SIETE DIAS CASMA

Narcotráfico El exministro del Interior, general PNP (r) Miguel Hidalgo, habla por primera vez sobre el gigantesco caso de lavado de activos y considera que este debe ser sometido a los esclarecimientos finales de un juicio oral. Archivarlo, advierte, sería un gravísimo error.

Hidalgo: Investigó y Acusó a los Sánchez Paredes

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Hidalgo era el jefe de la Dirandro cuando arrancó la investigación y para cuando se emitió la acusación ya era el director de la Policía.

El martes último, los hermanos Andrés y Carlos Sánchez Alayo, hijos de Manuel Sánchez Paredes, ofrecieron una nutrida conferencia de prensa en el salón Libertadores del Hotel Sheraton.Era la primera vez, desde que arrancó la ‘megainvestigación’ a su familia por lavado de dinero en 2008, que ambos aparecían juntos ante los medios.
Los acompañaban su abogado y vocero Julio Rodríguez, y otros dos letrados norteamericanos: Lilli Ann Sanchez y Robert Cleary.
Los hermanos anunciaron lo que ya era un secreto a voces entre las autoridades antidrogas del Perú: la justicia norteamericana levantó el embargo sobre 7 cuentas bancarias que habían sido inmovilizadas en septiembre pasado en EE.UU. (CARETAS 2253), y archivó la demanda civil que se había entablado contra Manuel Sánchez Paredes, sus hijos y la Compañía Minera San Simón.
Para ello se llegó a un “acuerdo” entre el fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, y los abogados de los Sánchez Alayo, el cual fue refrendado por el juez George B. Daniels.
CARETAS obtuvo una copia de dicho documento suscrito el último Jueves Santo.
Allí se indica que las autoridades de EE.UU. “consideraron los argumentos expuestos por el grupo Sánchez Paredes” –que los fondos embargados no provienen del tráfico de droga– y apoyaron “la moción para desestimar la causa”.
Se acordó descongelar las cuentas y, a cambio, los Sánchez Alayo se comprometieron a no tomar represalias legales contra las autoridades que los demandaron, incluyendo al fiscal Bharara y a la DEA.
Se trata, por cierto, de una particular estratagema legal que protege a los agentes gringos, pero que deja desamparados a los efectivos peruanos que colaboraron con ellos.
Los abogados de los Sánchez Alayo adelantaron que ya se reunieron con un miembro de la Sala Penal Nacional para pedirle que, tomando como base el acuerdo gringo, se archive el proceso que se les sigue a sus padres por lavado de dinero.
Pero el exministro del Interior, general PNP (r) Miguel Hidalgo, advierte que esto sería un gravísimo error.
Ambos casos, sostiene, son distintos e independientes.
Hidalgo es el policía que más conoce del tema.
En 2008 era el jefe de la Dirección Antidrogas (Dirandro), cuando el expresidente Alan García anunció en Palacio de Gobierno el inicio de la ‘megainvestigación’.
Y cuando se presentó la denuncia de un millón de folios ante la Fiscalía, en marzo del 2010, era ya el director de la Policía.
CARETAS lo entrevistó esta semana en su despacho de San Isidro.

Facsímil del “acuerdo” suscrito entre el fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara y los abogados de los hermanos Sánchez Alayo., el jueves 28.

–¿La decisión de la justicia norteamericana de levantar el embargo de las cuentas bancarias de los hermanos Sánchez Alayo podría repercutir en la decisión de los jueces peruanos que determinarán si el caso se archiva o pasa a juicio oral?
–Son casos diferentes. El de EE.UU. era una demanda civil sobre unos fondos determinados. Y el que se desarrolla aquí es un caso penal por lavado de dinero contra 7 personas y 8 empresas.–¿La Policía documentó que el origen de la fortuna de los hermanos Sánchez Paredes provenía del narcotráfico?
–El fiscal Jorge Chávez Cotrina, quien llevó adelante este caso, y los policías que participaron en la investigación, llegaron a establecer que había indicios suficientes para determinar la presunción del delito de lavado de dinero. El atestado que se formuló tenía más de un millón de folios y es el más grande de la historia del país. Reúne una serie de informaciones, pruebas y peritajes contables irrefutables.

