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viernes, 31 de octubre de 2014

Actualidad
 Benedicto Jiménez fue capturado por la Policía, pero la red de Rodolfo Orellana no ha sido tocada por el Ministerio Público.

Juego de Sombras


Benedicto Jiménez
El disfraz de Halloween no ayudó a Benedicto Jiménez, quien cayó el sábado 25.
Dos equipos de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) vigilaron durante un mes una casa de la urbanización La Florida C-16, en el distrito de Cerro Colorado, en Arequipa.La vivienda le pertenece a los suegros del coronel PNP (r) Benedicto Jiménez Baca. La información que tenía la Digimin es que allí se escondía quien fuera el esbirro difamador del prófugo Rodolfo Orellana.
Jiménez se hizo humo en julio de este año, cuando la jueza de la Sala Penal Nacional, Mercedes Caballero, le varió la detención por comparecencia restringida alegando que la fiscal Marita Barreto no había fundamentado adecuadamente los delitos por los que Jiménez debería ir a prisión.
La Policía tenía ‘pinchados’ los teléfonos de la esposa de Jiménez, de sus hijos y de sus abogados. A su vez, varios equipos de la Digimin habían montado vigilancia sobre una serie de propiedades de Jiménez y sus familiares, entre ellas la casa de Cerro Colorado, en Arequipa.
Pero el exdirector del pasquín Juez Justo, el órgano de amedrentamiento y acoso de la organización de Orellana, no asomaba ni el bigote.
En agosto pasado, el teléfono de la abogada Lizeth Orihuela fue ‘chuponeado’ por el “Sistema Constelación” de la Dirección Antidrogas (Dirandro) y se pudo escuchar conversaciones suyas con Jiménez.
En uno de esos diálogos, ambos celebraron la posibilidad de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el vocal Javier Villa Stein, pudiera revisar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Jiménez y revocar así los 18 meses de prisión dictados en su contra.
“Ya tenemos a Villa Stein y también a (José) Neyra”, se jactó Orihuela en referencia al Presidente y a uno de los miembros del tribunal supremo.
La filtración de dicho audio y su difusión en el programa televisivo Cuarto Poder, el domingo 19 pasado, provocaron que Jiménez enviara numerosos mensajes de texto al celular de Orihuela. El rastreo de esos mensajes arrojó una ubicación referencial: la avenida Aviación, en Cerro Colorado, Arequipa, la calle donde se sitúa la casa de los suegros de Jiménez.
Era cuestión de esperar.
A las 5 de la tarde del sábado último, un automóvil salió de dicho inmueble. En el vehículo viajaba Jiménez. Se había teñido el pelo y afeitado el bigote. Era el mismo “disfraz” con el que fue atrapado por la Policía, el 25 de enero del 2010, tras permanecer por dos años prófugo por haber difamado al exministro del Interior, Antonio Ketín Vidal.
El automóvil llegó al terminal terrestre y Jiménez abordó un bus de la empresa de transportes Civa que partía a las 6:30 p.m. hacia Lima.
Una agente de la Policía subió al vehículo interprovincial y encontró a Jiménez en el segundo piso, en el asiento No 13. El prófugo coronel llevaba un DNI con el nombre de Mario Felipe Veloachaga Jiménez.
“Baje usted del bus”, le ordenó la policía. Jiménez, perdido, replicó: “¿Para qué alargar las cosas? Soy el coronel en retiro Benedicto Jiménez Baca”.
Tanto disfraz para caer –una vez más– como un chorlito.

