Editorial: Armas proporcionales
La policía tiene por deber velar por la vida y la integridad de los ciudadanos, pero no la de ser masacrados por estos.
En Pichanaki
parece haberse repetido un desafortunado guion que, en la última
década, cada cierto tiempo es actuado en algún punto del país con la
misma desafortunada conclusión que aparentemente va a tener este caso:
la de terminar expulsando una inversión.
Igual que en Conga, para citar el último ejemplo más emblemático, en Pichanaki no se ha probado un daño ambiental generado por la empresa (de hecho, el trabajo en el pozo en cuestión nunca había pasado de exploratorio). Igual que en Conga, la empresa tenía la aprobación de las comunidades de su zona de influencia, que, sin embargo, para efectos prácticos, han resultado tener menos derechos o ser menos ciudadanos que quienes estuvieron dispuestos a la violencia a la hora de la “protesta social” (las principales federaciones indígenas de la selva central hicieron saber que no apoyaban las marchas).
También igual que en Conga, un grupo de aprovechados con gran poder de manipulación y fondos desconocidos ha hecho un eficiente trabajo de sembradores de insidia y mentiras (memorable ha sido un sacerdote que se paseó por la zona hace unos días distribuyendo videos de derrames de petróleo acaecidos en… otro lugar). Idénticamente a lo sucedido en Cajamarca, en fin, estos expertos de la labor de zapa lograron un estallido de violencia y ganarle la mano al Estado, haciendo que, por enésima vez, este tenga que sentarse en una “mesa de diálogo” (y encima de sus contratos y de la ley). Esto, luego de que muriese un estudiante de 25 años y se produjesen 144 heridos.
En medio de este contexto, ha sido muy desafortunado el papel cumplido por el Ministerio del Interior, cuyo titular parece o haber mentido o haber cantinfleado en público respecto al uso de armas de fuego por parte de la policía para reprimir la violencia.
Como se sabe, el 14 de enero de este año circuló un memorándum en el Ministerio del Interior para prohibir el uso de armas de fuego en el control de protestas sociales. Acaso para parecer coherente con ello, cuando estalló la violencia el ministro Urresti salió a declarar que los policías solo se defendían de la turba enardecida con escudos y gases lacrimógenos. Horas después, sin embargo, un comunicado oficial de su propio ministerio tuvo que admitir que “[…] las investigaciones preliminares […] demuestran que personal policial sí hizo uso de armas de fuego y de escopeta de perdigones” (lo que ayudaba a explicar los 33 heridos con armas de fuego, de los cuales ninguno era policía).
Más allá de este lamentable papel, está la pregunta sobre si la decisión tomada por el ministerio el 14 de enero tiene sentido o no, habida cuenta de que nuestras “protestas sociales” sí van muchas veces provistas de armas de fuego, y otras tantas, de sorprendentes niveles de crueldad en su trato con la policía: los policías degollados en el ‘baguazo’ luego de haberse rendido y el mayor Bazán, “desaparecido” hasta hoy por una turba “justiciera”, son solo el ejemplo más gráfico de esto. ¿Tienen nuestros policías el deber del martirologio incorporado en su misión?
No estamos implicando con esto, desde luego, que las protestas deban ser reprimidas con balas. Lo que estamos diciendo es que la protesta, a la que debe haber pleno derecho, venga ella bien fundada o no, no debe recibir, a cambio de llevar el apelativo de “social”, licencia para pasar por encima de los derechos de los demás, incluyendo los derechos a la integridad y la vida de los policías. Parte de la sociedad somos todos y, ciertamente, sociales también son los derechos de quienes integran las fuerzas del orden.
Al margen de lo que finalmente se determine que sucedió en Pichanaki, el memorándum del 14 de enero debe ser derogado. La policía tiene como deber velar por la vida y la integridad de los ciudadanos, pero no la de ser masacrados por estos. La proporcionalidad debe ser el criterio para medir el tamaño de la fuerza que pueda desplegar la policía en cada situación. Es decir, este tamaño debe venir determinado por el de la violencia que se usa contra ella, de modo que la policía pueda responder siempre con la cantidad de fuerza estrictamente necesaria –y ninguna más– que la que se usa para atacarla. Más sería anticonstitucional y abusivo, pero menos también, cambiándose simplemente el lado al que se deja libre para cometer el abuso.
