Entrevistas Con La
Parada como trampolín, y en vísperas de su interpelación, el premier
Juan Jiménez reclama cambios profundos en el Poder Judicial.
Reforma en el Horno
“El Consejo Nacional de la Magistratura tiene que reestructurarse. No descartaría una reforma constitucional”.
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Además, y como para enfriar la espera en el Fundo Barbadillo, subrayó la crítica a la extendida política de indultos del gobierno aprista. El ambiente se carga para recibir a Jiménez en el Congreso el viernes 12, cuando será interpelado por la situación de seguridad ciudadana. Bastante divertido para un premier al que le reclaman un supuesto bajo perfil.
Pero mientras la pareja presidencial espera seguir cosechando de encuestas y noticias positivas, en esta dualidad de la querencia popular Jiménez también encarna a la administración que tiene que ponerle cara a los desafíos.
Se comenta el estancamiento en los niveles de ejecución presupuestal e inversión (ver Mar de Fondo). Flota en el ambiente la interrogante sobre la verdadera postura de Ollanta Humala con el sector privado.
“La lectura que nosotros tenemos es distinta”, dice. “Ciertamente estamos haciendo una serie de ajustes en el tema administrativo para poder mejorar la performance del Estado. El país es estable, las líneas maestras de la economía se mantienen, el gobierno cree en la inversión y está absolutamente convencido de que el respeto de las libertades civiles y económicas es la base del momento histórico que tiene el Perú. La labor de los empresarios y la inversión es para nosotros fundamental”.
El fallo en torno a La Parada –ver nota previa– picó más este mar. Pero a Jiménez también se le presenta como la oportunidad perfecta para reubicar una reforma central en la agenda, lo que ocupa la mayor parte de esta charla.
–Su interpelación llega cuando las papas queman. ¿Cómo la va a afrontar?
–Va a ser un momento interesante para detenernos todos y pensar cómo solucionar un problema. La situación de la delincuencia nos preocupa desde que el gabinete asumió. Lo primero que dijimos fue que era el problema número uno del país. Requiere un abordaje multidisciplinario y que todos los poderes y las entidades del Estado estemos conectados. Con humildad decimos que hay que mucho todavía por hacer. Es una situación difícil pero también queremos dar un mensaje de tranquilidad a la población, que vamos a trabajar y vamos a convocar a todo el país para trabajar juntos en la mejora de la seguridad. Es la única forma de desarrollar al país.
–Y sin seguridad jurídica tampoco. ¿Cómo recibe la sentencia de La Parada?
–Muy mal. Somos un gobierno democrático que cree en la división de poderes, pero también tenemos el derecho de criticar las resoluciones judiciales. Hemos salido muy firmemente a cuestionarla. La razonabilidad del derecho es muy importante. La pretensión no calza con la naturaleza jurídica del hábeas corpus, destinado a la libertad personal, individual, que es el procedimiento de garantía máxima que tenemos. Es absolutamente desproporcionado que ordene que la policía se retire, más cuando esta es el vehículo a través del cual se cumplen las resoluciones judiciales. Es insólito que un juez emita este tipo de fallos y le hace mucho daño a la justicia. Tengo por mi vocación profesional una especial sensibilidad por los temas judiciales. Esta no es una posición del gobierno, lo que quiero plantear son ideas básicamente de orden personal, de alguien que conoce de estas cosas y que cree que necesitamos avanzar porque la justicia lamentablemente le resta competitividad al país.
–Conformó el Ceriajus. ¿Qué recomendaciones rescataría en la actual situación?
–Fue el plan consensuado de reformas judiciales más importante que se haya hecho hasta este momento, y creo que no podemos tener un sistema judicial que no funcione de manera adecuada a los intereses del país. El juez no ha tenido para nada presente un principio constitucional fundamental que es el de predicción de consecuencias. Estoy absolutamente seguro que la sala superior va a modificar íntegramente la sentencia.
–¿Cómo explicar que un juez se atreva a esto, en un caso además que terminó con muertos y casi 70 policías heridos?
–Tenemos funcionarios de primer nivel. Pero también hay muchos de los otros: jueces venales que están a la caza de buscar o la fama o la fortuna. He visto con gran interés el trabajo del doctor Enrique Mendoza frente a la OCMA, como antes lo hizo Elcira Vásquez, para limpiar y poner una valla de moralidad. Nos toca fortalecerlo muchísimo. También iniciar un cambio muy importante en el Consejo Nacional de la Magistratura, que designa, destituye y ratifica jueces y fiscales. Estamos muy preocupados porque no se esté haciendo una adecuada selección. Tengo entendido que por medidas cautelares se están ordenando evaluaciones luego de 3 o 4 oportunidades en las que el CNM las desestimó. Quienes no estén calificados para estas funciones no deberían volver a postular. El CNM tiene que ser reestructurado. No descartaría una reforma constitucional. Están representados los colegios profesionales que lamentablemente traen intereses particulares y tenemos a las enfermeras eligiendo jueces. No tiene ningún sentido.
–¿Y qué va a hacer el gobierno?
–Tenemos que evaluar en serio una reforma judicial. No para intervenir el PJ, porque es lo último que podríamos pensar, sino para establecer tareas concretas.
–¿Usted tuvo una controversia con el expresidente del PJ sobre el incremento salarial de los jueces. Ese proyecto se quedó en el Congreso. ¿Por ahí se podría “negociar” la reforma?
–Nosotros tenemos la mejor disposición de solucionar el problema remunerativo de los jueces.
–Un supremo gana S/. 20 mil. Un juez de paz que recién entra a la cancha, S/. 14 mil. ¿Tienen un problema remunerativo los jueces?
–La disposición del gobierno es atender los problemas, siempre. Lo que sí queremos es que, atendiendo el problema judicial, podamos trabajar juntos en una reforma sustantiva. El Perú ha metido mucha plata en la Justicia. El año 2004 el presupuesto del PJ era de S/. 550 millones y tenía aproximadamente 11,000 trabajadores, de los que alrededor de 1,600 eran jueces. Hoy día el presupuesto bordea los S/. 1,400 millones. Hemos duplicado el número de trabajadores, con 800 jueces más. Comparemos la cantidad de recursos con los resultados. Necesitamos tener indicadores de calidad para reducir la frustración de audiencias, de tiempos muertos en los procesos. Aquí tenemos una enorme oportunidad, porque Enrique Mendoza es un juez con ideas muy novedosas y modernizó mucho el JNE.
–¿A qué otras tareas concretas se refería usted?
–En este momento el 60% de los jueces son provisionales. Tenemos muchísimas salas provisionales, incluida la Suprema. Esto le produce enorme debilidad al factor institucional más importante de la Justicia que es la independencia. Lo hemos conversado con el presidente del PJ. La provisionalidad se estableció para que se redujera la carga y seguimos con un stock de más de un millón de expedientes ingresados por año. Vamos a tomar acciones para que al fin del gobierno podamos reducir esta provisionalidad al mínimo. Esto implicará un gran movimiento por parte del CNM. Se harán convocatorias. Esperamos tener cada año un buen grupo de abogados con condiciones y que tengan la vocación de hacer un trabajo serio por la Justicia. (Entrevista: Enrique Chávez) FUENTE REVISTA CARETAS
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