Los Medios y la Democracia
Domingo, 08 de junio de 2014 | 4:30 am
Para mí, el asalto contra los medios que ha ocurrido en Venezuela,
Ecuador, y Nicaragua es indefendible. Cerrar canales de televisión y
radio (Venezuela), crear un clima de autocensura a través de constantes
amenazas y acciones judiciales (Ecuador), o poner casi todas las canales
de televisión en manos de familiares, amigos, y socios políticos
(Nicaragua) viola elementos básicos de la democracia: el derecho a la
libre expresión, el derecho a la información y la competencia justa.
Estos abusos les han dado a los gobiernos de Maduro, Correa, y Ortega
enormes ventajas sobre sus rivales –violando cualquier principio
democrático–.
Utilizar el Estado para silenciar a los críticos y reducir el espacio para la oposición son actos autoritarios que una izquierda que se considera democrática debe rechazar.
Pero los que denunciamos los ataques contra los medios en Ecuador y Venezuela debemos reconocer dos cosas. Primero, los gobiernos de izquierda no tienen monopolio sobre estos ataques. Según Freedom House, una ONG norteamericana, las violaciones de la libertad de expresión bajo gobiernos de derecha en Colombia, Guatemala, Paraguay, y Honduras son iguales o peores que las de Nicaragua y Ecuador. En Honduras, trece periodistas y un dueño de un canal de televisión fueron asesinados entre 2010 y 2013, un nivel de represión aún peor que en Venezuela.
Segundo, si el comportamiento de Chávez o Correa hacia los medios ha sido claramente antidemocrático, el comportamiento de los medios privados –sobre todo cuando están concentrados en pocas manos– también puede dañar a la democracia.
La izquierda tiene razón: en muchos países latinoamericanos, los medios no solo están concentrados sino alineados políticamente con fuerzas conservadores, y en contra de fuerzas progresistas o de extracción popular.
En Brasil, por ejemplo, los medios más influyentes, como TV Globo y Veja, son anti-PT.
En México, los dos empresas televisas de importancia, Televisa y TV Azteca, se alinean contra del partido de centro-izquierda, el PRD.
En Chile, el periódico más grande (El Mercurio) y varios canales de televisión (Chilevisión, Megavisión) son de derecha. El único periódico de centro-izquierda (El Mostrador) se publica solo en internet.
En Venezuela, los medios más importantes se alinearon contra Chávez en la elección de 1998, buscaron su caída entre 1999 y 2002 y apoyaron el golpe de 2002.
En Guatemala y El Salvador, todos los periódicos importantes son de derecha. (El Salvador tiene un periódico progresista, El Faro, pero solo se encuentra en internet).
En el Perú, los medios están concentrados en manos del Grupo El Comercio, y su parcialización –a favor de la derecha– ha sido evidente. El presidente Humala tuvo razón cuando describió la situación como “una vergüenza”.
La concentración y la parcialización de los medios generan problemas para la democracia. El acceso a información y la competencia justa son elementos básicos de la democracia liberal. Los ciudadanos deben tener acceso a diversas fuentes de información, y los candidatos deben competir bajo condiciones mínimamente equitativas. Si los medios dominantes informan sobre un lado pero no el otro, o si juegan a favor de solo un candidato o partido, se violan normas básicas de la democracia.
Cuando esa desigualdad es producto del abuso gubernamental, como en Ecuador y Venezuela. Los demócratas liberales lo denunciamos con fuerza (y con razón). Pero cuando es producto de la concentración y politización de los propios medios privados, solemos callarnos en nombre de la libertad. Es un error. Tolerar la desigualdad política en nombre de antiestatismo o laissez faire no es liberalismo. Es conservadurismo.
Los costos de la concentración y politización de los medios se ven en el caso peruano. En momentos importantes, los medios dominantes –sobre todo el Grupo Comercio– han limitado el acceso de los peruanos a la información: (1) la decisión de no tocar seriamente el caso de los petroaudios en el 2008; (2) la decisión de no informar sobre aspectos claves de la campaña presidencial de 2011, como el rol jugado por Alberto Fujimori desde Diroes; (3) la decisión de despedir a Rosa María Palacios (de Canal 4) y Patricia Montero y Laura Puertas (de Canal N) en 2011. Y la parcialización de los medios durante las elecciones de 2011 –generando una competencia desigual a favor de Keiko Fujjimori– fue una vergüenza.
No me preocupa mucho la oposición de los medios al gobierno de Humala. El rol principal de la prensa es vigilar y controlar al gobierno de turno. Una prensa que investiga, critica y denuncia al gobierno está haciendo su trabajo.
