18 de abril de 2012
Florece el sicariato
La vida no tiene precio.
Dos hechos de sangre sucedidos en un solo día reiteran la convicción de que el sicariato ha terminado su etapa de instalación entre nosotros y ha iniciado una rápida expansión. El lunes, el fiscal Luis Junior Sánchez Colona fue asesinado por dos sujetos cuando salía de su casa en Nuevo Chimbote. Horas después, en Puente Piedra, Lima, la policía salvó de morir a un mototaxista, atado y encapuchado dentro de un motocar, en poder de cuatro sujetos que lo iban a matar por encargo de un adolescente de 16 años. Ellos recibieron 120 soles para satisfacer la sed de venganza del menor de edad. No son crímenes de encumbrados personajes públicos; en las últimas semanas fueron asesinados por sicarios una profesora en San Martín de Porres y un mecánico en Pueblo Libre. Antes, los sicarios asesinaron al ex alcalde de Huarmey, que no fue el primero ultimado a pedido. Matar por encargo ya es fácil en el Perú. Lo hacen delincuentes fogueados y miembros de pandillas juveniles; también operan experimentados sicarios mexicanos y colombianos que ingresan al país solo para asesinar. La industria florece con el uso intensivo de las redes sociales donde se ofrecen “servicios” a un costo crecientemente más bajo.
El sicariato es un fenómeno que expresa el grado al que ha llegado el delito y el crimen organizado en el Perú y uno de los más duros golpes a la institucionalidad. Sería atrevido asegurar que es un fenómeno externo; es más propio del proceso social del narcotráfico y de su rápido desarrollo desde que la “industria nacional” logró procesar la cocaína; al narcotráfico como motor del sicariato le han seguido las nuevas mafias, especialmente las que operan en el sector construcción. En este fenómeno es interesante advertir el papel del sicario, avezado personaje en busca del dinero rápido y éxito.
El Estado hasta ahora ha aceptado la existencia de sicarios pero ha negado el sicariato, bajo el criterio equívoco de ocultar el fenómeno y considerando que el asesinato por encargo ya está comprendido en el Código Penal. Sin embargo, los casos de México y Colombia enseñan que mientras más tiempo se niegue su presencia más tarde se adoptan las medidas especiales.
Dos hechos de sangre sucedidos en un solo día reiteran la convicción de que el sicariato ha terminado su etapa de instalación entre nosotros y ha iniciado una rápida expansión. El lunes, el fiscal Luis Junior Sánchez Colona fue asesinado por dos sujetos cuando salía de su casa en Nuevo Chimbote. Horas después, en Puente Piedra, Lima, la policía salvó de morir a un mototaxista, atado y encapuchado dentro de un motocar, en poder de cuatro sujetos que lo iban a matar por encargo de un adolescente de 16 años. Ellos recibieron 120 soles para satisfacer la sed de venganza del menor de edad. No son crímenes de encumbrados personajes públicos; en las últimas semanas fueron asesinados por sicarios una profesora en San Martín de Porres y un mecánico en Pueblo Libre. Antes, los sicarios asesinaron al ex alcalde de Huarmey, que no fue el primero ultimado a pedido. Matar por encargo ya es fácil en el Perú. Lo hacen delincuentes fogueados y miembros de pandillas juveniles; también operan experimentados sicarios mexicanos y colombianos que ingresan al país solo para asesinar. La industria florece con el uso intensivo de las redes sociales donde se ofrecen “servicios” a un costo crecientemente más bajo.
El sicariato es un fenómeno que expresa el grado al que ha llegado el delito y el crimen organizado en el Perú y uno de los más duros golpes a la institucionalidad. Sería atrevido asegurar que es un fenómeno externo; es más propio del proceso social del narcotráfico y de su rápido desarrollo desde que la “industria nacional” logró procesar la cocaína; al narcotráfico como motor del sicariato le han seguido las nuevas mafias, especialmente las que operan en el sector construcción. En este fenómeno es interesante advertir el papel del sicario, avezado personaje en busca del dinero rápido y éxito.
El Estado hasta ahora ha aceptado la existencia de sicarios pero ha negado el sicariato, bajo el criterio equívoco de ocultar el fenómeno y considerando que el asesinato por encargo ya está comprendido en el Código Penal. Sin embargo, los casos de México y Colombia enseñan que mientras más tiempo se niegue su presencia más tarde se adoptan las medidas especiales.
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