REVISTA INFORMATIVA SIETE DIAS
CASMA
Edición No. 362 sábado 04 de
agosto 2012
Resumen semanal de noticias
O1.- Ayer 3 de agosto del 2012 se cumplieron diez años de la promulgación en
el Perú de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Nº
27806. Transcurrida una década es buena ocasión para preguntarnos si como
consecuencia de esta norma:
¿El Estado es más transparente
que antes?
¿Las personas pueden acceder
fluidamente a la información que les interesa y que está en poder del Estado?
¿Qué aspectos de la Ley no han
funcionado o han funcionado mal?
¿Qué cambios se requieren hacer
para mejorar los niveles de transparencia y de satisfacción del derecho de
acceso a la información?
Con ocasión del 10º aniversario de la promulgación de esta Ley, se puede
concluir que el avance es lento, pero que hay pasos adelante como es el caso de que el 66% de los gobiernos
regionales ya tiene su portal de transparencia..
Es lamentable que no haya fluidez en la entrega de información. Muchas
instancias públicas no proporcionan la información que se solicita. Se nota
entonces que no hay procedimientos sancionadores para los que incumplen la ley.
Solo se puede acceder a denunciar por Abuso de autoridad en la modalidad de
incumplimiento de funciones o un Habeas Data para que finalmente se entregue la
información que se le solicita.
Durante la vigencia de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se ha registrado anualmente un crecimiento sostenido de los procesos de
Hábeas Data. Esta situación pone en evidencia la
importancia de regular los derechos fundamentales por la vía legal, como forma
de promover su conocimiento y su ejercicio ciudadano.
La gran mayoría de las demandas de Hábeas Data evaluadas han
sido declaradas fundadas por el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. Se
constata entonces que desde ese punto de vista, las entidades encargadas de
garantizar la vigencia del derecho al acceso a la información pública han
tenido un desempeño bastante aceptable en cuanto a la evaluación de fondo de
los problemas que se le han planteado. No obstante, los problemas que
caracterizan la tramitación de los procesos judiciales en general, y de los
constitucionales en especial, afectan drásticamente la eficacia de estas
resoluciones y se yerguen como desincentivos importantes para acudir a la vía
judicial. En ese sentido, la excesiva dilación del proceso por el uso indebido
de las excepciones procesales constituye una de las prácticas más comunes de
los abogados o procuradores de las entidades demandadas. En el caso de las
entidades privadas que brindan servicios públicos, persiste la creencia de que
no están reguladas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
De otro lado, el impacto de dichas sentencias en la gestión
general de la administración pública ha sido mínimo. A pesar de la gran
cantidad de sentencias declaradas fundadas, aún se puede observar en la
administración pública la negativa a brindar información mediante el empleo de
argumentos que ya han sido rebatidos hasta la saciedad en sede constitucional.
Si bien es rescatable el gran porcentaje de sentencias
declaradas fundadas, aún los criterios empleados por los jueces y vocales para
resolver los procesos de Hábeas Data no son uniformes. En ese mismo sentido, el
empleo sistemático de jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del propio
Poder Judicial en el proceso de elaboración de sentencias es aún escaso.
Finalmente, la abismal diferencia entre la cantidad de Hábeas Data presentados en las Cortes de Lima y los de todas
las demás Cortes del país, según los registros oficiales del
Poder Judicial, genera una hipótesis sobre posibles problemas vinculados a la
capacidad de ejercer fuera de la capital el derecho al acceso a la información
pública -así como del acceso a la justicia para buscar su protección- que deben
ser analizados con mayor profundidad.
En el caso concreto de la municipalidad provincial de Casma , en esta
gestión del alcalde José Montalván , no hay predisposición a cumplir la ley, a
pesar de que fue ofrecimiento de campaña electoral. Por ejemplo, este programa
PERIODÍSTICO solicitó información sobre la campaña médica de los galenos cubanos,
sobre el curriculum de los trabajadores Víctor Hugo Shio Cabanillas y Oscar
Leyva y hasta ahora no la entrega. Es necesario que se capacita o se cambie al
personal responsable de hacer cumplir esta ley de transparencia y acceso a la
información Pública.
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