La Semana del Infierno es la prueba más dura a la que son sometidos los infantes que aspiran integrar las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOES) de la Marina de Guerra. Durante siete días los infantes no duermen y son obligados a realizar las pruebas físicas más extenuantes. Cubiertos de arena, siempre mojados, uniendo a nado, por ejemplo, la isla San Lorenzo con la costa en plena madrugada e inmediatamente después siendo asignados a otra prueba.
“La prueba enseña al individuo que la mente es más fuerte que el cuerpo”, describe el contralmirante Luis Giampietri. “Si no tienes la convicción de que vas a sobrevivir te quedas”, explica uno de los fundadores de la escuela de FOES en 1968.
Cuarenta años después el actual primer vicepresidente de la República se encuentra sometido al estrés de una Semana del Infierno político atizado por él mismo.
Parlamentario y miembro de la Comisión de Defensa, Giampietri fue quien introdujo en el proyecto de Ley del Bono Extraordinario para militares y policías la addenda que exige homologar los salarios con el de los parlamentarios en un plazo de cinco años. La iniciativa ha puesto de cabeza a los técnicos del MEF y diez días atrás el Ejecutivo observó la ley. Los argumentos contrarios a la ley se hicieron públicos en un extenso comunicado publicado en la prensa y rubricado por el presidente Alan García y el primer ministro Javier Velásquez Quesquén. Titulado “Responsabilidad Económica Para Servir a los Más Pobres”, fue reseñado en la edición pasada (CARETAS 2116).
Pero Giampietri no está dispuesto a guardar silencio. “Lealtad es no ser obsecuente”, replica secamente el marino. Considera que el comunicado no solo está equivocado, sino que es “confrontacional”. Prefiere pensar que el Presidente ha sido inducido al error por los técnicos del MEF, donde, dispara, “hay muchos antimilitaristas”, “ideologizados”, “que han trabajado con el FMI”. Calificativos de grueso calibre contra el MEF, donde insisten que la propuesta de homologación salarial desbarata la disciplina fiscal (ver entrevista al viceministro de Hacienda, Miguel Castilla).
No cabe duda que el debate ha puesto el dedo en la llaga y la mano en las billeteras de los uniformados.
Giampietri tiene una impresionante foja de servicios en la Armada. Calcula que le han disparado a matar por lo menos 20 veces a lo largo de su carrera militar. Fue comando en la Operación Verde Mar anticoca durante el gobierno de Fernando Belaunde, en 1980 y fue el oficial de más antigüedad durante las primeras horas del sangriento debelamiento del motín senderista en El Frontón, en 1986.
Entonces vio la muerte de cerca, pero nunca su vida estuvo tan expuesta –lamenta– como durante los 126 días de rehén del MRTA en la residencia del embajador de Japón en 1996. De ese otro infierno salió con vida gracias a la presencia de un diminuto micrófono escondido en una guitarra al que el almirante “cantaba” al exterior los movimientos de sus captores. Se trató de la clave del éxito de la Operación Chavín de Huantar, que rescató con vida a 71 rehenes.
Fue jefe de la zona de emergencia del Centro en 1993 y ascendió a Jefe de Estado Mayor de la Armada antes de pasar a retiro. Sin embargo, su sueldo de jubilación fue apenas de S/. 1,400, deducido en base a un sueldo mínimo de apenas S/. 0.075. Y ahora no parece dispuesto a dar su brazo a torcer. Dice que obedece a un criterio de conciencia. Presidió la comisión de Defensa del Plan de Gobierno del APRA en 2006 y una de las promesas fue la homologación de los salarios de los policías y militares con el de los congresistas. Dice “estar dispuesto a sacrificar el Bono Extraordinario por una solución estructural de los salarios”. El concepto clave es sinceramiento salarial. Es decir, la incorporación de las múltiples asignaciones no pensionables que reciben militares y policías en una planilla única. Por cierto, defiende la “cédula viva” vigente aún en el régimen de pensiones de los estamentos armados, y que reproduce los incrementos salariales a los efectivos en actividad al universo pensionista.