JUICIO ORAL

–Dadas las vinculaciones de los Sánchez Paredes con viejos sectores del APRA, ¿hubo algún direccionamiento político o del propio ex Presidente en la investigación del caso?
–Jamás hubo interferencia política en la investigación. Ni los fiscales ni yo lo hubiéramos permitido. El anuncio de la ‘megainvestigación’ se hizo en Palacio de Gobierno porque el expresidente Alan García quiso dar señales de que su gobierno estaba comprometido en la lucha contra el narcotráfico. Este es un caso emblemático en la lucha contra este flagelo y los policías que actuaron en la investigación lo hicieron correctamente. Al final seremos respetuosos de lo que decida el Poder Judicial.–¿Y cómo interpreta el papel del Ministerio Público que, contradiciéndose a sí mismo, ahora solicita archivar el caso?
–Eso preocupa y afecta anímicamente a todos los policías que luchamos contra el narcotráfico. Es un gravísimo error, pero confiemos en que este caso se resuelva en el marco de un juicio oral. Un proceso público sería muy conveniente incluso para la familia Sánchez Paredes. Porque podrán exponer sus alegatos de defensa en audiencias orales y de acuerdo a ley. Si ocurre lo contrario, quedará la sensación de que las autoridades judiciales no cumplen con su misión.
–¿No le preocupa la extraña posición del fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, en este caso en particular?
–Estoy seguro de que el fiscal de la Nación está analizando el expediente y seguramente en algún momento se va a pronunciar al respecto.
–¿Y no es motivo de alarma que el presidente Ollanta Humala tenga como consejero legal a Eduardo Roy Gates, exabogado de Manuel Sánchez Paredes y cuyo padre es actualmente uno de los directores de orquesta en la defensa legal del clan trujillano?
–Esa es una respuesta que la debe dar el Presidente. (Escribe: Américo Zambrano)

Cómo se Crean los ‘Narcoestados’

La mano negra del narcotráfico.

¿Cómo se crea un ‘narcoestado’?
El término fue acuñado para definir aquel territorio donde “el narcotráfico es un actor político que le disputa el poder al Estado”.
Ocurrió en Colombia y más recientemente en Guinea-Bissau.
Algunos académicos añaden que para alcanzar ese status, un país o un territorio debe caracterizarse por un escaso poder de las autoridades y graves deficiencias legales. En suma, un Estado sumamente débil y funcionarios permeables a la corrupción.
Hay otros indicativos alarmantes:
- Cuando un país se convierte en el primer productor de cocaína en el mundo.
- Cuando el delito de lavado de activos en un país genera unos US$ 6,000 millones, de los cuales US$ 2,000 millones provienen del narcotráfico.
- Cuando se empiezan a erigir grandes corporaciones y fortunas de clanes familiares con ingresos que provienen del narcotráfico.
- Cuando los policías que investigan el tráfico de drogas y el lavado de activos terminan siendo ellos los acusados.
- Cuando se producen balaceras y asesinatos a plena luz del día y la impunidad campea.
- Cuando los tribunales archivan investigaciones de narcotráfico, negando los esclarecimientos finales de un juicio oral.
- Cuando los cárteles de la droga se infiltran en las unidades de la policía a cargo de la lucha contra el narcotráfico.
- Cuando el país mayor consumidor de droga es a su vez el principal abastecedor de armas a los mafias del narcotráfico en los países productores o de trasiego.
- Cuando empiezan a elegirse congresistas vinculados y denunciados por tráfico de drogas.
- Cuando autoridades, magistrados y periodistas son amenazados o victimados y el miedo cunde.
- Cuando abogados relacionados a la defensa de narcotraficantes terminan colándose en los más altos niveles del Estado.