Lo que me preocupa es la concentración de medios bajo un futuro gobierno de derecha (un escenario cada vez más probable). Si los grandes medios se alinean con el gobierno, ¿quiénes lo van a vigilar y controlar? ¿De dónde vendrá la investigación y la denuncia? ¿Qué quedará del derecho a la información? El caso de los Petroaudios y la campaña de 2011 demostraron que el Grupo El Comercio no es una fuente confiable de información. Tener un grupo mediático dominante y parcializado en la oposición es desagradable; tenerlo en el poder es peligroso.
Mantener el pluralismo mediático requiere acción estatal. Casi todas las democracias establecidas regulan a los medios para evitar los monopolios y garantizar el pluralismo. Y en algunas, el Estado garantiza un mínimo de equidad mediática durante las campañas electorales. En México, por ejemplo, el Instituto Federal Electoral obliga a los canales de televisión dar una cobertura equitativa a los partidos principales. Y funciona: Televisa y TV Azteca siguen siendo anti-izquierda, pero la izquierdista PRD recibe un tratamiento más o menos durante las campañas electorales.
El gobierno peruano no puede regular a los medios de una manera unilateral. Hay demasiado riesgo de politización o manipulación de la ley con fines políticas. El riesgo de crear mecanismos de regulación mediática es que pueden ser abusados por el gobierno para silenciar a sus críticos, como ha ocurrido en Venezuela y Ecuador. En estos casos, el remedio ha sido peor que la enfermedad.
Pero hay alternativas. La regulación puede ser producto de negociaciones multipartidarias, como en México. Cuando la regulación surge del consenso multipartidario, es más probable que haya candelas institucionales para evitar el control gubernamental. O el diseño de la regulación podría ser delegado a una comisión de notables con amplia confianza ciudadana y conocido compromiso con la libertad de prensa y la empresa privada. ¿Por qué no una Comisión Vargas Llosa?
Steven Levitsky es un destacado politólogo con estudio en Ciencias Políticas por la Universidad de Stanford (1990) y un doctorado en la Universidad de Berkeley, California (1999).
Desde mayo de 2008, es profesor titular de las asignaturas de Government y Social Studies en Harvard University.
Se desempeña como consejero de dos organizaciones de estudiantes en Harvard University: la Organización de Harvard para América Latina, y el Proyecto de Harvard para el Desarrollo Sostenible; y, además, ejerce de Consejo Consultivo de la Asociación Civil POLITAI, dedicada a la investigación en Ciencia Política y Gobierno, conformada por estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Utilizar el Estado para silenciar a los críticos y reducir el espacio para la oposición son actos autoritarios que una izquierda que se considera democrática debe rechazar.
Pero los que denunciamos los ataques contra los medios en Ecuador y Venezuela debemos reconocer dos cosas. Primero, los gobiernos de izquierda no tienen monopolio sobre estos ataques. Según Freedom House, una ONG norteamericana, las violaciones de la libertad de expresión bajo gobiernos de derecha en Colombia, Guatemala, Paraguay, y Honduras son iguales o peores que las de Nicaragua y Ecuador. En Honduras, trece periodistas y un dueño de un canal de televisión fueron asesinados entre 2010 y 2013, un nivel de represión aún peor que en Venezuela.
Segundo, si el comportamiento de Chávez o Correa hacia los medios ha sido claramente antidemocrático, el comportamiento de los medios privados –sobre todo cuando están concentrados en pocas manos– también puede dañar a la democracia.
La izquierda tiene razón: en muchos países latinoamericanos, los medios no solo están concentrados sino alineados políticamente con fuerzas conservadores, y en contra de fuerzas progresistas o de extracción popular.
En Brasil, por ejemplo, los medios más influyentes, como TV Globo y Veja, son anti-PT.
En México, los dos empresas televisas de importancia, Televisa y TV Azteca, se alinean contra del partido de centro-izquierda, el PRD.
En Chile, el periódico más grande (El Mercurio) y varios canales de televisión (Chilevisión, Megavisión) son de derecha. El único periódico de centro-izquierda (El Mostrador) se publica solo en internet.
En Venezuela, los medios más importantes se alinearon contra Chávez en la elección de 1998, buscaron su caída entre 1999 y 2002 y apoyaron el golpe de 2002.
En Guatemala y El Salvador, todos los periódicos importantes son de derecha. (El Salvador tiene un periódico progresista, El Faro, pero solo se encuentra en internet).
