Educación: apuntes sobre percepciones y expectativas

1. En medio de estos recargados días, en los que la información incrementa los temores y la percepción de riesgo se agudiza, leí un post que me llamó la atención: una chica invoca a no votar por Humala porque él reformaría el sistema educativo de modo tal que “todos tendrían que asistir a universidades y colegios estatales”. Esto representa, para ella, una poderosa razón para no votar por el “chavista”. Los rumores sobre la estatización y sus implicancias se diversificaron e impactaron en otro grupo: los jóvenes que, actualmente, pueden acceder a educación privada y no desean modificar esa condición.

2. Ahora imagínese, lector: usted es un padre cuyo hijo está próximo a salir del colegio, apenas llega a quinto de media la preocupación lo embarga, pues si la educación escolar ya le costó varios miles de soles o dólares, ahora el gasto será mayor porque, si quiere recibir educación superior de calidad, tiene que acudir a una universidad particular. Muchos peruanos tenemos este esquema ya planteado: pagamos por educación sin preguntar por qué ni a quién le entregamos el dinero. Y claro, en ese contexto, los colegios y universidades estatales no parecen brindar las mismas garantías de posicionamiento que las particulares. Entonces, invertir se convierte en el mandato. Detrás de este proceso, se esconden varios vacíos, pero, sobre todo una interrogante básica: ¿Se debe invertir en educación o debe ser el Estado el que provea de educación de calidad a todos los ciudadanos?

Los casos presentados muestran dos elementos comunes: en primer lugar, para cierto sector de la población, existe una percepción negativa (y hasta fatalista) de la educación pública. Es difícil asumir que la educación no cuesta o podría no costarnos, y ser, a la vez, de calidad. Para la chica que no quiere ir a la universidad estatal y el padre que invierte en educación privada, lo público resulta ajeno, lejano y hasta riesgoso. Esto nos conduce a un segundo asunto: las personas que gozan de educación privada no desean cambiar esta situación. Entonces, no dirigen esta demanda al Estado porque resulta más cómodo que la educación me la garantice “yo mismo”, aunque cueste. Y el Gobierno se mantiene al margen de este dilema: unos y otros ingresan a jugar en un tablero desequilibrado. De ahí que la educación, sobre todo la pública, esté sumergida en una crítica situación.

En efecto, un somero y veloz diagnóstico muestra que la educación pública peruana atraviesa una profunda crisis. Durante el periodo de García hubo ciertas reformas, pero que consistieron en mejoras de infraestructura, aumento de horas de clase, la creación de un colegio para alumnos destacados y, sobre todo, en hacerle franca batalla al SUTEP, pues no solo se le restó poder, sino que también el Gobierno impulsó una firme campaña de desprestigio contra el gremio de docentes. Si bien se puede considerar un avance la incorporación de carrera magisterial en tanto inicia el proceso de perfeccionamiento de la calidad de los docentes, lo cierto es que en el sistema escolar no se percibe que haya mejoras sustantivas. Por otra parte, las universidades públicas sintieron el mismo abandono que afrontan hace ya varios años. No se impulsa la investigación (los gastos en investigación básica y aplicada se han reducido en 70% como porcentaje del PBI en los últimos 30 años), los recursos son escasos y los profesores, mal remunerados, suelen escapar al sector privado. Incluso, actualmente el alumnado de universidades privadas supera al de públicas. Lo que es peor es que, a lo largo y ancho del sistema persisten y se acrecientan las desigualdades: entre la educación privada y pública, entre la educación en zonas urbanas y rurales; e, incluso, y de un modo más radical, entre hablantes de quechua y castellano.

Ante esta situación, resulta conveniente conocer los planteamientos de los dos partidos que han llegado a segunda vuelta: Gana Perú y Fuerza 2011. El primero plantea una Revolución Educativa cuyo espíritu implica la pretensión de disminuir las desigualdades. Presenta propuestas como: mejorar el porcentaje de gasto por estudiante, implementar un Sistema Integral de Formación Docente (en la que los docentes puedan acceder a una Carrera Pública Magisterial renovada y que los concilie con el Estado) y llevar a cabo una Nueva Reforma Universitaria en la que las universidades privadas con fines de lucro que no reinviertan sus utilidades, paguen los impuestos correspondientes. El fin del plan de Gana Perú, respecto a la educación escolar, apunta a trabajar sobre la base de lo hecho en el periodo de García con un aumento de presupuesto y mejoras en calidad. Respecto al sistema universitario, busca un equilibrio entre la calidad de egresados de universidades públicas y privadas. Para estos fines se plantea aumentar el presupuesto en educación hasta el 6% del PBI con tendencia a aumentar por lo menos 0.25% por año.

El Plan de Gobierno de Fuerza 2011 también propone aumentar el presupuesto nacional de educación hasta 6% del PBI. Coincide también en plantear que los maestros no tendrán disputas con el Estado, sino que serán socios activos en pos de la calidad educativa. Pero introduce otras variables, como mejoras en evaluación, en los contenidos, mayor alcance del acceso a internet y el Programa de Alimentación Integral, que busca brindar desayuno y almuerzo en las escuelas de las zonas más pobres del país. Sobre la situación de las universidades, dice poco o nada, a pesar de que anuncia becas para alumnos destacados de los mejores colegios. Es una propuesta que, lejos de plantear modificaciones profundas a lo actual, impulsa otros ejes que potencien la asistencia a los alumnos para que puedan ser educados.

Al margen de enunciar que una u otra propuesta resulta más pertinente, lo cierto es que, entre líneas, se percibe que mientras Gana Perú busca potenciar la educación pública a través de una reforma educativa que comprenda una suerte de “limpieza” de las desigualdades; Fuerza 2011 pretende adaptar el sistema educativo a una matriz más amplia, que se origina en la posibilidad de tener un Estado que directamente intervenga en la satisfacción de necesidades básicas de los niños en edad escolar. Cada propuesta, a su manera, busca plantear un nuevo escenario. La diferencia radica en qué es lo que se debe privilegiar para mejorar lo que existe actualmente.

Entonces, ¿cómo queremos que sea el sistema educativo? Tal vez apuntar a educación pública de calidad no sea tan utópico, pero el cambio no es inmediato y requiere de muchos consensos. Se requiere, además, condiciones que este momento el país no ha implementado. No obstante, la posibilidad de seguir postergando una reforma educativa que tenga considerable impacto puede marginar aún más a los sectores más amplios del país. La diferencia entre educación privada y pública no solo es percibida por amplios sectores de la ciudadanía, sino que es real, y contrasta con lo que ocurre en otros países, como muchos de Europa, en los que la educación estatal está al mismo o mejor nivel que la privada. En suma, mejorar la educación no depende únicamente de padres pueden colocar a sus hijos en colegios o universidades de mejor nivel académico, sino sobre todo, de ese sentido que obligue al Estado a cumplir el rol que realmente le corresponde.