LA SEGURIDAD JURIDICA DEL VOTO DEMOCRATICO:
El derecho a elegir y ser elegido constituye un Derecho Fundamental innegable, el acto de votar y elegir constituye un resultado propio del Derecho asignado, y como tal merece protección y velar por su seguridad cuando se encuentre conculcado.
Los llamados fraudes electorales han tenido una presencia notoria en el gobierno fujimorista, era obvio observar la manipulación sistemática y la conducta mediática de quienes ejercían el control político dentro de una Democracia disfrazada que permitía manejar y controlar cuanta institución tenga el Estado, no era raro observar decisiones judiciales, supremas, Onpe y JNE DIRECCIONADOS en un orden especifico que buscaba resultados favorables a un poder corrupto y manejado por aquel gobierno que institucionalizo muchos flagelos que ahora son defendidos y hasta la saciedad expresados por falsos defensores de la DEMOCRACIA .
La intención subjetiva del ciudadano es que se respete su decisión unilateral en urnas, es el espacio de legitimar que existe como oportunidad del uso de la Democracia, es la escena individual ciudadana de optar por quién votar, como votar y hasta decidir cuándo revocar o vacar a la autoridad que incumple sus promesas electorales.
El JNE a lo largo de estos años y cuando se recupera la Democracia y se destierra la Dictadura disfrazada de Democracia da paso al tema de la Seguridad Jurídica del voto democrático como garantía CIUDADANA de que la voluntad se respete, la misma legislación electoral ha regulado aquellas carencias de protección que no existían y ha dado paso a dar SEGURIDAD a aquel voto dejado en urnas.
Los principios como el de PRECLUSION por e l cual se rige el sistema electoral determina los espacios del Derecho a la Defensa por medio del cual deberán ser presentados todos los recursos o pruebas que consideren pertinentes a demostrar E L FRAUDE, no siendo suficiente una prueba subjetiva ,pero si algo OBJETIVO que demuestre la vulneración de la decisión ciudadana en cada uno de los ciudadanos peruanos existentes y que para ello se tendría que CUESTIONAR la decisión unilateral y secreta que tuvo cada ciudadano en el momento de elegir y votar .
Los FRAUDES a mi criterio tienen un nacimiento indiciario y luego una materialización a través de un control de Gobierno Dictador en el cual el sistema en su conjunto institucional esta manejado y nuestros derechos se vean restringidos.
En toda campaña electoral existen vencedores y vencidos, la idea de mantenerse en los cargos públicos hace que muchos intenten crear historias en donde n o existen, piden respeto de los derechos cuando fueron abusivos, piden DEMOCRACIA cuando actúan como Dictadores, dicen FRAUDE cuando en sus gobiernos practican la desobediencia a las resoluciones judiciales, etc.,
El artículo 363 de la LEY ORGANICA DE ELECCIONES N 26859 prescribe claramente que debe existir para declarar la Nulidad de la votación y hace mención al fraude, el mismo que debe ser probado en la magnitud de demostrar que la conciencia ciudadana fue vulnerada en su máxima expresión como en CUBA que el voto secreto es violado, pero si atendemos a nuestra carta magna del 93 que recoge análisis de la del 79 podremos darnos cuenta QUE EL ESCRUTINIO ES EN ACTO PUBLICO E ININTERRUMPIDO, lo cual garantiza que la DECISION CIUDADANA dejado en urnas represente la LEGITIMIDAD que el ciudadano traslada a través del voto al candidato de su elección o preferencia, entonces estamos frente a un acto público que de mediar inconvenientes que transgredan la voluntad popular se comunica inmediatamente al fiscal para dejar en el acto la denuncia respectiva sobre los supuestos fraudes electorales pero sustentados en hechos OBJETIVOS .
Las prácticas políticas de regalar e n campañas electorales es una muestra del llamado PAGO POR VOTOS o SOBORNO disfrazado de querer comprar la conciencia ciudadana para que voten por aquel o aquellos, esta práctica del regalo desnaturaliza toda decisión limpia o sin manipular, desnaturaliza la elección libre y se da paso a la elección por conveniencia o interés, o simplemente reciben el regalo y no votan por aquel o aquellos que pretendieron comprar su voto y el de su grupo social, teniendo en cuenta estos actos : podríamos los ciudadanos denunciar hechos de intimidación, soborno etc. por parte de los partidos políticos en pretender manejar nuestra decisión por quién votar?, respondámonos.
Entonces como probarían objetivamente un FRAUDE los perdedores? Tan solo con la existencia de hechos denunciados y probados OBJETIVAMENTE y que determine la RESPONSABILIDAD de los culpables e n este caso los miembros de mesa u otros que actuaron concertadamente en la consecución de los fines.
EN nuestra región hasta el alcance que he tenido, no han existido hechos OBJETIVOS que ameriten una nulidad parcial de las elecciones, ha existido hechos aislados pero que no constituye vulneración u otro elemento que se considere FRAUDE.
La función GARANTIZADORA CONSISTE concretamente en garantizar el Estado de Derecho, toda Democracia es o debe ser un Estado de Derecho, el respeto a la voluntad de la ley antes que a la voluntad de los gobernantes determinara la decisión ciudadana cuando considera que muchas promesas no fueron cumplidas , tendremos entonces una realidad electoral como base de una realidad política en democracia., las decisiones tomadas a nombre del Estado por los gobernantes deben expresar la voluntad de los electores, por lo que la garantía del respeto a esa voluntad está en la garantía del derecho al voto y por ende a esa manifestación secreta ,unipersonal y que legitima a un candidato de su elección.
Quiero concluir dejando este análisis en el uso de mis derechos ciudadanos y en clara defensa al voto democrático que he defendido en instancias superiores y cuya jurisprudencia se ha dejado sentado en la revocatoria de Casma, Yautan, Buena Vista, Moro, y demás provincias y distritos de Ancash y del Perú, y es necesario comprender que una realidad electoral es proteger nuestra decisión.
Autor: Abog. PAOLO LOLI (Maestrista en Gobernabilidad y política- JNE-ORTEGA Y GASSET DE MADRID ESPAÑA)
Asesor en temas de Derecho electoral.
