Sueldos sin compasión
6 marzo, 2012
Contralor Fuad Khory: uno de los tres funcionarios mejor pagados del Estado Peruano. (Foto: Andina)
¿Nunca se ha preguntado por qué el ministro de producción gana 15 mil soles, mientras que un chef famoso tranquilamente se lleva sus 30 mil al mes? ¿Sabía que el juez César San Martín gana mucho más que Ollanta? ¿Por qué dos contadores del Estado con las mismas funciones tienen ingresos muy distintos? Mientras a uno le dan celular, carro, gasolina y bonos, su colega hace años está pidiendo un calentador para su oficina.
Bienvenidos a la Carrera Pública donde cada uno chapa lo que puede.
Según la ley, el sueldo del Presidente de la República es el tope máximo de remuneración en la administración estatal.
Sin embargo, INFOS cruzó la información pública de los ingresos de varias entidades y descubrió que hay varios funcionarios que ganan más del doble que Ollanta Humala.
La razón por la que gerentes de empresas del estado o vocales supremos ganan más que el presidente es simple: no están dentro de la ley que exige su reducción salarial. Salvo el Contralor General de la República Fuad Khoury —quien utilizó facultades de su ley orgánica para darse un aumento de 15,600 a 33,100 soles— , los demás funcionarios públicos vieron como se les redujo el sueldo apenas Alan García asumió el gobierno en el 2006.
Quienes se salvaron fueron aquellos que, en la práctica, no son funcionarios públicos reales. Son trabajadores contratados por el Estado bajo un régimen laboral privado (DL 728), por lo que su sueldo y beneficios son completamente distintos.
Entonces tenemos un problema. ¿No que todos los trabajadores deberían ganar por igual? Una pregunta bastante inocente.
LA DESTRUCCIÓN DE LA CARRERA PÚBLICA
Desde los 90 la implementación de políticas liberales han convertido la carrera administrativa en un laberinto de normas y leyes, donde cada institución del Estado puede negociar sus propios beneficios mientras que los trabajadores pujan por ganar siempre algo más. Aquí no se aplica la ley del trabajo sino, la de la selva.
En casos extremos, algunos sindicatos no sólo piden derechos laborales básicos sino que hasta reclaman el control de operaciones que pueden afectar la competitividad del país. Por ejemplo: la semana pasada, el sindicato de trabajadores de Petroperú formalizó su pedido al Ministerio de Energía y Minas para retomar el control de varios pozos de crudo concesionados a empresas privadas.
Desde el Ministerio de Trabajo indican que los trabajadores que se tuvieron que bajar el sueldo en el 2006 no manifestaron su malestar, al menos no oficialmente. Simplemente algunos optaron por irse al mundo corporativo, el cual, como vemos en este gráfico, tiene sus grandes ventajas.
Pero hay excepciones, altos ejecutivos que permanecieron en el aparato estatal, ganando como gana un privado. Que el gerente de una hidroeléctrica del Estado gane sueldos equivalentes a un ejecutivo del sector privado tiene una explicación: estas empresas estatales pertenecen a grupos de poder que han sabido driblear las normas y presionar para mantenerse por encima de los ingresos comunes. Veamos cómo.
LA PLATA LLEGA SOLA
Creer que los funcionarios públicos perciben únicamente su remuneración es tan inocente como creer en unicornios.
¿Cómo se negocian los beneficios en el Estado? Un ejemplo: si los trabajadores desean un bono de gasolina extra, deben comunicar al organismo competente, usualmente, se trata de un ministerio. Si se tratara de una empresa del Estado, deben enviar su pedido al directorio y éstos a Fonafe. Allí se comenzará a negociar.
Estos dos caminos distintos terminan siempre en el MEF, entidad que decide aprobar o no el incremento salarial. Lo interesante es que, según la Ley de Presupuesto, el Estado debería tener una política de reducción en cargas administrativas. Esto, por supuesto, no se cumple: cada año aumenta el presupuesto nacional.
Otra situación, que linda con la corrupción, ocurre cuando funcionarios que trabajan bajo el Régimen Privado (DL 728), utilizan bienes y servicios para fines personales. Es la historia clásica que nos cuentan siempre: el director de la institución estatal X usa el automóvil para llevar a los hijos al colegio, nunca pasa tarjeta y solo trabaja cuatro horas al día.
