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El sicariato mediático de los "comandos"

En Áncash no solo asesinan a los opositores, también los difaman, insultan y hostigan, recordándonos la dictadura fujimontesinista

"Hay una distinción que no se ha hecho y que creo fundamental: distinguir entre medios y periodismo. Estos líderes latinoamericanos se llevan muy mal con el periodismo que controla al poder, que viene de la tradición del Watergate, pero no necesariamente se llevan mal con los medios, porque hay medios que defienden sus intereses".

-“Medios y política vistos desde el ejercicio del periodismo”, María O'Donnell-

César Alberto Sánchez Lucero I República Kafkiana

Publicado: 2014-03-23

En Áncash se les llaman "comandos" a quienes pertenecen o simpatizan con el movimiento político Cuenta Conmigo, que lidera el presidente regional, César Joaquín Álvarez Aguilar. Suelen desplazarse en hordas vistiendo polos amarillos con la letra "C" en el pecho cada vez que el mandamás de la región lo requiera: paros, huelgas, marchas, contramarchas, plantones, etcétera. Se ha denunciado más de una vez que los comandos son obligados y hasta pagados por salir a las calles y que utilizan además los recursos públicos, no obstante los responsables viven en la impunidad total.

Hay comandos en toda la estructura regional. Desde militantes de a pie que trabajan en las diferentes instituciones públicas, forman bases y sirven de portátiles que agreden periodistas, hasta funcionarios que hacen proselitismo repartiendo almanaques con el rostro de César Álvarez. Sin embargo, hay un grupo de comandos que sin estar en la administración regional, son los principales defensores de los intereses de la actual gestión del Gobierno Regional de Áncash (desde el 2006): los operadores mediáticos.
Todos los días los conductores de televisión comandos (que poseen la mayoría de canales locales): Nelson Vásquez Baca, Juan Segundo Espinoza Linares (alias “El Caballito Justiciero” Jhony Espinoza), Rosa Alicia Olivares de La Cruz (alias “Rossy Olivares”, hasta hace algunos años) y Sandor Renilla Horna, entre otros, repiten la misma nota de prensa en sus respectivos canales y programas, adulando y pontificando a César Álvarez y a sus amigos, y difamando, insultando y hostigando, con toda clase de vulgaridades y argumentos ad hominem, a quienes lo cuestionan, critican o denuncian.



En Áncash nadie cree que esta defensa fanática y rabiosa a César Álvarez sea espontánea o de buena voluntad. Juan Calderón, candidato a la presidencia regional, denunció que desde una casa en Chimbote denominada “La Centralita”, mensualmente se destinaban 500 mil soles mensuales del erario público para comprar jueces, fiscales, policías, congresistas y a los arriba mencionados. En el 2012 el testigo Juan Carlos Barrios Ávalos confirmó las declaraciones de Calderón y reveló además que en "La Centralita" se hacían seguimientos a los enemigos de Álvarez y que desde allí se planifico el atentado contra Ezequiel Nolasco, donde fue asesinado su hijo político. El año pasado, a pesar de las pruebas, el caso fue irregularmente archivado.
Entre los incontables casos perpetrados por estos pseudo periodistas, podemos resaltar la campaña de difamación contra la fiscal Nancy Moreno, quien se dedicó a investigar las casi 700 denuncias, en su mayoría contra el Gobierno Regional de Áncash, por delitos de corrupción de funcionarios y peculado; los insultos propinados al Monseñor Ángel Simón Piorno por criticar la vergonzosa labor que realizan los conductores de televisión comandos, quienes como Sandor Renilla lo llamaron "delincuente con sotana" y Jhony Espinoza "enviado del demonio", entre otros adjetivos.