Igual que en Conga, para citar el último ejemplo más emblemático, en Pichanaki no se ha probado un daño ambiental generado por la empresa (de hecho, el trabajo en el pozo en cuestión nunca había pasado de exploratorio). Igual que en Conga, la empresa tenía la aprobación de las comunidades de su zona de influencia, que, sin embargo, para efectos prácticos, han resultado tener menos derechos o ser menos ciudadanos que quienes estuvieron dispuestos a la violencia a la hora de la “protesta social” (las principales federaciones indígenas de la selva central hicieron saber que no apoyaban las marchas).
También igual que en Conga, un grupo de aprovechados con gran poder de manipulación y fondos desconocidos ha hecho un eficiente trabajo de sembradores de insidia y mentiras (memorable ha sido un sacerdote que se paseó por la zona hace unos días distribuyendo videos de derrames de petróleo acaecidos en… otro lugar). Idénticamente a lo sucedido en Cajamarca, en fin, estos expertos de la labor de zapa lograron un estallido de violencia y ganarle la mano al Estado, haciendo que, por enésima vez, este tenga que sentarse en una “mesa de diálogo” (y encima de sus contratos y de la ley). Esto, luego de que muriese un estudiante de 25 años y se produjesen 144 heridos.
En medio de este contexto, ha sido muy desafortunado el papel cumplido por el Ministerio del Interior, cuyo titular parece o haber mentido o haber cantinfleado en público respecto al uso de armas de fuego por parte de la policía para reprimir la violencia.
Como se sabe, el 14 de enero de este año circuló un memorándum en el Ministerio del Interior para prohibir el uso de armas de fuego en el control de protestas sociales. Acaso para parecer coherente con ello, cuando estalló la violencia el ministro Urresti salió a declarar que los policías solo se defendían de la turba enardecida con escudos y gases lacrimógenos. Horas después, sin embargo, un comunicado oficial de su propio ministerio tuvo que admitir que “[…] las investigaciones preliminares […] demuestran que personal policial sí hizo uso de armas de fuego y de escopeta de perdigones” (lo que ayudaba a explicar los 33 heridos con armas de fuego, de los cuales ninguno era policía).
Más allá de este lamentable papel, está la pregunta sobre si la decisión tomada por el ministerio el 14 de enero tiene sentido o no, habida cuenta de que nuestras “protestas sociales” sí van muchas veces provistas de armas de fuego, y otras tantas, de sorprendentes niveles de crueldad en su trato con la policía: los policías degollados en el ‘baguazo’ luego de haberse rendido y el mayor Bazán, “desaparecido” hasta hoy por una turba “justiciera”, son solo el ejemplo más gráfico de esto. ¿Tienen nuestros policías el deber del martirologio incorporado en su misión?
No estamos implicando con esto, desde luego, que las protestas deban ser reprimidas con balas. Lo que estamos diciendo es que la protesta, a la que debe haber pleno derecho, venga ella bien fundada o no, no debe recibir, a cambio de llevar el apelativo de “social”, licencia para pasar por encima de los derechos de los demás, incluyendo los derechos a la integridad y la vida de los policías. Parte de la sociedad somos todos y, ciertamente, sociales también son los derechos de quienes integran las fuerzas del orden.
Al margen de lo que finalmente se determine que sucedió en Pichanaki, el memorándum del 14 de enero debe ser derogado. La policía tiene como deber velar por la vida y la integridad de los ciudadanos, pero no la de ser masacrados por estos. La proporcionalidad debe ser el criterio para medir el tamaño de la fuerza que pueda desplegar la policía en cada situación. Es decir, este tamaño debe venir determinado por el de la violencia que se usa contra ella, de modo que la policía pueda responder siempre con la cantidad de fuerza estrictamente necesaria –y ninguna más– que la que se usa para atacarla. Más sería anticonstitucional y abusivo, pero menos también, cambiándose simplemente el lado al que se deja libre para cometer el abuso.
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