LA RED LIBRE

El lunes último, Jiménez fue recluido en el penal de Piedras Gordas, en Ancón, por los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de dinero.Nikitina Hidalgo, abogada de Jiménez, afirmó que este no formó parte de la red de Orellana. “A Rodolfo Orellana se le persigue por haber hecho transacciones, negocios de compra y apropiación de inmuebles. Benedicto Jiménez no ha participado en ninguna. Él es ajeno a esas transacciones”, dijo.
Pero la Sala Penal Nacional de Lima consideró que “Jiménez tuvo un rol principal en la organización de Rodolfo Orellana Rengifo. Esto es, la ejecución de acciones de intimidación a través de medios de prensa y acciones judiciales contra numerosas personas a fin de beneficiar a Orellana, lo que constituye delito de asociación ilícita para delinquir”.
El caso de Benedicto Jiménez, como el de toda la red de Orellana, está en manos de la fiscal Marita Barreto, cuya actuación defectuosa es observada con preocupación por la Policía y el Ministerio de Justicia.
A fines de junio pasado, Barreto fue nombrada titular del caso por el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia. En una semana, Barreto solicitó orden de captura para Orellana, Jiménez y otras 20 personas más.
La orden de detención dictada por el Poder Judicial se determinó el 30 de junio pasado, pero Barreto instruyó a la Policía la orden de actuar recién a las 4 p.m. del martes 1, 24 preciosas horas después. CARETAS 2342 – Tocata y Fuga
Orellana puso pies en polvorosa, pero Jiménez fue capturado
La procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe, nunca fue informada de la operación. Se enteró de la captura de Jiménez por TV.
En una primera audiencia judicial para resolver el pedido de prisión preventiva contra Jiménez, la jueza Mercedes Caballero se quejó públicamente de la pobre sustentación de la fiscal Barreto y rechazó el pedido.
“Que quede claro que la fiscal no ha argumentado los elementos de convicción. No ha dado pruebas suficientes”, se lamentó Caballero.
La apelación, elaborada por la fiscal superior Liliana Briceño Aguayo, estuvo mejor formulada, y la Sala Penal Nacional dictaminó 18 meses de prisión preventiva para Jiménez, pero este ya se había dado a la fuga.
El 18 de agosto se llevó a cabo una nueva audiencia para determinar el pedido de cárcel preventiva de otras 14 personas de la telaraña.
La fiscal Barreto solo fundamentó el pedido para dos de ellas. La jueza Caballero interrumpió la audiencia y le pidió que preparara mejor su exposición, pero una vez reiniciada Barreto –para sorpresa de todos los presentes en la sala– se desistió de solicitar la prisión para 12 personas que son consideradas como miembros importantes de la organización.
Entre ellos aparece Wilmer Arrieta Vega, exempleado de Rodolfo Orellana y notorio testaferro de la organización que inscribió a su nombre los terrenos adyacentes al estadio de Alianza Lima, lo que incluye la cochera del recinto deportivo y el coliseo “Sol y Sombra”.
También figuran Rosalía Vargas Shaus, hermana de la actual pareja sentimental de Orellana y testaferra del prófugo, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); Jorge Flores Yupanqui: abogado principal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras (Coopex) y Carlos López Noriega, quien le arrebató al Ministerio de Educación unos terrenos mediante una subasta fraguada. López Noriega cedió estos terrenos a Wilmer Arrieta Vega y luego tramitó su propio fallecimiento. López volvió a operar tramitando un DNI con una nueva identidad.
“Nos causa gran preocupación, ya que su actitud ha generado una situación de incertidumbre que pone en grave riesgo el desarrollo del proceso penal”, se quejó la procuradora Príncipe en un escrito enviado a la fiscal Barreto. “En estos momentos los citados imputados no están sujetos a ninguna medida de seguridad que garantice que no van a obstaculizar las investigaciones, que no se van a fugar del país. Ni siquiera están supeditados a una medida de comparecencia restringida, medida que por lo menos los obligaría a informar al Juzgado y solicitar autorización para viajar”.
Hasta hoy, la fiscal Barreto no pide la prisión preventiva para estas 12 personas. Tampoco, según Príncipe, ha tramitado la captura internacional de Rodolfo Orellana ni de su hermana Ludith, ambos prófugos.
Del mismo modo, el ministro del Interior Daniel Urresti acusó a la fiscal Barreto de poner “trabas” a la Policía en la búsqueda de Orellana.
El jefe de la División de Lavado de Activos, coronel Neyre Rodríguez, solicitó a Barreto deslacrar las computadoras, USB’s, y otros documentos requisados en el local de Juez Justo, que pudieran aportar información que conduzca al paradero de Orellana, pero Barreto no respondió los pedidos.
El deslacrado se realizó recién a fines de septiembre, es decir, más de dos meses después de los insistentes pedidos del jefe de Lavado de Activos.
Las autoridades se han preguntado si Barreto actúa a título personal o si responde a una oscura maniobra que buscaría proteger a los investigados desde lo más alto del Ministerio Público.
El fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, quien nombró a Barreto como titular de la investigación, fue entrevistado por ‘Juez Justo’ en la misma edición en que se difamaba a la procuradora Julia Príncipe.
Y el pasquín dirigido por el ahora encarcelado Benedicto Jiménez incluso se pronunció a favor de su elección como Fiscal de la Nación. ¿Por qué?

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