Trascendió que el gobierno anunciará un Bono Extraordinario para militares y policías de S/. 1,000 para el personal subalterno y S/. 700 para la oficialidad, por única vez, y no pensionable. Los desembolsos priorizarán al personal que haya resultado lisiado y a los deudos de militares y policías caídos en funciones.
El primer vicepresidente de la República está inmerso en las procelosas aguas de la política como un buzo de profundidad que gana terreno lenta e inexorablemente, haciendo públicas sus opiniones de manera calculada. Giampietri no es ningún neófito en política. Su cercanía a Alex Kouri, chalaco como él, es estrecha. Su admiración hacia Alberto Fujimori, pública.
Fue convocado por AGP al cargo de primer vicepresidente para reforzar la idea de seguridad y orden interno, recuerda. Pero no le queda claro si sus opiniones son valoradas. Sus responsabilidades en Palacio son básicamente protocolares: organizar el Foro de APEC, presidir la delegación peruana a China para la suscripción del TLC, atender a ilustres visitantes como el hermano del Emperador del Japón y su esposa en Lima y, por cierto, reemplazar al Presidente de la República las pocas veces que se ausenta del país. Por cierto, tiene enemigos jurados, y el juicio de El Frontón pende como una espada de Damocles sobre su cabeza, 25 años después.
Vive en una hermosa casona en La Punta que compró y restauró siendo contralmirante. Lo hizo con los ingresos de actividades privadas a las que se dedicó paralelamente a la actividad militar: inspecciones submarinas para seguros y clasificación de embarcaciones. “Yo puse la primera torre de Belco en el zócalo continental”, recuerda, “y me pagaron bien”. Lo hizo sacrificando vida familiar, dice, los sábados y domingos. Asegura que no pretende permanecer en la política culminado este gobierno, pero parece evidente que en las últimas semanas puede haber capitalizado buena parte del voto militar y policial. El electorado castrense no es suficiente para ganar una elección, pero es más que suficiente para conquistar una curul.
“La prueba enseña al individuo que la mente es más fuerte que el cuerpo”, describe el contralmirante Luis Giampietri. “Si no tienes la convicción de que vas a sobrevivir te quedas”, explica uno de los fundadores de la escuela de FOES en 1968.
Cuarenta años después el actual primer vicepresidente de la República se encuentra sometido al estrés de una Semana del Infierno político atizado por él mismo.
Parlamentario y miembro de la Comisión de Defensa, Giampietri fue quien introdujo en el proyecto de Ley del Bono Extraordinario para militares y policías la addenda que exige homologar los salarios con el de los parlamentarios en un plazo de cinco años. La iniciativa ha puesto de cabeza a los técnicos del MEF y diez días atrás el Ejecutivo observó la ley. Los argumentos contrarios a la ley se hicieron públicos en un extenso comunicado publicado en la prensa y rubricado por el presidente Alan García y el primer ministro Javier Velásquez Quesquén. Titulado “Responsabilidad Económica Para Servir a los Más Pobres”, fue reseñado en la edición pasada (CARETAS 2116).
Pero Giampietri no está dispuesto a guardar silencio. “Lealtad es no ser obsecuente”, replica secamente el marino. Considera que el comunicado no solo está equivocado, sino que es “confrontacional”. Prefiere pensar que el Presidente ha sido inducido al error por los técnicos del MEF, donde, dispara, “hay muchos antimilitaristas”, “ideologizados”, “que han trabajado con el FMI”. Calificativos de grueso calibre contra el MEF, donde insisten que la propuesta de homologación salarial desbarata la disciplina fiscal (ver entrevista al viceministro de Hacienda, Miguel Castilla).
No cabe duda que el debate ha puesto el dedo en la llaga y la mano en las billeteras de los uniformados.