Esto sucede en un sistema, el de régimen privado, que opta por no controlar al milímetro a los funcionarios. Entonces el otro sistema, supuestamente más ordenado, el de la ley de Carrera Administrativa (DL 276), debería funcionar mejor, ¿verdad?
Mentira. La realidad es aún peor.
LOS REYES DEL RECURSEO
El régimen de la Carrera Administrativa tenía como idea principio un sistema único de remuneraciones, que con el tiempo podría anexar algunas modificaciones especiales, pero sin atentar contra el espíritu de la ley. Todo bien ordenado.
Pero este cuerpo de leyes se deformó al punto que ahora se da casos como que el 10% del ingreso real proviene de la remuneración básica y un 90% restante se divide en ingresos informales que han logrado los trabajadores a lo largo de los años. ¿Cómo se dan? Desde campañas de salud, fiestas para recaudar fondos, sorteos, cursos y talleres. Esa plata no va al MEF, sino, de frente, a los trabajadores. El sistema único se volvió papel muerto.
Por ejemplo, en las instituciones militares hay partidas presupuestales tan grandes que sus miembros no solo cobran un bono de Cafae sino Subcafae y cada Subcafae es distinto: el Subcafae del Comando Conjunto, del Ejército, de la Marina, etc.
Y, por supuesto, están los miles de funcionarios que todos los días buscan llenar este vacío con actos de corrupción. Otros, terminan complementando ingresos con actividad privada. El funcionario tiene que recursearse.
“Al final, la plata llega sola”, indica Guillermo Miranda, Jefe del Área de Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo. La frase termina siendo ejemplificadora.
LO QUE SE VIENE
Una supuesta gran idea para transparentar la carrera pública fue la creación de Servir, pero, hasta el momento, no ata ni desata.
Servir es una entidad que busca controlar la gestión de los trabajadores públicos, una suerte de gerencia de recursos humanos, como ellos mismos se definen. Este sistema de colocación de gerentes públicos viene desarrollándose con sus sumas y restas, pero en realidad varios funcionarios nos confirmaron a INFOS que no hay voluntad política para proponer cambios reales.
Actual presidente de Servir Juan Carlos Cortés (corbata celeste) junto con gerentes públicos designados para ocupar cargos en el Gobierno Regional de San Martín. (Foto: archivo Servir)
“Si hay que ponerle una nota, sería desaprobatoria”, manifestó uno de los entrevistados para este informe. Entre las observaciones puntuales indican que SERVIR se ha convertido en otro instrumento político que por sí solo no puede garantizar que se haga una reforma laboral, y cuando han querido han estado desprovistas de las herramientas básicas.
Ayer se designó al abogado Juan Carlos Cortés Carcelén como presidente ejecutivo. Cortés es integrante del Consejo Directivo de Servir desde noviembre de 2008 y estuvo encargado de la presidencia desde el pasado 21 de octubre.
En paralelo, el actual gobierno tiene un plan para reconfigurar la reducción de sueldos. A fines de enero el Ejecutivo ya tenía en mente proponer que los cargos técnicos puedan recibir hasta 25 mil soles. Todo bajo la filosofía de recuperar destacados profesionales. Lo más parecido son los ingresos que reciben los asesores de los políticos por medio del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) que rompe el tope salarial. Este régimen no laboral, es una suerte de SNP pero ‘elite’.
Mientras eso pasa en el Ejecutivo, dentro del Ministerio de Trabajo se viene trabajando un borrador para incluir en la reforma de la Ley del Trabajo cambios que irían desde el sinceramiento de ingresos para altos funcionarios hasta la reactivacción de la carrera administrativa (concretamente: eliminación del CAS y SNP).
Pero lo más importante, indica Miranda, se hará algo que ni Toledo ni García se habían propuesto: crear un sistema donde el trabajador gane por sus funciones más allá de categorías o rangos.
Si esto funciona, se dejará de pedir una conducta espartana en la administración pública, un sistema que solo espanta a los mejores funcionarios y nos deja a los reyes del recurseo.
por: Juan Takehara
Periodista. He trabajado para diarios y publicaciones relacionados a la economía, cultura, política, publicidad y marketing. Sígueme en: @fett82
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