En el Perú, los medios están concentrados en manos del Grupo El Comercio, y su parcialización –a favor de la derecha– ha sido evidente. El presidente Humala tuvo razón cuando describió la situación como “una vergüenza”.
La concentración y la parcialización de los medios generan problemas para la democracia. El acceso a información y la competencia justa son elementos básicos de la democracia liberal. Los ciudadanos deben tener acceso a diversas fuentes de información, y los candidatos deben competir bajo condiciones mínimamente equitativas. Si los medios dominantes informan sobre un lado pero no el otro, o si juegan a favor de solo un candidato o partido, se violan normas básicas de la democracia.
Cuando esa desigualdad es producto del abuso gubernamental, como en Ecuador y Venezuela. Los demócratas liberales lo denunciamos con fuerza (y con razón). Pero cuando es producto de la concentración y politización de los propios medios privados, solemos callarnos en nombre de la libertad. Es un error. Tolerar la desigualdad política en nombre de antiestatismo o laissez faire no es liberalismo. Es conservadurismo.
Los costos de la concentración y politización de los medios se ven en el caso peruano. En momentos importantes, los medios dominantes –sobre todo el Grupo Comercio– han limitado el acceso de los peruanos a la información: (1) la decisión de no tocar seriamente el caso de los petroaudios en el 2008; (2) la decisión de no informar sobre aspectos claves de la campaña presidencial de 2011, como el rol jugado por Alberto Fujimori desde Diroes; (3) la decisión de despedir a Rosa María Palacios (de Canal 4) y Patricia Montero y Laura Puertas (de Canal N) en 2011. Y la parcialización de los medios durante las elecciones de 2011 –generando una competencia desigual a favor de Keiko Fujjimori– fue una vergüenza.
No me preocupa mucho la oposición de los medios al gobierno de Humala. El rol principal de la prensa es vigilar y controlar al gobierno de turno. Una prensa que investiga, critica y denuncia al gobierno está haciendo su trabajo.
Lo que me preocupa es la concentración de medios bajo un futuro gobierno de derecha (un escenario cada vez más probable). Si los grandes medios se alinean con el gobierno, ¿quiénes lo van a vigilar y controlar? ¿De dónde vendrá la investigación y la denuncia? ¿Qué quedará del derecho a la información? El caso de los Petroaudios y la campaña de 2011 demostraron que el Grupo El Comercio no es una fuente confiable de información. Tener un grupo mediático dominante y parcializado en la oposición es desagradable; tenerlo en el poder es peligroso.
Mantener el pluralismo mediático requiere acción estatal. Casi todas las democracias establecidas regulan a los medios para evitar los monopolios y garantizar el pluralismo. Y en algunas, el Estado garantiza un mínimo de equidad mediática durante las campañas electorales. En México, por ejemplo, el Instituto Federal Electoral obliga a los canales de televisión dar una cobertura equitativa a los partidos principales. Y funciona: Televisa y TV Azteca siguen siendo anti-izquierda, pero la izquierdista PRD recibe un tratamiento más o menos durante las campañas electorales.
El gobierno peruano no puede regular a los medios de una manera unilateral. Hay demasiado riesgo de politización o manipulación de la ley con fines políticas. El riesgo de crear mecanismos de regulación mediática es que pueden ser abusados por el gobierno para silenciar a sus críticos, como ha ocurrido en Venezuela y Ecuador. En estos casos, el remedio ha sido peor que la enfermedad.
Pero hay alternativas. La regulación puede ser producto de negociaciones multipartidarias, como en México. Cuando la regulación surge del consenso multipartidario, es más probable que haya candelas institucionales para evitar el control gubernamental. O el diseño de la regulación podría ser delegado a una comisión de notables con amplia confianza ciudadana y conocido compromiso con la libertad de prensa y la empresa privada. ¿Por qué no una Comisión Vargas Llosa?
Steven Levitsky es un destacado politólogo con estudio en Ciencias Políticas por la Universidad de Stanford (1990) y un doctorado en la Universidad de Berkeley, California (1999).
Desde mayo de 2008, es profesor titular de las asignaturas de Government y Social Studies en Harvard University.
Se desempeña como consejero de dos organizaciones de estudiantes en Harvard University: la Organización de Harvard para América Latina, y el Proyecto de Harvard para el Desarrollo Sostenible; y, además, ejerce de Consejo Consultivo de la Asociación Civil POLITAI, dedicada a la investigación en Ciencia Política y Gobierno, conformada por estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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