Los spots difamatorios contra los principales periodistas opositores del régimen alvarista, que denuncian los casos de corrupción y sicariato ocurridos en la región; los ataques a los promotores de la Marcha por la Paz, a quienes se les llamó de todo en diversos programas de televisión comandos por pronunciarse contra los crímenes y delitos en Áncash, especialmente a Juan Calderón y Modesto Julca, quien desde el Congreso de la República realizó importantes denuncias que fueron archivadas, como explica un informe realizado por La República: "El arte de despedir fiscales".



Los canales donde se producen estos programas cuentan con costosos y modernos equipos cuyos dueños no podrían costear. Por ejemplo, en el 2010 Jorge Luis Balbis Castro, dueño de los canales comandos 15 y 27, fue denunciado por lavado de activos, puesto que sospechosamente de la noche a la mañana compró equipos valorizados en más de 400 mil dólares. Otro canal comando es el 31, del congresista de Perú Posible por Áncash Víctor Crisólogo, quien es un defensor convicto y confeso del presidente regional, acusado de una supuesta injerencia en el Ministerio Público y el Poder Judicial en favor de César Álvarez.
Martín Belaunde, amigo de Álvarez y dueño del diario La Primera, también estuvo involucrado en el caso "La Centralita", al igual que los congresistas Heriberto Benitez y Víctor Crisólogo. Es más, Belaunde declaró que Jorge Burgos, asesor de imagen de Álvarez y sindicado por el recientemente asesinado Ezequiel Nolasco como quien le enviaba amenazas de muerte, trabajaba para él en Ilios Producciones, empresa que le hacía publicidad.
Uno de los casos más emblemáticos de la articulación entre el poder político, judicial y mediático lo protagonizó Sandor Renilla, pseudo periodista comando que al ser detenido ebrio por haberle roto los vidrios a un taxista, llamó al mismísimo Fiscal Superior del Ministerio Público del Santa, Hugo Farro Murillo, exigiéndole: "¡Mande por favor a un fiscal!". A las pocas horas fue liberado y se fue con los comandos Luis Arroyo Guevara, abogado de César Álvarez, y Nelson Vásquez, conductor de un programa local, quienes no esperaban en la entrada de la comisaría en una camioneta blindada.



Han pasado dos periodos desde que César Álvarez asumió el poder, o sea, ocho años, y todo esto ha sucedido en Áncash a vista y paciencia del resto de país, como si esta región viviera fuera del Perú y sus leyes. Si el menor de estos casos sucediera en Lima, todas las instituciones, organizaciones, ONG's, colectivos, etcétera, responsables de velar por la ética en la prensa peruana reaccionarían ipso facto y hasta promoverían su judicialización de ser necesario, pero cuando sucede sistemáticamente durante años en Áncash, sobre todo en Chimbote, nadie dice nada. Además, los periodistas y cualquier persona, sea político o civil, de oposición, si no pueden ser comprados, son denunciados y amedrentados por otros sicarios: los abogados de César Álvarez. Reciéntemente un periodista local fue condenado a un año de pena privativa de la libertad, suspendida a 6 meses, y a pagar 3 mil soles por la querella que le interpuso Álvarez. La campaña de mordaza contra la libertad de expresión continúa en Áncash impunemente. ¿Dónde están el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (INRT), la Sociedad Nacional Radio y Televisión (SNRTV), el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), el Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV), el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), el Colegio de Periodistas del Perú, etcétera? ¿Es justo abandonar a su suerte una región cuyos canales sirven para el sicariato mediático contra quienes se oponen al régimen de turno?
De comprobarse todas estas denuncias, el gobierno de César Álvarez vendría a ser un símil de la dictadura fujimontesinista: re-reelección, clientelaje político, toma de poderes, corrupción, asesinatos y sobre todo, el manejo de medios (caso Diarios Chicha) con dineros públicos para manipular a la población, delito por el cual actualmente está siendo juzgado el genocida, asesino y ladrón Alberto Fujimori. Además, de ser cierta la existencia de "La Centralita", ¡César Álvarez hasta tendría su propia "salita del SIN"!
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