Mientras el país entero clama por soluciones al drama de los campesinos aymaras de Puno, para que retorne la paz y la tranquilidad indispensables para la realización de la segunda ronda electoral del 5 de junio, el gobierno insiste en sus provocaciones, en un juego insensato que puede arrastrar al país al caos del que la violencia que el pasado jueves asoló la ciudad de Puno, ha sido solo un adelanto.
La asonada es condenable, como toda forma de violencia, y debe ser investigada por sus características, como el hecho, denunciado por el alcalde de Puno y el presidente del Frente de Defensa de las provincias del sur de Puno, de que, extrañamente, en una jornada de tensión y molestia por la suspensión de las negociaciones gobierno-campesinos, la policía se retiró a las comisarías, dejando indefensas las calles puneñas, lo que facilitó los saqueos y destrozos por vándalos, ajenos a los manifestantes, según evidenció un reportero limeño sobre el terreno.
El cuadro se parecía mucho a la criminal maniobra del Fujimorismo que, para desacreditar la Marcha de los Cuatro Suyos del año 2000, retiró a la policía del centro de Lima, para dejar manos libres a provocadores, agentes del SIN que sembraron las calles de la capital de muerte y destrucción.
En lo que se refiere a las responsabilidades concretas, hay que señalar la dejadez punible del gobierno, que permitió que durante meses aumente la impaciencia de los campesinos por la desatención a sus demandas de retiro de la actividad minera, con el fin de preservar el medio ambiente, las aguas, los campos de cultivo y la ganadería.
Lejos de dar solución al reclamo, aplicando el derecho de consulta al que el Perú está obligado por compromisos internacionales, quien nos gobierna prefirió tratar con desdén la protesta y usarla para torpes insinuaciones contra el candidato de Gana Perú, sugiriendo que estaría tras las protestas, al atribuirles objetivos políticos opositores y electorales y decir con autosuficiencia que terminarían antes de las elecciones, por lo que bastaría con esperar que se acerque el 5 de junio.
Su irresponsabilidad ha sido tal, que ha dado pie a sospechas de que estaría buscando que no haya elecciones en Puno para favorecer a su favorita de la segunda vuelta, teniendo en cuenta que en ese territorio el candidato de cambio en democracia tiene cerca de 70 por ciento de los votos. Perder semejante apoyo significaría perder la elección, teniendo en cuenta el empate técnico que las encuestas serias indican existe entre los dos postulantes a gobernar el país en los próximos cinco años.
De llegar la situación a tan grave extremo, podría sobrevenir una crisis social y política de alcances difíciles de prever, y el único responsable ante los ojos de la ciudadanía y de la ley será el presidente. El pueblo lo sabe y él está notificado.
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