EL SICARIATO Y LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL PERU

Sólo en lo que va de los últimos tres años, cerca de seis asesinatos han sido cometidos en nuestra ciudad por sicarios. Una cifra enormemente preocupante. No sólo por lo que significa para la seguridad ciudadana –amenazada más que nunca– sino porque ello es evidencia la presencia de mafias que operan abiertamente en la Ciudad. Además, en ningún caso se ha logrado detener y condenar a los que pagan por estos crímenes

El explosivo crecimiento de esta modalidad criminal llama a alarma. Los sicarios abundan y no sólo por lo baratos que son, sino porque al evidenciarse la impunidad de quienes los contratan, hay mayor interés –entre los delincuentes– en formar parte de estos nefastos y envilecidos batallones de la muerte.

Este fenómeno delictivo y social debe ser enfrentado en sus dos vertientes. Con acción policial enérgica e incorruptible, y con políticas públicas, legislación y campañas para su control, tal como lo están haciendo países vecinos que han padecido y padecen esta lacra que tiene marca de fábrica del narcotráfico. Modalidad nueva en el Perú, Ecuador y Argentina, ha tenido un rebrote en Colombia y una dramática generalización en México, Venezuela y Brasil.

Como señalan los especialistas, el sicariato no puede simplemente analizarse como “homicidio agravado” –categoría legal con la que se califica el delito en naciones que no han desarrollado una legislación o tipificación ad hoc para estos crímenes–, pues así se soslaya la intrínseca relación de la delincuencia común con las mafias y cárteles que, precisamente, se esconden en la individualidad del sicario, a quien protegen con su poder. Trabajar policial, legal y socialmente con una visión de conjunto del problema ayudará a que no adquiera dimensiones insospechadas

El país debe cuidarse de esta espiral de violencia asesina con su impacto en la seguridad pública y en los valores sociales y educativos de convivencia que se enseñan en las escuelas. El tema de la seguridad ciudadana, declarado como prioridad por el presidente Ollanta Humala, debe centrar también aquí su accionar. Sólo así puede darse a la colectividad la garantía que la policía y el Estado no son desbordados por las mafias ni ceden a su chantaje. Está en juego la tranquilidad pública e incluso la gobernabilidad. Porque sin ella, o con ella amenazada –como está–, el desarrollo del país se estanca o atrasa. No debemos permitirlo.

La ciudadanía tiene aquí, como en todo, un papel protagónico y decisivo. El casmeño debe pasar de espectador a actor, con ojos vigilantes y acción directa. Puede colaborar con la policía en la identificación de los sicarios, pues éstos casi siempre llevan a cabo sus crímenes a plena luz del día y sin reparo alguno, justamente porque identifican una actitud pasiva de la gente. Cambiar esta conducta es clave para frenar la ola delincuencial, pues ante una actitud drástica las mafias y el sicariato se contraen. He ahí, pues, una tarea cívica para todos: instruir, persuadir, reflexionar y, llegado el caso, actuar con decisión.