Giampietri tiene una impresionante foja de servicios en la Armada. Calcula que le han disparado a matar por lo menos 20 veces a lo largo de su carrera militar. Fue comando en la Operación Verde Mar anticoca durante el gobierno de Fernando Belaunde, en 1980 y fue el oficial de más antigüedad durante las primeras horas del sangriento debelamiento del motín senderista en El Frontón, en 1986.
Entonces vio la muerte de cerca, pero nunca su vida estuvo tan expuesta –lamenta– como durante los 126 días de rehén del MRTA en la residencia del embajador de Japón en 1996. De ese otro infierno salió con vida gracias a la presencia de un diminuto micrófono escondido en una guitarra al que el almirante “cantaba” al exterior los movimientos de sus captores. Se trató de la clave del éxito de la Operación Chavín de Huantar, que rescató con vida a 71 rehenes.
Fue jefe de la zona de emergencia del Centro en 1993 y ascendió a Jefe de Estado Mayor de la Armada antes de pasar a retiro. Sin embargo, su sueldo de jubilación fue apenas de S/. 1,400, deducido en base a un sueldo mínimo de apenas S/. 0.075. Y ahora no parece dispuesto a dar su brazo a torcer. Dice que obedece a un criterio de conciencia. Presidió la comisión de Defensa del Plan de Gobierno del APRA en 2006 y una de las promesas fue la homologación de los salarios de los policías y militares con el de los congresistas. Dice “estar dispuesto a sacrificar el Bono Extraordinario por una solución estructural de los salarios”. El concepto clave es sinceramiento salarial. Es decir, la incorporación de las múltiples asignaciones no pensionables que reciben militares y policías en una planilla única. Por cierto, defiende la “cédula viva” vigente aún en el régimen de pensiones de los estamentos armados, y que reproduce los incrementos salariales a los efectivos en actividad al universo pensionista.
Trascendió que el gobierno anunciará un Bono Extraordinario para militares y policías de S/. 1,000 para el personal subalterno y S/. 700 para la oficialidad, por única vez, y no pensionable. Los desembolsos priorizarán al personal que haya resultado lisiado y a los deudos de militares y policías caídos en funciones.
El primer vicepresidente de la República está inmerso en las procelosas aguas de la política como un buzo de profundidad que gana terreno lenta e inexorablemente, haciendo públicas sus opiniones de manera calculada. Giampietri no es ningún neófito en política. Su cercanía a Alex Kouri, chalaco como él, es estrecha. Su admiración hacia Alberto Fujimori, pública.
Fue convocado por AGP al cargo de primer vicepresidente para reforzar la idea de seguridad y orden interno, recuerda. Pero no le queda claro si sus opiniones son valoradas. Sus responsabilidades en Palacio son básicamente protocolares: organizar el Foro de APEC, presidir la delegación peruana a China para la suscripción del TLC, atender a ilustres visitantes como el hermano del Emperador del Japón y su esposa en Lima y, por cierto, reemplazar al Presidente de la República las pocas veces que se ausenta del país. Por cierto, tiene enemigos jurados, y el juicio de El Frontón pende como una espada de Damocles sobre su cabeza, 25 años después.
Vive en una hermosa casona en La Punta que compró y restauró siendo contralmirante. Lo hizo con los ingresos de actividades privadas a las que se dedicó paralelamente a la actividad militar: inspecciones submarinas para seguros y clasificación de embarcaciones. “Yo puse la primera torre de Belco en el zócalo continental”, recuerda, “y me pagaron bien”. Lo hizo sacrificando vida familiar, dice, los sábados y domingos. Asegura que no pretende permanecer en la política culminado este gobierno, pero parece evidente que en las últimas semanas puede haber capitalizado buena parte del voto militar y policial. El electorado castrense no es suficiente para ganar una elección, pero es más que suficiente para conquistar una curul.
Fuente: Revista Caretas
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