las denuncias de infiltración del Movadef senderista en el sector Educación?
–En las protestas de los docentes se ha detectado la participación de personas vinculadas al Movadef, que tiene una clara orientación ideológica vinculada a Abimael Guzmán, y del Conare, que diría más bien es una suerte de organización ‘neosenderista’ que trabaja con más agudeza en la búsqueda de conflictos. Sabemos que ambos organismos están peleando por el dominio del SUTEP. Lo que nosotros vamos a hacer es aportar información para demostrar los vínculos de sus líderes con el terrorismo.
–¿Cómo explica esta situación?
–El SUTEP se ha dejado infiltrar. Profesores ligados a la ideología del terror, que han sido condenados por terrorismo, no deben estar en las aulas.
–¿Qué se está haciendo al respecto?
–He conversado con la ministra de Educación, Patricia Salas, y estamos buscando el mecanismo legal para evitar la infiltración senderista. Es preocupación del gobierno que gente vinculada a hechos tan graves como el terrorismo tengan presencia en nada menos que la educación. Eso sí, impunidad no habrá.

CAJAMARCA EN EMERGENCIA

–¿Es un exceso de confianza o de ingenuidad política prometer que no habrá un muerto más en conflictos sociales?
–Esa expresión la recojo de un diálogo privado con el Presidente y, por supuesto, es una aspiración. No soy un cándido y reconozco que un conflicto puede generar situaciones penosas, pero trataremos de que eso no sea consecuencia de una acción policial exacerbada. Ni un muerto más supone eso: más racionalidad, más diálogo y los mayores esfuerzos para evitar que alguien se vea afectado.–Vladimiro Huaroc dijo en un determinado momento que “Conga es un ejemplo de lo que no se debe hacer”. ¿Usted comparte ese punto de vista?
–En todo lo que pasó antes, sin duda. Quizá pasó por la falta de previsión, la terquedad de algún sector o la ideología, la poca comunicación o el estado de estrés. Los policías que estuvieron en Cajamarca enfrentaron la situación con poco equipamiento. Nuestro policía no se caracteriza exactamente por una excelente preparación. Es un tema que vamos a trabajar a mediano plazo. Por el momento hemos tomado algunas decisiones: el responsable policial de Cajamarca ya no es el director regional. Es un general de la Policía que responde directamente al Comando en Lima, cosa que rompe la tradición policial. Él tiene instrucciones clara de ser persuasivo, de dialogar, de usar la fuerza solo cuando corresponda. La instrucción del Presidente es no volver a usar armas letales a menos que existan evidencias razonables de riesgos que afecten la vida de ciudadanos o del propio policía.
–El presidente regional de Cajamarca volvió a romper el diálogo. ¿Por qué se amplió por 30 días más el estado de emergencia en Cajamarca?
–La información que tiene el gobierno es que habría perspectivas de continuar haciendo actos de agitación, de reanudar los bloqueos de pistas y, por lo tanto, generar inseguridad. El diálogo de fondo aún no comienza. El gobierno recién va a nombrar a los negociadores, de modo que no hay que patear el tablero antes de comenzar el juego. La prórroga del estado de emergencia es un tema revisable en la medida que haya compromisos recíprocos con los dirigentes cajamarquinos de respeto a la propiedad y a la vida.
–El gobierno ha anunciado una reforma en la Policía que pasa por una reestructuración interna de gran envergadura. ¿Cómo se llevará a cabo?
–El gobierno ha pedido facultades delegadas al Congreso porque esta es una reforma integral que abordará tres temas centrales: mejoraremos las condiciones salariales de la Policía, repotenciaremos las unidades principales para el combate contra el crimen organizado y mejoraremos la ejecución de gasto. Entonces yo creo que de aquí a un año vamos a tener, por lo menos, 300 comisarías adecuadamente equipadas, 900 patrulleros más y una institución donde los que ganan menos percibirán más. (Américo Zambrano)